La justicia de Estados Unidos congela 280 millones de dólares de las ganancias de $Libra, la cripto promocionada por Milei
La acusación por presunto fraude deja fuera al presidente argentino para evitar conflictos que retrasen las investigaciones


Un tribunal de Estados Unidos congeló 280 millones de dólares de las ganancias generadas por la venta de $Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente argentino, Javier Milei, y sospechosa de ser una estafa. La demanda, que se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusa al empresario estadounidense Hyden Mark Davis, su padre, su hermano y otros involucrados de promocionar una cripto avalada por Milei para atraer inversores que rápidamente perdieron todo su dinero. Milei y el resto de los argentinos que integraron la trama de $Libra quedaron fuera de la acusación en Estados Unidos para evitar eventuales dilaciones por parte del Gobierno de ultraderecha o problemas de jurisdicción.
El 14 de febrero pasado, la cotización de $Libra se disparó desde cero tras un posteo de promoción de Milei y cayó estrepitosamente horas después. El resultado fueron unos 75.000 afectados que lo perdieron todo, según la demanda en Nueva York, y unos pocos que hicieron millones gracias a sus compras segundos antes del mensaje presidencial. El estudio de abogados pidió el congelamiento del dinero que, calculan, dejó la presunta estafa como ganancias. “Es una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $Libra”, consideraron los abogados tras el fallo, redactado por la jueza Jennifer Louise Rochon.
La demanda colectiva que se inició en Estados Unidos contra $Libra pasó la semana pasada del fuero estadual al federal. Se unificó además con otra similar que también tiene a Hayden Mark Davis como acusado. Los abogados consideraron que Davis y el resto de los involucrados “aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei” para “crear una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”. Cuando el token alcanzó su valor máximo, los inversores que habían entrado antes del posteo de promoción de Milei huyeron en estampida con toda la ganancia.
El escándalo de $Libra puso a Milei ante una grave crisis, la primera de su Gobierno. Su argumento fue que solo había promocionado una inversión privada y que el universo cripto tiene sus riesgos. “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”, dijo. Pero no pudo explicar por qué había recibido a Davis y a otros responsables de $Libra en la residencia oficial de Olivos antes del lanzamiento. Tampoco por qué su posteo incluía el link del token, que hasta ese momento no era público.
La primera reacción del Gobierno fue abrir una comisión investigadora bajo el ala del ministerio de Justicia que debía, supuestamente, investigar al presidente. La unidad se cerró hace dos semanas sin presentar informe alguno. Los diferentes sectores de la oposición a Milei cuestionaron en su momento el cierre y amenazaron con avanzar en una comisión investigadora en el Congreso que aún sigue bloqueada
La justicia argentina, en tanto, lleva adelante su propia investigación. La fiscalía pidió este viernes a las operadoras de telefonía que informen los números que tienen a nombre de Milei y de su hermana Karina, que tiene el cargo de secretaria general de la presidencia. También solicitó los datos de los responsables locales del lanzamiento de $Libra, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, y la geolocalización de la línea de Hyden Mark Davis. La intención es reconstruir cómo se comunicaron entre sí los involucrados en la trama antes, durante y luego de la salida al mercado de la criptomoneda.
Hace dos semanas, la investigación judicial puso la lupa sobre las actividades financieras realizadas por Milei. La jueza a cargo del expediente solicitó al Banco Central que detalle las entidades bancarias que operaron u operen cuentas a nombre del mandatario ultra, de su hermana y otros tres sospechosos. El oficio librado por la jueza María Servini, en un legajo reservado y bajo secreto de sumario, tiene como objetivo indagar la evolución patrimonial de los investigados desde 2023 hasta la actualidad.
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