La Corte IDH responsabiliza a Honduras por la violación a los derechos de Leonela Zelaya, mujer trans

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sólo ha emitido dos fallos pronunciándose sobre las violencias letales a mujeres trans en América Latina y el Caribe, uno en 2021 y otro este lunes. Ambos han sido sobre asesinatos ocurridos en Honduras, un país de 11 millones de habitantes. La última sentencia señala al país centroamericano como responsable de la violación de derechos y las “deficiencias” en la investigación del transfeminicidio de Leonela Zelaya, trabajadora sexual y portadora de VIH, así como de repetidas detenciones “ilegales y arbitrarias” y por el desconocimiento de su identidad de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de 2004 en Comayagüela.

El tribunal caracterizó el crimen como un transfemicidio, condenó a Honduras por las detenciones arbitrarias y las graves fallas en la investigación, y ordenó reimpulsar la investigación penal. “La Corte concluye que las detenciones por parte de las autoridades constituyeron una forma de castigar a quienes desafiaban las normas de género y de criminalizar la pobreza y el trabajo sexual”, lamenta Angelita Baeyens, vicepresidenta de incidencia y litigio internacional en el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, entidad colitigante del caso. Para las activistas y abogadas, este fallo es un bálsamo en la memoria de Leonela, una mujer analfabeta y empobrecida que, cuentan, nunca calló las injusticias que sufría y veía.

Las primeras denuncias las recibió Indyra Mendoza Aguilar, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas, colitigantes del caso. A principios de 2004, Leonela la contactó para decirle que el 20 de enero fue detenida por la policía sin saber muy bien por qué. Según su testimonio, los agentes le tiraban baldes de agua en la madrugada para que pasara frío en el calabozo, la insultaban y la vejaban. Sucedió de nuevo el 11 de agosto y 2 de septiembre. Días después, en un evento de derechos humanos en Ginebra, Mendoza presentó el caso de Leonela y habló de la violencia estructural y sistemática que vivía la comunidad LGTBIQ+ en Honduras en aquella época. “Nos tiraban orines y basura por la calle. Los sectores fundamentalistas se encargaron de crear un relato en los medios y en la calle de que éramos indeseables; la amenaza de la familia tradicional”, recuerda. Leonela fue asesinada mientras tramitaba los papeles de la denuncia en Suiza.

Durante prácticamente 14 años, el caso de Leonela quedó archivado en despachos hondureños. Fue sólo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Estado, cuando este respondió que sí habían encontrado al responsable del asesinato, pero que nunca hubo sentencia porque ya había fallecido. Para las litigantes, esto es el síntoma de la indiferencia de un Estado que siempre ha dado la espalda al colectivo. “Uno de los aspectos más indignantes es que el Estado nos pidió una copia de las actuaciones que teníamos sobre el proceso interno para poder ubicar el expediente y tener algo qué contestarle a la CIDH”, recuerda Angelita Baeyens.

Es por ello que para todas las mujeres que acompañaron el caso por más de 22 años, la contundencia de esta sentencia es una celebración. Un suspiro de alivio. Y es que el fallo no es sólo un mensaje para Honduras. Es una hoja de ruta para el resto de la región en una materia por la que queda aún mucho camino por recorrer.

Otro de los puntos claves de la decisión de la Corte es que reafirma que la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) se ha de aplicar también a las mujeres trans. Asimismo, contempla que, además de la familia de sangre, existe la que uno elige. Y esta, especialmente para el colectivo LGTBIQ+, cumple el rol fundamental.

Por eso, el tribunal reconoció a otra mujer trans, Thalía Rodríguez, su amiga y compañera de apartamento durante nueve años, como víctima de todo el sufrimiento ocasionado por el Estado. Ambas vivían en una casa de 6x4 metros, en un barrio de invasión en el cerro de Juana Lainez. Eran hermanas sociales que se divertían juntas, se cuidaban, trataban de pagar sus cuentas con el trabajo sexual y buscaban la forma de reunir para los antirretrovirales que precisaban.

Karen Anaya, secretaria técnica de la Red de Litigantes LGBTIQ+ de las Américas y una de las firmantes del amicus curiae que recibió la Corte, insiste en que este reconocimiento va más allá de nombrar otros tipos de familia posibles. “El hecho de que se la reconozca como víctima le otorga el derecho de ser reparada”, explica por teléfono. “La sentencia dijo algo muy claro y es que, cuando tratas a una mujer trans como un hombre, cuando la detienes sin ninguna motivación, cuando ignoras la investigación de su transfeminicidio, también estás vulnerando la integridad de sus hermanas sociales”.

De 2014 a 2024, han sido asesinadas 3.430 personas de la comunidad LGTBIQ+ en América Latina y el Caribe, casi uno por día. Se calcula que prácticamente un tercio de estas son mujeres trans. Mendoza lleva años en el activismo y sabe que el conteo de muertes violentas no cesa. “Hay fotos de nuestros inicios en Cattrachas, en las que todas las que aparecen se han muerto. Asesinato, asesinato, VIH, suicidio, asesinato... Es muy doloroso”, lamenta. “Esta sentencia tiene un peso gigante en la memoria de Leonela y Thalía y en todas las mujeres trans que vienen detrás”.