El pueblo que se rebeló contra una criptogranja que los dejó seis meses sin dormir

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. Esta investigación fue publicada en alianza con El Surtidor y el Pulitzer Center.

La primera vez que Irene Brizuela escuchó aquel zumbido infinito, pensó que era un enjambre de abejas. Para ella, era un ruido, pero, para su hijo de cinco años y con trastorno del espectro autista no verbal, fue el detonante de una crisis. “Comenzó a llorar y temblar. Le encerramos en la pieza para que no escuche”, recuerda de aquella media noche de junio de 2024. Y así vivieron cada noche por los siguientes seis meses.

Brizuela, una enfermera de 32 años, vive con su hijo y su marido a 200 metros de una granja de Bitcoin en el barrio Santa Lucía de Villarrica, la capital del departamento del Guairá, a unas tres horas de Asunción, en Paraguay. La minera es propiedad de la canadiense Bitfarms, una compañía que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto.

Al igual que Brizuela y su familia, sus vecinos tampoco volvieron a dormir. El contador José Luis Figueredo empezó a tomar pastillas para conciliar el sueño. Para él, que vive a 800 metros de la granja, el ruido era como si un semirremolque estuviera en marcha las 24 horas del día dentro de su casa. “Llega un momento en el que tu salud mental está muy afectada. Yo pensaba ‘voy a tirar una bomba por la columna y que se caiga todo el tendido eléctrico’. Me afectó bastante. Mi temor era depender de un medicamento para poder descansar”.

La granja se erige sobre una de las alturas del pequeño valle que conforma la Cañada San Juan del barrio Santa Lucía. Tiene murallas de chapa, portones negros y un puesto de vigilancia para las 5 hectáreas del predio. El informe 2024 de Bitfarms dice que adentro funcionan 16.200 procesadores que generan Bitcoin, la criptomoneda más popular. Estos equipos son como supercalculadoras que resuelven acertijos matemáticos continuamente para producir las criptomonedas y demandan una gran cantidad de electricidad. Solo esta granja usa en seis meses el equivalente al consumo eléctrico de 47.500 familias durante un año.

La planta tiene, además, un sistema para evitar que las máquinas se sobrecalienten. Según Bitfarms, 14.400 de ellas se refrigeran con ventiladores y extractores, mientras que las otras 1.800 se mantienen con refrigeración líquida.

El ruido que atormentó al barrio Santa Lucía entre junio y noviembre de 2024 proviene de los procesadores, ventiladores y extractores de aire caliente que regulan la temperatura de esos procesadores. Los vecinos convivieron con eso hasta que lograron que la Fiscalía imputara por ruidos dañinos al responsable de Bitfarms. Esta investigación, una copublicación de El Surti con América Futura de EL PAÍS, encontró irregularidades en los procesos de la Municipalidad de Villarrica y el Ministerio del Ambiente que permitieron a la empresa canadiense operar en una zona residencial con casas a menos de 50 metros. También halló que los vecinos quedaron con secuelas de irritabilidad y estrés postraumático.

Las consecuencias del ruido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar la exposición a sonidos que superen los 70 decibeles. Para poder descansar, el sonido ambiente debe ser inferior a los 40 decibeles. Pero los vecinos de Santa Lucía estuvieron expuestos 24 horas a niveles que superaron los límites recomendados por la OMS e incluso la regulación local de Villarrica, que establece el ruido máximo permitido en zonas urbanas de 70 decibeles de día y 55 de noche. Una medición realizada por su departamento de Medio Ambiente en julio de 2024, sin embargo, arrojó que la granja de Bitfarms emitía 75 decibeles a las 11 de la mañana.

La psicóloga e investigadora Maureen Montanía señala que la exposición prolongada al ruido, como el emitido por la criptogranja, hace que una persona viva en constante estrés, lo que puede causar mayor ansiedad, depresión y falta de sueño. En el caso de personas con trastorno del espectro autista, esto empeora porque tienen una mayor sensibilidad a los sonidos, lo que se conoce como hiperacusia, explica. Y compara esta experiencia con escuchar una motosierra todo el día, a pesar de usar auriculares. “Es un nivel de tortura tremendo”.

