La respuesta humanitaria al derrame en Esmeraldas para que el río vuelva a dar vida
Fuertes lluvias provocaron un deslizamiento que rompió un oleoducto, liberando más de 25.000 barriles de crudo y afectando a 113.000 personas. Pero las comunidades no se rinden y quieren ser parte de la reconstrucción

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Ubicado en la exuberante costa norte de Ecuador, el río Esmeraldas es un elemento vital para las comunidades en la provincia que lleva su nombre: les provee pescado y agua dulce. Pero el 13 de marzo de 2025, fuertes lluvias provocaron un deslizamiento en el cantón Quinindé que rompió un oleoducto, liberando más de 25.000 barriles de petróleo en ríos y zonas costeras protegidas. El derrame tóxico alcanzó manglares, tierras agrícolas y la costa del Pacífico, destruyendo medios de vida y poniendo en riesgo a miles de personas en una región ya afectada por la violencia criminal. El Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC, por sus siglas en inglés) estima que alrededor de 113.000 personas han resultado afectadas.
Para la gente de Esmeraldas —muchos de ellos afroecuatorianos o mestizos— el río lo es todo. “Antes pescábamos y cultivábamos aquí. Ahora el río es veneno”, nos dijo un hombre de Viche, una comunidad agrícola donde los habitantes dependen del río para obtener agua potable para ellos, su ganado y el cultivo de plátano. Desde el desastre, se han vuelto altamente vulnerables y enfrentan una grave inseguridad alimentaria. “Nuestras redes se arruinaron, el agua no es segura, incluso nuestros animales han sufrido. Nuestras gallinas y cerdos murieron al intentar beber del río”.
El derrame obligó a cerrar los sistemas de agua segura. Aunque algunos servicios se han restablecido, muchas poblaciones aún dependen del agua embotellada o de la lluvia. En lugares como Chinca, un pueblo de la ribera del río Esmeraldas, el acceso es tan difícil que la ayuda solo ha llegado una vez en lancha.
Según evaluaciones humanitarias, el 94% de los habitantes de Quinindé y Rioverde perdieron sus fuentes de ingreso. Con los cultivos arruinados y los ríos contaminados, la inseguridad alimentaria ha aumentado drásticamente. Más del 80% de las familias han reducido su consumo de alimentos, y algunas han reportado pasar hambre. El vertido de petróleo no solo contaminó el agua y el suelo: también ha enfermado a la gente. Las erupciones cutáneas, infecciones oculares y enfermedades gastrointestinales se han disparado.

En Rioverde, todas las personas encuestadas reportaron un aumento de enfermedades desde el derrame. La recolección de mariscos es una fuente clave de ingresos para las mujeres allí, y la contaminación las ha afectado de manera especialmente grave. “Buscar mariscos ahora significa meterse en agua tóxica”, le dijo una lideresa comunitaria al Equipo de UNDAC. “Estamos viendo más infecciones”.
El acceso a los servicios de salud ya era difícil debido a las amenazas de grupos criminales organizados. Esto incluye escasez de personal, así como de servicios de salud sexual y reproductiva, que prácticamente han quedado detenidos. El desastre está presentando un nuevo desafío, ya que las familias de muchas comunidades afectadas reportan haber recibido solo tratamiento básico, como paracetamol. Casi la mitad de los encuestados indicaron que no tenían acceso a atención médica en absoluto. La salud mental también se ha visto afectada: “No podemos ir al río. Hemos perdido nuestro trabajo, nuestra paz. Es estresante no saber qué viene después”, nos dijo un residente.
Frente a esta crisis, el Gobierno de Ecuador declaró un desastre a nivel provincial y activó el equipo humanitario de país. La respuesta a la emergencia fue posible gracias a la articulación entre autoridades nacionales, agencias de la ONU y otros organismos humanitarios. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) facilitó la coordinación entre los distintos actores (puede ver la lista completa aquí), mientras que ACNUR, UNICEF y UNFPA se enfocaron en la protección y atención de personas desplazadas, mujeres y niños. La Cruz Roja Ecuatoriana distribuyó agua potable y kits de higiene, Plan International y World Vision contribuyeron a la evaluación del impacto en la población, y Cáritas y ADRA apoyaron con servicios de salud, alimentos y medios de vida. Por parte del Estado, se activaron campañas de vacunación, distribución de agua, asistencia alimentaria, ayudas económicas y acciones para mitigar el impacto ambiental y económico del derrame de petróleo.

A pesar de los esfuerzos, las necesidades son considerables. La mitad de la población afectada carece de instalaciones básicas de saneamiento. Muchas escuelas están afectadas y no tienen acceso a agua potable, lo que genera preocupación sobre el regreso a clases de los niños y niñas. Los riesgos de protección también han aumentado para mujeres, jóvenes y familias desplazadas, especialmente en áreas remotas o inseguras.
Pero las comunidades no se rinden. “Queremos ser parte de la reconstrucción”, dijo un líder comunitario afectado en una reunión de la ONU. “Solo díganos cómo.” De hecho, el 96% de las comunidades encuestadas ya tienen grupos de coordinación local y están ansiosas por involucrarse. El petróleo pudo haber envenenado el río, pero no la determinación de la gente de Esmeraldas. Con el apoyo coordinado del Gobierno, los socios humanitarios y la cooperación internacional, aún hay esperanza de que el río pueda recuperarse y volver a dar.
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