Bolivia entra al club sudamericano de los países con mayor inflación

Luego de una década de tener la inflación más baja de Sudamérica, Bolivia ha sufrido un notorio cambio de posición en los cuadros estadísticos: hoy es uno de los tres países con más inflación de la región, detrás de Venezuela y Argentina. Hasta abril, la inflación interanual general fue de 15% y la de alimentos, de 24%.

Como los bolivianos estaban acostumbrados a la estabilidad de precios, el impacto de este desplazamiento en su psicología ha sido duro. El alza de precios es la principal causa por la que, según las encuestas, el 87% de la población quiere “ir en una dirección muy distinta a la que nos ha llevado el gobierno de Luis Arce”. También tiene un peso fundamental en el desplome del presidente boliviano en los sondeos de intención de voto en las elecciones de agosto. Al mismo tiempo, los candidatos de oposición tratan de destacar entre sí con sus diferentes propuestas para “meter de nuevo el monstruo de la inflación en su cueva”.

La economía boliviana se quedó literalmente “sin gas” en 2022, cuando la producción del hidrocarburo del que había vivido con éxito los 16 años anteriores se redujo a la mitad y el país se convirtió en importador de combustibles. Esto terminó de colapsar sus reservas de divisas, que ya venían en declive. Llegaron a prácticamente cero en febrero de 2023.

La falta de dólares empujó el precio de la divisa hacia arriba, pero Arce decidió no devaluar, supuestamente para no desatar la inflación. Entonces apareció un mercado cambiario informal en el que el dólar cuesta el doble que el tipo de cambio oficial. “El Gobierno está usando monedas virtuales para atender a sus compras internacionales esenciales; esto ha presionado sobre el tipo de cambio, que se había estabilizado en 12,5 bolivianos y ahora está por encima de 15 [mientras el precio oficial es de 6,96 bolivianos por dólar]”, explica el economista de la Universidad Católica Juan Antonio Morales. Las monedas virtuales son un eufemismo para decir “dólares a precio de mercado”, pues al final es con ellos que estas monedas se canjean. Si el Gobierno compra estos dólares, se vuelven más escasos y el tipo de cambio “paralelo” sube.

Según el especialista, el mayor nivel de devaluación de la moneda está elevando los precios de dos formas: hace subir los bienes importados, por un lado, y también tiene un impacto sobre los alimentos producidos en Bolivia, que se han abaratado en dólares y están saliendo a los países vecinos como exportaciones ilegales. Los ganaderos, por ejemplo, han informado de la acumulación de cantidades inusuales de reses faenadas en las ciudades fronterizas del país. En respuesta, el Gobierno ha prohibido la exportación de carne, causando reclamos del sector, pero no ha podido detener el llamado “contrabando al revés”, es decir, el que sale ilegalmente a Perú, Brasil y Argentina. Este fenómeno acusa escasez interna de alimentos y, en un último paso, el precio de estos, en bolivianos, sube, aunque sigan siendo todavía más baratos en dólares cuando llegan a mercados extranjeros.

El ”contrabando a la inversa” más rentable es el de gasolina, cuyo precio se ha mantenido subvencionado. Este combustible cuesta un tercio que en los países vecinos. Se estima que las exportaciones ilegales ascienden a unos 1.000 millones de dólares anuales, una suma que representa una pérdida directa para el Estado.

A la devaluación de la moneda se suma, según Juan Antonio Morales, “políticas fiscales y monetarias muy expansionistas. El gasto público de 2024 y el de este año electoral se han mantenido altos. Y los déficits que generan han sido financiados con emisión monetaria”. El resultado final: mayor demanda y, por tanto, alza de precios.

Aunque las quejas por la situación se escuchan también en las clases medias, son los sectores populares bolivianos los que deben adaptarse a ella modificando, para peor, la dieta familiar.

Las soluciones tendrán que esperar a las elecciones, porque el presidente Arce ya ha señalado varias veces que en lo que le resta de gestión no devaluará, no eliminará las subvenciones de los combustibles y tampoco acudirá al Fondo Monetario Internacional.