Luz Aranda usa la misma palabra para describir lo que vivió durante los casi seis meses. La primera vez que escuchó el ruido, pensó que era un torno. Se despertó de golpe a las dos de la mañana y desde entonces no pudo descansar. “Empecé a llorar”, recuerda. “Y ahora recuerdo y me afecta otra vez. Siento mucha impotencia, mucha rabia. Tenía ganas de ir a romper algo”.

Vecinos registran la contaminación sonora ocasionada por una criptogranja en Santa Lucía de Villarrica, Paraguay

Aranda es psicóloga y directora del departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Villarrica. Vive con su esposo, Juan Enriquez, en una casa que construyeron hace diez años en el barrio Santa Lucía de Villarrica, a aproximadamente 700 metros del origen del ruido. Para ellos, esos cinco meses sin dormir fueron una forma de sometimiento y abuso psicológico.

Los efectos del ruido en la salud han sido ampliamente estudiados. Un análisis de 2022 revela que la exposición al ruido aumenta 55% el riesgo de ansiedad y 119% los problemas de salud mental en general. Otro estudio de 2013 demuestra que niños expuestos a ruidos de tráfico rodado, ferroviario y de aeronaves tienen menos capacidad de lectura, memoria y rendimiento escolar.

El otorrino Fernando José Cubilla Moro, especialista en audiología ocupacional y contaminación acústica, señala que la exposición a un ruido continuo puede producir lesiones en el oído interno y disminuir la capacidad auditiva. También puede aumentar la producción de cortisol por el estrés y producir daños en el sistema cardiovascular e inmunológico.

El criptoparaíso de la energía barata y renovable

La planta de Bitfarms no es la única habilitada por la Municipalidad de Villarrica. Un memorando de noviembre de 2024 revela que la comuna dio permisos a otras ocho criptomineras en zonas residenciales o comerciales.

La hidroeléctrica Itaipú, donde Brasil y Paraguay son socios en partes iguales, se define como “líder mundial en generación de energía limpia y renovable”. Con una capacidad de 14.000 megavatios (MW), la central ubicada sobre el río Paraná cubre el 9% del consumo eléctrico brasileño y el 86% del paraguayo. Pero, con poco más de seis millones de habitantes, Paraguay no utiliza toda la energía y cede sus excedentes a Brasil a un precio inferior al del mercado, además de depender de la importación de combustibles fósiles para el transporte. El uso de estos excedentes ha estado en el centro del debate político.

Además, en la última década, se ha convertido en el centro de interés de los criptomineros. La historiadora Belén Cantero sitúa en 2017 el inicio de la criptominería a gran escala en Paraguay. El epicentro de esta primera oleada de inversores extranjeros fue Villarrica, donde opera Bitfarms. Ahí, la Compañía de Luz y Fuerza S.A (Clyfsa) vende electricidad más barata, gracias a un fallo judicial que le permite comprar energía de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) a un precio menor.

Con el crecimiento de la criptominería, la potencia energética que exigen las megagranjas, que tienen miles de procesadores, aumentó. Y como Clyfsa no tiene capacidad de cubrir toda esa demanda, las empresas optaron por comprar de la Ande. Solo en 2024, el sector contrató energía de la estatal suficiente para abastecer una ciudad de 750.000 habitantes, un poco más de la población de la capital Asunción, por más de 100 millones de dólares (798.000 millones de guaraníes). Este registro no incluye a las ocho criptomineras que compran de Clyfsa, ni a las granjas ilegales que roban energía.

El departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil y Argentina, es el principal destino de las grandes inversiones de criptominería por la capacidad eléctrica de la zona, donde está la represa de Itaipú y grandes subestaciones de la Ande. Ese es el caso de compañías como Muiden, Hive y Penguin. Hasta marzo, 46 criptomineras tenían contratos con la empresa estatal, de acuerdo con un pedido de información pública.

