Condenados tres antiguos mandos militares de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante la guerra civil

Cuarenta y tres años después del asesinato de los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse y Hans ter Laag, un tribunal salvadoreño ha condenado a tres ex altos mandos militares y al Estado por el crimen ocurrido durante la guerra civil el 17 de marzo de 1982.

Los condenados son el exministro de Defensa José Guillermo García de 91 años; el exdirector de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán, de 93 años; y el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantereía, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, de 85 años. Todos recibieron una pena de 15 años de prisión. La jueza encargada del caso ha condenado también al Estado salvadoreño por retardar la justicia por lo que deberá haber un pronunciamiento público de las autoridades.

De los tres militares condenados, García y Morán ya se encuentran en prisión desde 2022, pero se mantienen alojados en un hospital por problemas de salud. Reyes Mena sigue siendo prófugo de la justicia aunque una publicación periodística reveló que vive en Centerville, Virginia, en Estados Unidos. En 1982, al momento de los hechos, Reyes Mena era comandante de la Cuarta Brigada de Infantería en la que se planificó la emboscada y de donde salió el el batallón que perpetró la masacre.

De acuerdo con la verdad histórica recopilada por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz en 1992, los periodistas se dirigían a realizar un reportaje en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador, cuando fueron emboscaados y asesinados. Además de los periodistas, también fueron asesinados cuatro guerrilleros que les servían de guías, entre ellos un niño de 12 años. La Fundación Comunicándonos, que ha liderado la lucha por alcanzar la justicia asegura que los periodistas fueron objeto de seguimiento y acoso por parte de las autoridades desde su llegada. “Se ha demostrado que el asesinato fue una acción deliberada, premeditada y planificada por Altos Mandos militares, ejecutada por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada para silenciar a periodistas e intentar acallar la prensa libre”, señaló en una nota la fundación.

La sentencia es un hecho histórico ya que es el primer caso de lesa humanidad en ser condenado en El Salvador tras el fin de la guerra. El informe De la locura a la esperanza, realizado por la Comisión de la Verdad, compila 32 casos ejemplares de violencia sistemática perpetrados por la guerrilla y el Ejército. El de los periodistas holandeses es uno de ellos.

El caso había permanecido congelado ya que tras la publicación del informe, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley de amnistía general que protegió a los culpables. Sin embargo, esa ley fue abolida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2016. A partir de ese año, la Fiscalía salvadoreña abrió varias causas penales por delitos de lesa humanidad. En 2018, los familiares de los cuatro periodistas interpusieron una demanda anta las autoridades salvadoreñas y en 2022 un juzgado ordenó la captura los acusados.

“Las familias de los periodistas, el pueblo salvadoreño y el pueblo de los Países Bajos reciben hoy una señal clara de que la verdad y la justicia son posibles, incluso cuando han sido sistemáticamente ocultadas y negadas por más de cuatro décadas”, añade la publicación de Comunicándonos.

La impunidad continúa en los otros casos

El informe de la Comisión de la Verdad recoge 32 casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra civil; sin embargo, en total recibió 13.569 denuncias. Algunas de ellas fueron publicadas por una alianza de medios en El Salvador.

Desde que la justicia salvadoreña derogó la Ley de Amnistía General en 2016, la Fiscalía ha abierto varias investigaciones sobre masacres cometidas durante el conflicto armado y creó una unidad especializada para ello. Sin embargo casi ninguno ha prosperado en los tribunales.

Entre los casos judicializados figura la masacre de El Mozote, la más grande registrada en América Latina, ocurrida el 11 de diciembre de 1981, cuando militares asesinaron a casi 1.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. En este caso, uno de los mayores impedimentos para llegar a la justicia ha sido que todos los Gobiernos, incluyendo dos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la extinta guerrilla, se han negado a abrir los archivos militares en los que puede haber información relevante.

El presidente Nayib Bukele también se comprometió públicamente en varias ocasiones con las víctimas de El Mozote y aseguró que abriría los archivos militares. “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”, dijo apenas cinco meses después de llegar al poder. Pero más tarde olvidó aquella promesa y negó el acceso al juez al recinto del Estado Mayor, alegando un complot en su contra, sin presentar ninguna prueba de ello. Al año siguiente, en 2021, destituyó al juez que había llevado por años la causa, encargándolo a una nueva jueza que ha paralizado el proceso.

La Fuerza Armada ha impedido a lo largo de 40 años el acceso a sus archivos de guerra y ningún presidente ha sido capaz de ordenarles lo contrario. En el caso del FMLN, uno de sus dirigentes llegó a decir que temieron un golpe de Estado si institían en condenar a los mandos militares o en prohibir el homenaje a altos mandos señalados como violadores de derchos humanos.

En el caso de Bukele, el Ejército es un elemento clave para su gobernabilidad ya que desde hace tres años en El Salvador impera un estado policial y militarizado con la excusa de combatir a las pandillas. La condena por los cuatro periodistas holandeses señala que el comandante general de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente Bukele, deberá pedir disculpas en público. Queda por ver si accederá a cumplir la sentencia.