Reparar las heridas de la guerra: la misión casi imposible de un grupo de soldados y sus víctimas

Podría parecer una fiesta. Decenas de personas posan sonrientes en fotos grupales, unos meseros distribuyen pizzas y tortas, una mujer explica los murales de la fachada. Hay abrazos y sonrisas. Pero, detrás, hay heridas que no cicatrizan del todo. Los encargados de la casa de la memoria y restaurante que se inaugura son 10 familias de víctimas de asesinatos cometidos por militares en Toluviejo, un municipio de unos 20.000 habitantes en el Caribe colombiano. En 2007, miembros de la fuerza pública asesinaron a sus hijos, hermanos o primos y los hicieron pasar como guerrilleros para mostrar resultados en la guerra contra la insurgencia. Del otro lado, a unos metros de las familias, hay unos 10 invitados que visten camisas blancas. Son exmilitares que hicieron parte de estas matanzas de campesinos inocentes, los falsos positivos, en varios departamentos de Colombia. Las víctimas y los antiguos soldados intentan sanar las heridas de hace 19 años.

Casa Once —estilizada Casa O11ce— será muchas cosas a la vez: una casa de memoria para recordar a 11 jóvenes asesinados, un restaurante, una panadería, un salón para eventos privados. Es uno de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR) que la justicia transicional ha puesto en marcha desde los acuerdos de paz de 2016 para que exguerrilleros de las extintas FARC y miembros de la fuerza pública reparen a sus víctimas. En Toluviejo, la oenegé Confraternidad Carcelaria de Colombia cedió la casa en comodato y la Embajada de Noruega donó, ante la ausencia de recursos estatales, unos 600 millones de pesos (alrededor de 160.000 dólares) para remodelarla. Las familias de las víctimas y los exmilitares trabajaron en las obras durante cuatro meses. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que organizó un viaje de prensa al que fue invitado este diario, les ayudó a armar un plan de negocios para hacer sostenible el proyecto.

Margarita Flórez, líder de la asociación de víctimas, se emociona cuando un compañero comenta que sin ella no hubieran podido sacar adelante el proyecto. Gran parte del grupo no sabe leer o escribir; ella, luego de que el Ejército asesinara a su pareja, estudió Psicología Social. “Me da ganas de llorar cuando dicen eso. Me duele mucho. Muchos grupos de víctimas suelen ser blanco de engaños, de promesas que no llegan a nada. He intentado que eso no pase”, comenta. Flórez convenció a las otras nueve familias de participar en la iniciativa del tribunal transicional Justicia Especial para la Paz o JEP —la de la undécima víctima se negó—, peleó por los recursos de la cooperación internacional y se enfrentó a los exmilitares que se justificaban con que solo cumplían órdenes cuando cometieron sus crímenes.

Luego de tres años, Casa O11ce está casi lista para abrir sus puertas. Hay 11 imágenes artísticas, creadas con inteligencia artificial, que recuerdan los rostros de las víctimas. Unos murales relatan que a varios de ellos les gustaba andar a caballo o pescar y que algunos soñaban con ser boxeadores. La Federación Mesa Nacional del Café, de antiguos guerrilleros de las FARC, se prepara para brindar capacitaciones de barismo. Ocho familiares de víctimas atenderán la casa y tendrán un sueldo que haga que la reparación no sea solo simbólica. Para Flórez, lo más importante de Casa O11ce es que terminará de “limpiar los nombres” de los jóvenes. “Cuando los asesinan, los titulares decían que eran guerrilleros abatidos en combate. Eso nunca se nos olvidó, y produjo un estigma que marcó nuestra vida. Ahora podemos dar vuelta esa narrativa”, apunta.

Los exmilitares se sumaron, al menos al principio, para obtener beneficios judiciales. En vez de enfrentar hasta 60 años en una prisión si hubieran seguido en la justicia ordinaria, pasar sus casos a la JEP y reconocer su responsabilidad les da acceso a sanciones no carcelarias que van de cinco a ocho años de restricción de la libertad para los máximos responsables y de dos a cinco para rangos más bajos. En ese tiempo deben participar en los TOAR y pueden adelantar esa sanción antes de que salgan las sentencias, como hacen los comparecientes que participan de Casa O11ce. Flórez es consciente de estas motivaciones, pero enfatiza que era indispensable contar con ellos. “Si no hubieran hablado ante la JEP, hubiera sido muy difícil romper el estigma”, comenta sobre otra exigencia para acceder a las sanciones especiales. Conocer a las víctimas y compartir tiempo con ellas, considera, ha posibilitado que vean de primera mano el daño que hicieron y sientan un arrepentimiento genuino.

