Ante una amenaza climática sin precedentes, no hay espacio para la indiferencia

El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la Opinión Consultiva 32 de 2025, sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. Un hito jurídico que marca un momento decisivo para la protección de la humanidad frente a una amenaza que, según la mejor ciencia disponible, ya no es una posibilidad futura, sino una emergencia presente que impacta el goce y ejercicio de los derechos humanos.

El incremento acelerado de la temperatura global —originado principalmente por actividades humanas— constituye una emergencia climática que amenaza de forma directa y creciente los derechos fundamentales de millones de personas en todo el mundo. Sus impactos son desiguales: recaen de manera severa sobre quienes tienen menor capacidad de respuesta, como los países con menos recursos económicos, y las personas en situación de vulnerabilidad. Esta emergencia solo puede ser atendida adecuadamente con acciones urgentes y eficaces, articuladas y coherentes con los derechos humanos, con base en la resiliencia, la cooperación y el desarrollo sostenible.

La opinión consultiva, presentada a la región en un contexto histórico, fue emitida a solicitud de las Repúblicas de Chile y Colombia, quienes en 2023 le preguntaron a la Corte cómo deben responder los Estados a la crisis climática mediante un enfoque de derechos humanos. La construcción de este proceso consultivo no tiene precedentes. Ha sido el más participativo en la historia del Tribunal: más de 600 actores globales aportaron cerca de 260 observaciones escritas, provenientes de Estados, comunidades científicas, organizaciones internacionales, sociedad civil y el sector privado.

Durante tres audiencias públicas, celebradas en distintas semanas en Barbados y Brasil durante 2024, escuchamos a más de 180 delegaciones. Tuvimos frente a frente a representantes de Estados, pueblos indígenas desde Alaska hasta la Patagonia, niños, niñas y adolescencias, científicos, instituciones universitarias, agencias del sistema de Naciones Unidas y personas expertas sobre la materia, que intervinieron con convicción. Esta participación histórica reafirma que el cambio climático es un desafío común que exige respuestas inclusivas, urgentes y con base en el derecho y la ciencia. Es tiempo para la justicia climática con un enfoque de derechos humanos y de una cooperación internacional más decidida y solidaria que nunca.

A partir de este proceso, el Tribunal ha identificado tres obligaciones convencionales: de respeto, de garantía y de cooperación. Los Estados deben abstenerse de todo comportamiento que cause un retroceso injustificado en la protección frente a la crisis climática, y a la vez adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados de la degradación del sistema climático y de las condiciones de exposición y vulnerabilidad. Estas medidas deben fundarse en la mejor ciencia disponible, incorporar la perspectiva de derechos humanos en todas las etapas de la acción climática, supervisar adecuadamente el comportamiento empresarial, y asegurar transparencia, monitoreo y rendición de cuentas.

De igual forma, en esta decisión, la Corte reconoció que existe un derecho humano a un clima sano, como derivado del derecho al ambiente sano. Este reconocimiento permite delimitar con mayor claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de forma autónoma. La Corte explicó que un clima sano es aquel libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la naturaleza como un todo, y que protege tanto intereses individuales como colectivos, incluyendo los derechos de las generaciones presentes y futuras.

No cabe duda de que la crisis climática impone una presión nunca antes vista sobre la supervivencia humana. Frente a este desafío, los Estados deben actuar diligentemente frente a las causas del cambio climático. Por esto, es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, regular el comportamiento de particulares, evaluar los impactos climáticos donde resulte aplicable y avanzar decididamente hacia modelos sostenibles de desarrollo. Estos deberes no son aspiraciones voluntaristas, sino responsabilidades jurídicas que deben traducirse en políticas públicas eficaces.

Es claro que hay derechos particularmente vulnerables frente a la emergencia climática como la vida, la salud, la integridad personal, el agua, la alimentación, la educación, el trabajo, la libertad de residencia y circulación, entre otros. Estos derechos deben ser protegidos a través de políticas de adaptación que consideren las necesidades diferenciadas de las personas y, por supuesto, comunidades en situación de vulnerabilidad.

Con esta opinión consultiva, la Corte Interamericana cumple su mandato en el marco del derecho internacional: garantizar los derechos humanos, fortalecer el Estado de derecho y promover la adopción de decisiones inclusivas, transparentes y participativas, en especial aquellas relacionadas con la crisis climática. Este compromiso exige asegurar el acceso a la información, a la justicia, a la participación pública y al conocimiento científico, así como reconocer y valorar los saberes locales, tradicionales e indígenas. Merece especial énfasis el deber reforzado de protección hacia las personas defensoras del ambiente, conforme al estándar ya desarrollado por este Tribunal.

Con esto, la Corte reafirma que los derechos humanos no son ajenos a la crisis climática. Son su centro. Ahora es responsabilidad nuestra, de los Estados, empresas y de toda la comunidad internacional, actuar en consecuencia.

Desde luego que la opinión consultiva no impone una solución única. Por el contrario, invita a una acción plural, contextualizada y solidaria. Ante una amenaza sin precedentes, no hay espacio para la indiferencia ni para el negacionismo. Lo que está en juego no es solo el porvenir del ambiente, sino la vigencia misma de la humanidad y sus derechos.