En junio de 2024, la Ande aumentó la tarifa eléctrica para las criptomineras, que hoy pagan entre 44,34 y 59,76 dólares el megavatio hora más impuestos. Según Juan José Benítez Rickmann, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería de Criptoactivos y director de Digital Assets S.A, 35 empresas dejaron de operar tras el incremento, la mayoría de capital paraguayo. Dice que él también analiza trasladar sus operaciones a otro país, como Bolivia, donde la electricidad es más barata, aunque más contaminante porque proviene del gas fósil.

Sin embargo, según el ingeniero Diego Monroy, impulsor del uso de gas para criptogranjas en Bolivia, la única opción para que la criptomineras migren a ese país y sean rentables “es que se les otorgue energía barata o que se les permita utilizar recursos que actualmente se desperdician como el flare gas (gas residual)”.

A diferencia de Paraguay, gran parte de la energía que utiliza la criptominería en otros países se genera a partir de combustibles fósiles, lo que aporta cantidades significativas de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Un estudio de la ONU revela que la minería de Bitcoin emitió 85,89 megatoneladas de dióxido de carbono entre 2020 y 2021. Además, cada transacción de Bitcoin utiliza en promedio 16.000 litros de agua, “suficiente para llenar una piscina de jardín”.

El impacto más significativo de la criptominería en Paraguay es su consumo intensivo de energía. Si bien es electricidad que proviene de las hidroeléctricas, sus fuentes de producción sufren los embates del clima como la sequía que hizo caer la producción de Itaipú en un 20% en 2024. Para el investigador Guillermo Achucarro, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la criptominería es extractivismo puro, “cuando empresas privadas extraen recursos naturales para beneficio extranjero, por lo general del norte global, sin que quede nada de valor agregado en tu país”.

Bitfarms tiene operaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Paraguay. De acuerdo con su informe financiero de diciembre de 2024, ese año obtuvo ingresos por 192,8 millones de dólares. El 13,5% de ese monto proviene de las dos granjas que tiene en el barrio Santa Lucía de Villarrica. Junto al centro de datos de Argentina, ubicado en la ciudad industrial de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, representan el 30% de sus ingresos.

A pesar del volumen del negocio y el consumo de energía, la compañía canadiense solo tiene 44 trabajadores que aportan a la seguridad social en Paraguay, de acuerdo con información pública del Instituto de Previsión Social (IPS).

La empresa vendió en marzo el proyecto de su megagranja Yguazu, Alto Paraná, a otra compañía, Hive Digital Technologies, por 63 millones de dólares. El CEO de Bitfarmss, Ben Gagnon, declaró a los medios que estaban redireccionando sus inversiones al norte global, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se manifestara a favor del sector. La decisión se da en un contexto de cambios regulatorios a nivel global. Mientras que China prohibió la criptominería y las transacciones con criptomonedas en 2021, El Salvador legalizó Bitcoin como moneda de curso legal ese año para después revirtirlo temporalmente por presiones del Fondo Monetario Internacional. En Argentina, el sector cripto se vio golpeado por el aumento de las tarifas eléctricas y la eliminación de subsidios, además de la estafa de la criptomoneda $Libra promovida por el presidente Javier Milei.

La rebelión de los vecinos

El reporte financiero de Bitfarms cita la contaminación acústica y la oposición de comunidades como riesgos para sus operaciones, si bien no menciona el caso de Villarrica ni la imputación a uno de sus representantes en Paraguay, un estándar de transparencia de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de EE UU.

Cuanto más fuerte era el ruido en la madrugada, más ladraban los perros de Héctor Pereira. En su casa, a 250 metros de la granja de Bitfarms, nadie podía dormir. “Era infernal. El ruido estaba en todos lados, traspasaba las paredes. Fueron seis meses de sufrimiento constante”, recuerda.

