El arresto de un exministro de Seguridad requerido por la DEA eleva la tensión política en Costa Rica

El histórico arresto del exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa y su probable extradición a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico internacional han elevado en el país centroamericano las tensiones entre poderes del Estado, por las posibles responsabilidades en torno a la expansión del crimen organizado y ola de violencia homicida desatada en los últimos cinco años.

Gamboa era hasta este lunes coordinador y asesor de organizaciones narcotraficantes ligadas al Clan del Golfo, el Cartel de Sinaloa y grupos colombianos, según el informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) publicado parcialmente por la prensa local durante esta semana. El abogado fue detenido esta semana al salir de la casa de un cliente en San José, unas horas después de la captura de un presunto socio suyo conocido bajo el alias Pecho de rata en un pueblo del sur de la costa del Caribe.

El conocimiento de los recovecos de las leyes, de los pasillos judiciales y supuestos contactos con autoridades policiales, así como su arraigo en la provincia caribeña de Limón, permitieron a Gamboa convertirse en una pieza central para el trasiego de drogas en Costa Rica desde 2020, de acuerdo con la información revelada como parte de la solicitud de extradición de un juzgado en Dallas, Texas. Gamboa, de 49 años, habría aprovechado la experiencia obtenida en su meteórica carrera de altos cargos entre 2010 y 2018: fiscal en Limón, viceministro de Presidencia, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), ministro de Seguridad, fiscal general adjunto y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su polémica vida política acabó en 2018 al ser destituido de la magistratura por la Asamblea Legislativa bajo sospechas de corrupción, pero seguía siendo un nombre público.

Frecuentes publicaciones en redes sociales sobre asuntos de seguridad y comentarios elogiosos al Gobierno de Rodrigo Chaves se combinaban con noticias en medios nacionales sobre su participación con un equipo de fútbol profesional nacido en 2022 en Limón, en coincidencia con el señalamiento de la DEA sobre un supuesto lavado de dinero mediante un proyecto deportivo en esa provincia. También aparecía ocasionalmente como abogado en mediáticos casos de narcotráfico y otros asuntos noticiosos del ámbito político y deportivo.

El señalamiento más polémico del reporte policial de Estados Unidos apunta al Gobierno de Chaves, pues recoge una conversación de Gamboa de septiembre de 2023 en la que él asegura tener facilidades para garantizar el ingreso de cocaína al país. “El señor Gamboa Sánchez les dijo a CS-1 y CS-2 [fuentes confidenciales], que el Gobierno concede a la DTO [organización de tráfico de drogas] el acceso para que los cargamentos de cocaína ingresen al país”, se lee en el extracto del informe publicado en medios.

Chaves rechazó cualquier relación entre su Gobierno y Gamboa, a pesar de las numerosas acusaciones de grupos políticos opositores que lo culpan de haber facilitado las condiciones a grupos narcotraficantes. El miércoles, junto a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el mandatario calificó como “vergüenza” la captura de Gamboa y subrayó el pasado del sospechoso en gobiernos anteriores con distintos partidos políticos. Ese mismo día, se manifestó en X la expresidenta Laura Chinchilla, en cuyo Gobierno (2010-2014) el ahora sospechoso ocupó varios cargos en el área de seguridad: “Esta semana ha sido convulsa para Costa Rica, pero las implicaciones son positivas para nuestro Estado de derecho… Nadie está por encima de la ley. Todos deberán rendir cuentas por igual, adentro o fuera del país".

El actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien compartió con Gamboa como parte de la administración Chinchilla, dijo que investigará los procedimientos del Servicio Nacional de Guardacostas hasta 2023, en alusión a un director que fue destituido y se convirtió en crítico del Gobierno de Chaves.

“No conozco a Celso. Nunca he hablado con él”, “este es el fin de la fiesta de los narcos” y “muchos están perdiendo el sueño” son algunas de las frases que dio Chaves ante la posibilidad de que el abogado delate a otras personas. Un día después, Jorge Torres, director de la DIS (órgano bajo autoridad de la Presidencia), dijo ante una comisión legislativa que, cuando fue ministro de Seguridad (2022-2023), recibió en su despacho a Celso Gamboa acompañado de dos hombres que ahora están detenidos como sospechosos de narcotráfico. Se trata de unos hermanos de apellido Estupiñán, de origen colombiano, que estuvieron ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Supuestamente, Gamboa le propuso dar información sobre otro conocido capo local de la droga, alias Diablo (por quien la DEA ofrece 500.000 dólares de recompensa), a cambio de frenar la persecución a otro posible narcotraficante, informó el medio CRHoy, al que Chaves suele señalar como adversario. Torres, quien advirtió a diputados que muchos en el ambiente político conocen a Gamboa y que hay “un Celso de antes y un Celso después” dijo que avisó a Chaves sobre esa reunión y este le pidió evitar más contacto con él.

La caída de Celso Gamboa también ha alimentado el enfrentamiento que mantiene el mandatario con el Poder Judicial, al que ahora cuestiona por no haber procesado antes al abogado. El director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, en contrasentido, asegura que todo se ha hecho de manera estratégica en conjunto con la DEA y apuntó a lazos impropios de miembros del Ejecutivo: “[Gamboa] tiene una relación muy, muy estrecha con un asesor del presidente de la República, son amigos inclusive, y también tiene otra relación muy directa con un ministro del actual gabinete”, dijo Zúñiga a un medio digital llamado Portavoz. La Presidencia calificó esas declaraciones como “chismes” al subrayar que no dio nombres específicos.

El jefe de la Policía Judicial explicó que Gamboa está preso en una cárcel de máxima seguridad por al menos dos meses, aunque el sospechoso pidió traslado a otra prisión porque considera que corre peligro donde está, mientras avanza el proceso de extradición. Sería la primera vez que Costa Rica extradita a un nacional, gracias a una reforma constitucional aprobada en mayo en la Asamblea Legislativa por impulso de la bancada oficialista, aunque desde 2016 se barajaba esta posibilidad, como lo prueba una publicación de Gamboa en ese año, cuando era magistrado de la Sala Penal: “Debe permitirse la extradición de costarricenses, pues en la lucha contra la delincuencia no debe ser óbice la nacionalidad del delincuente”.

Costa Rica marcó en 2023 el año más sangriento de su historia, con una tasa de homicidios de 17,2 por cada 100.000 habitantes, el doble de lo registrado una década atrás. Las autoridades atribuyen más del 70% de esos homicidios a la lucha entre grupos narcotraficantes por el control de rutas y mercado interno. Aunque en 2024 los asesinatos se redujeron levemente, la cifra de muertes por violencia armada en el primer semestre de 2025 (438 hasta el 27 de junio), apunta a un posible aumento interanual.