El chavismo convoca a elecciones de alcaldes para el 27 de julio

En menos de dos meses, Venezuela vuelve a tener elecciones. Las votaciones para renovar las alcaldías y concejos municipales fueron convocadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 27 de julio, casi un año después de las últimas presidenciales. Esa votación profundizó la crisis política que sufre el país sudamericano: las autoridades no mostraron resultados verificables, la oposición denunció un fraude y Nicolás Maduro fue juramentado para un tercer período sin tener reconocimiento internacional.

Las votaciones para elegir alcaldes y concejos municipales se darán en un ambiente de enorme desconfianza y baja disposición a participar, como el que precedió a las de gobernadores y parlamentarios realizadas a finales de mayo. El chavismo hace todo lo posible por pasar la página de las elecciones del 28 de julio, sobre las que el sector mayoritario de la oposición, con María Corina Machado a la cabeza, mantiene un reclamo de fraude respaldado por el más del 80% de las copias de las actas oficiales. Maduro intenta avanzar en lo político, mientras lo económico se complica por la aceleración de la inflación y la reducción de los ingresos producto de la revocación de las licencias a Chevron y otras empresas.

Machado convocó a la abstención en las regionales y parlamentarias y la bajísima participación fue interpretada como una victoria por sus dirigentes. Pero también tuvo otro efecto. Todas las gobernaciones, excepto la del pequeño Estado llanero de Cojedes, quedaron en manos de dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Otro grupo de dirigentes opositores, con otra posición respecto a la línea de Machado, como Henrique Capriles Radonski, Stalin González, Luis Emilio Rondón, entre otros, decidió participar y se quedó con apenas 11 de los 285 curules de la Asamblea Nacional. Juramentados los ganadores todavía quedan dudas sobre cómo se hizo la adjudicación de esos cargos porque no se corresponde con la distribución de votos informada por las autoridades. Capriles y su grupo argumentaron que sería un desafío al Gobierno de Maduro y una manera de defender espacios frente al control total del chavismo. Los nuevos diputados deberán asumir en enero de 2026, para lo que todavía faltan seis meses de incertidumbre.

El CNE aseguró que en los comicios de mayo participó el 43,18% de los “electores activos” del Registro Electoral, aunque los colegios de votación lucieron bastantes desolados ese domingo. Es primera vez que las autoridades usan el término de “electores activos” y no han explicado a qué está condicionado. Los resultados de estos comicios se han presentado de forma general y no fueron desagregados por mesa, una práctica que repite el CNE desde las presidenciales del año pasado —de las que todavía se desconocen los resultados oficiales, una omisión que las autoridades argumentan bajo un supuesto un ataque informático—y que también hizo en el referéndum sobre el Esequibo en 2023.

Estas nuevas elecciones comienzan con fallas. Igual que las de gobernadores se celebran de forma anticipada y en esta ocasión las fases del proceso están aún más atropelladas. La fecha de corte para el registro de nuevos votantes es este mismo miércoles cuando se ha anunciado la fecha en que se acudirá a las urnas. Con apenas una semana, los partidos políticos tendrán que armar sus candidaturas, lo que hace cuesta arriba una amplia participación. Entre el 9 y el 13 de junio, la próxima semana, estarán abiertas las postulaciones para las 336 alcaldías y sus concejos municipales que suman más de mil cargos.

Los comicios municipales tampoco estarán exceptos de inhabilitados. El año pasado doce alcaldes opositores electos recibieron el veto de la Contraloría para participar en procesos electorales por 15 años. Fue una manera de castigar el respaldo que dieron a Edmundo González Urrutia en la campaña presidencial. Después del 28 de julio, siguió la persecución contra dirigentes locales y las autoridades encarcelaron a siete alcaldes en distintas regiones del país, incluido el de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad más grande de Venezuela, ubicada al occidente. Al caso de Ramírez ha seguido la detención de otros 8 alcaldes del Estado de Zulia, vinculados por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, a una supuesta trama de narcotráfico.