Pereira es presidente de la comisión vecinal Trompo Arasá del barrio Santa Lucía, que aglutina a las familias afectadas. En julio de 2024, presentó una denuncia contra Bitfarms ante el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villarrica. Y acompañó a Viviana Aponte, entonces directora de Medio Ambiente, a la medición de los sonidos emitidos por la planta, que registró niveles superiores a los permitidos. Pero, aunque debía elevar un informe al juzgado municipal de faltas, no lo hizo. “Duele decirlo, pero nuestro propio municipio es cómplice en vez de proteger a la comunidad”, dice Pereira. Después de eso, Bitfarms patrocinó eventos del municipio como una carrera de atletismo y un festival musical.

Pereira no se dio por vencido y en agosto denunció a Bitfarms ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Los funcionarios fiscalizaron la granja el 4 de septiembre y apuntaron que la empresa estaba gestionando materiales para amortiguar la emisión de ruidos molestos. Unos días después, a través de una mediación del Poder Judicial, Bitfarms se comprometió a realizar adecuaciones acústicas para aminorar los ruidos. Pero estos siguieron, según los vecinos.

Tres meses después de la denuncia en la Municipalidad, en octubre, Aponte hizo una segunda medición que superó el máximo permitido por la ordenanza municipal. Esta vez sí elevó la denuncia al juzgado de faltas. Pero, dos meses después, un juez sobreseyó a la empresa por otro registro superior que cumplía con los estándares permitidos.

La comisión vecinal siguió golpeando puertas. Así, el caso llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente de Villarrica. En noviembre, el representante de la planta, Juan Ignacio Marcilio, fue imputado por emisión de ruidos dañinos, con lo que se expone a una pena privativa de libertad de hasta diez años; además de una multa de entre cinco y cincuenta jornales (equivalente a entre 67 dólares y 677 dólares), o la inhabilitación de la granja por casi seis meses. Entonces, Bitfarms disminuyó la emisión de ruidos, de acuerdo con los vecinos.

En marzo, comenzaron los estudios psicológicos de los vecinos para determinar los efectos del ruido en su salud mental. Las conclusiones debían haberse presentado el 14 de mayo, pero al cierre de esta edición, aún no son públicos. Por su parte, el representante de Bitfarms, está esperando la decisión de un juez para saber si enfrentará un juicio.

Marcilio rechazó ofrecer una entrevista para esta investigación, mientras que un portavoz de Bitfarms señaló en un comunicado haber trabajado estrechamente con la Municipalidad de Villarrica y la comunidad local para resolver el tema. “La ciudad se había puesto en contacto con nosotros respecto de este asunto y ahora quedó conforme”, indicó. “Bitfarms opera en pleno cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios en todas las jurisdicciones donde tiene presencia”.

El 4 de abril de 2025, el intendente de Villarrica, Magín Benítez, declaró la nulidad del sobreseimiento de Bitfarms dictado por el Juzgado de Faltas por las irregularidades en el proceso sumario, y ordenó que se reinicie la causa administrativa teniendo en cuenta todas las pruebas y las partes involucradas.

A la espera de justicia

Los vecinos de Cañada San Juan dejaron de escuchar el ruido de la granja desde que la Fiscalía imputó al representante de Bitfarms. Pero quedaron secuelas. María Sol Arrúa, quien vive a 200 metros de la minera, lleva un tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático y no puede escuchar sonidos fuertes sin tener un ataque de ansiedad.

Para la psicóloga Maureen Montanía, lo sucedido en Villarrica exige una intervención psicológica a nivel comunitario. Explica que cuanto más tiempo una persona o una comunidad está expuesta de forma sistemática a un fenómeno, las asociaciones quedan impregnadas en el cerebro y el trauma perdura. “Con la exposición al ruido, no se comprometió solo un entorno, sino ciclos de vidas enteros, desde niños hasta adultos mayores. Por lo tanto, la respuesta de las autoridades y los responsables debe ser proporcional al daño causado. El cerebro no se puede recuperar solo”, afirma.

Juan Enriquez, otro de los vecinos que denunció a Bitfarms, considera que las instituciones deben sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas. Hoy, pese a que el ruido paró, siente que algo no se cerró para él. “La ira la tengo todavía. Eso no se va a curar de un día para el otro. El daño está hecho. Los meses de tortura, los que no podíamos dormir, ¿quién nos devuelve?”.