Maestros y profesores bajo fuego en Ecuador: crecen los casos de secuestro y extorsión en las aulas

A la quinta hora de encierro, Julio —su nombre es ficticio por seguridad— rompió en llanto. Es maestro de una escuela pública en la costa ecuatoriana, había tratado de mantenerse sereno desde el momento en que le dijeron que estaba secuestrado y que pensara con quién negociaría su libertad. Pero él sabía que lo que realmente estaba en juego no era un rescate: era su vida.

Los captores buscaban acceder a la aplicación bancaria en su teléfono. Julio les explicó que solo podía desbloquearse con su huella digital, pero ellos no le creyeron. Insistieron en que les diera una contraseña. Entonces trajeron una sierra eléctrica, la encendieron frente a él y le lanzaron una amenaza que aún lo persigue:

—Si se abre con la huella, entonces nos quedamos con toda la mano.

En ese momento, Julio lloró. Luego vinieron los golpes, mientras la motosierra rugía una y otra vez como un ritual de intimidación.

—Supliqué. Les dije que podía mostrarles cómo funcionaba. Al final, aceptaron —recuerda hoy, aun con miedo.

Julio pasó casi 24 horas encerrado en una vivienda clandestina, en una zona rural cerca del Pacífico. Sobrevivió, pero no denunció. Como él, decenas de maestros ecuatorianos callan. Tienen razones para hacerlo. “Dijeron que tenían contactos en el sistema judicial. Que si yo hablaba, ellos se iban a enterar”, explica. Julio sospecha que los responsables son estudiantes de su propio colegio. “Hay chicos que no aprovechan los estudios, pero sí se pavonean en clase diciendo que pertenecen a una banda. Hablan del patrón, hacen señas, se sienten intocables.”

La violencia ya no solo merodea las calles de Ecuador, se ha instalado en las aulas de las ciudades donde las bandas delictivas disputan una guerra por el control del territorio para el tráfico de drogas. Entre 2023 y 2024, la Unión Nacional de Educadores (UNE) registró 500 denuncias de maestros de escuelas públicas por delitos como intimidación, amenazas, extorsión, violencia psicológica y secuestro. Solo en los primeros tres meses del ciclo escolar de 2025 se han sumado otras 200 denuncias. En total, 700 casos en menos de dos años. Y se teme que sean muchos más.

Los registros oficiales del Ministerio de Educación muestran cifras menores: 179 denuncias en lo que va de 2025, de las cuales 119 son por extorsión y siete por secuestro. Tres maestros han sido asesinados bajo la modalidad de sicariato, y sus casos están en investigación. Más de la mitad de estos hechos ocurrieron en una sola ciudad: Durán, considerada hoy la más violenta de Latinoamérica. Ante las amenazas, 108 docentes han sido reubicados.

“Si tomamos estos casos y que hay 215.000 docentes en el sistema educativo, hablamos de un 0,01%”, anota Gustavo Ayala, ministro de Educación encargado. “Así sea un caso, nos preocupa, pero no es una emergencia”, añade.

La UNE discrepa. La organización ha pedido declarar una emergencia nacional en el sistema educativo. “Ser maestro se ha convertido en un oficio de alto riesgo”, advierte Andrés Quishpe, presidente de la UNE, sobre todo con uno de los últimos casos que trascendió el anonimato de una profesora que fue secuestrada, entre los captores estaba alias Satanás, un joven de 20 años que fue su estudiante en el secundario. El sindicato cree que las bandas criminales buscan controlar los centros educativos para mover droga y reclutar menores.

Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo sostiene que al menos uno de cada diez menores acepta ser parte de una banda. El propio Gobierno ha reconocido el fenómeno y creó un comité interinstitucional para prevenir la captación de niños y adolescentes por las mafias, pero al mismo tiempo propuso el incremento de penas en delitos cometidos por menores de edad para ser juzgados como adultos.

Las cifras de la situación de los maestros y profesores son apenas la superficie. La mayoría prefiere guardar silencio, sobre todo desde el asesinato de tres de ellos en los últimos meses. Julio volvió al aula, pero ya no es el mismo. Enseña con miedo, mirando de reojo, esperando que nadie vuelva por él. En su escuela, otros dos docentes han sido secuestrados. Tampoco lo denunciaron.

Algunas escuelas se han convertido en un territorio de riesgo. Las bandas no solo ven en los profesores figuras de autoridad, también los identifican como obstáculos que deben remover para operar con libertad. “Cuando los docentes tratan de frenar el microtráfico o intervenir en el comportamiento de ciertos alumnos, las amenazas se intensifican”, explica Quishpe. Por eso propone declarar la emergencia en el sistema, no para cerrar escuelas, sino para reconocer que el problema excede sus paredes, empieza en las calles y en los hogares.

Violencia y narcotráfico

Dar clases en muchas zonas del país se ha convertido en un ejercicio de negociación constante. “Hay que ser sutil con ciertos estudiantes que comentan abiertamente que son parte de una banda. Tienen problemas serios con la autoridad. A veces tengo que pedirles por favor que me dejen dar la clase”, dice Julio. El temor es latente también entre los estudiantes que sí tienen interés en aprender. “He llegado al aula y hay un fuerte olor a droga, y al preguntar nadie dice nada. Los chicos por temor han comenzado a normalizar el silencio y el consumo de drogas, porque lo ven dentro y fuera del colegio”, agrega.

Las cifras del Ministerio de Educación dibujan un panorama más optimista. “El consumo de drogas en los colegios ha disminuido en un 61%”, afirma el ministro Ayala. El dato contrasta con lo que ocurre fuera de las aulas, donde cada año se incautan cantidades récord de estupefacientes en las calles.

Desde la cartera educativa aseguran haber reforzado la seguridad escolar con el plan Nos cuidamos, que contempla programas pedagógicos, botones de alerta conectados con la Policía y mesas técnicas con participación docente. “Hay que evitar que la violencia de la sociedad se traslade a las aulas”, insiste Ayala. Según el ministro, también han caído otros indicadores como el acoso escolar, que se habría reducido en un 48% entre 2023 y 2024, y las cifras preliminares de 2025 apuntan a una tendencia a la baja.

En el barrio Isla Trinitaria, uno de los más conflictivos de Guayaquil, Hilario Beltrán lleva 30 años enseñando en una escuela primaria levantada con la autogestión del vecindario. Alambres de púas coronan los muros y hay grafitis de bandas criminales en algunas paredes. Pero adentro, los niños —acostumbrados a convivir con la violencia— aún conservan las ganas de aprender.

“Desde el inicio, los padres se involucraron en cuidar la escuela. Eso ha blindado al colegio frente al caos del barrio”, dice el maestro. En ese centro, la escena es distinta, los alumnos llegan de la mano de un adulto y cuando estallan las balaceras, la escuela se convierte en refugio. ”He visto a exalumnos metidos en las pandillas, pero la escuela sigue siendo intocable”, afirma Beltrán con orgullo. Cree que la clave está en eso: que las familias sientan que la escuela también les pertenece.

Mientras tanto, Julio sigue enseñando. Lo hace con miedo, con la espalda tensa y la mirada siempre en alerta. Persiste la incertidumbre sobre cómo puede escalar la violencia en las escuelas.