“Algo muy bonito es que han llegado hasta donde les hemos permitido. Si no les dices que entren a la casa, no lo hacen. Si no les das tu número, no te llaman. Para mí, eso es respetar la centralidad de las víctimas”, afirma. En un video de presentación de la casa, uno de los exmilitares narra cómo se fueron acercando a medida que compartían tiempo con las familias. “Nunca había hecho tareas de construcción y ese día prendí una máquina para compactar por primera vez”, contó. “No supe que el maestro que nos dirigía era víctima hasta varios días después. Recochaba [bromeaba] como nosotros”, añadió. Aunque los mediadores les pidieron no hablar de los crímenes en los primeros días para evitar roces, con el tiempo se fueron soltando.

El perdón

Noraldo Patrón relata que lo que más le costó en los últimos 19 años fue que su mamá le pidiera que matara a uno de los asesinos de su hermano. Robinson Barboza era un vecino que conocían desde hace años, pero que los traicionó: les ofreció empleo con un finquero que buscaba vigilantes para su ganado, y luego los entregó a los militares. “Cuando lo íbamos a enterrar, mi mamá me dijo: ‘Mátalo para yo no sentir este dolor que estoy sintiendo’. Me llené de rabia y tuve ganas de salir corriendo a la casa del reclutador, pero una hermana me detuvo”, relata. Durante años, cuenta, sintió angustia por ver a su familia sufrir y deseó no estar vivo.

El hermano de Juan Bernardo Patrón afirma que ahora rehúye de la violencia y el rencor. Incluso frente a Luis Fernando Borja, el coronel que dio las órdenes en la región, lo amenazó durante años, pidió perdón y luego se apartó del proceso de Casa O11ce por desacuerdos sobre cómo debía hacerse. “No quiero ser igual a él. Estar huyendo con un corazón sucio hace que uno no tenga tranquilidad, no tenga nada. Yo sé que él no tiene más tranquilidad que yo: el que hace el hecho es el que queda con la mente perturbada”, dice. “Jesucristo sabe que yo estoy arrepentido de mis pecados, y que mi corazón sigue limpio”, añade. Admira a los comparecientes que sí participaron: “Meterse en donde uno ha matado a un familiar es tener las huevas bien puestas. No íbamos a hacerles nada, pero yo en el lugar de ellos no me hubiera atrevido”.

La culpa

El exsoldado Carmelo Pereira cuenta que por años no sintió ninguna culpa por haber participado del asesinato de unos 20 hombres. “Inicialmente, en 2005, buscábamos resultados operacionales para que nos dejaran salir de permiso en diciembre. Justificábamos las muertes con que eran unos bandidos”, explica, al tiempo que comenta que su familia fue desplazada por las FARC cuando era niño y que eso lo llenó de odio. Hacia 2007, dice, comenzaron a llegar las órdenes de los superiores y ya sabían que mataban a personas sin vinculación con los grupos armados. La justificación pasó a ser que, según ellos, no tenían opción: “Nos decíamos que estábamos amenazados, obligados a seguir cometiendo esos crímenes. Que, si no, nos iban a echar, o a asesinar”.

Hace unos años se acogió a la JEP “para obtener los beneficios jurídicos” y, asegura, empezó a cambiar de perspectiva. “Al principio, sentí mucha vergüenza de tener que mirarlos a la cara y saber que yo participé en la desaparición de sus familiares”, lamenta. “Cuando vi el dolor de ellos, empecé a reconocer la magnitud del daño que había causado”, añade. Llegó el sentimiento de culpa, aunque cree que siempre estuvo en el fondo de su conciencia. Afirma que el perdón de las víctimas le permitió aliviarse de “una carga de muchos años” e insiste en que pudo haber actuado distinto. “Hubiera podido haber dicho que no, y que me trasladaran, o haberme ido del Ejército”.

La participación de Pereira en Casa O11ce produjo tensión con una de las familias: los crímenes de los demás soldados fueron en otras regiones, pero él hizo parte del traslado de uno de los jóvenes reclutados en Toluviejo hasta su lugar de asesinato. Jairo Matallana, gerente de Paz, Justicia y Reconciliación del PNUD, señala que en los primeros acercamientos suele haber momentos difíciles. “Hay miedo de las víctimas sobre la manera en la que van a participar los perpetradores. Es comprensible”, explica. En el caso de Pereira, la cercanía con los demás militares durante la construcción de la casa hizo que los familiares de Elbin Paternina —aún desaparecido— aceptaran acercarse y ahora accedan a que se lo involucre en las actividades de Casa O11ce.

Las tareas pendientes

Matallana enumera varios retos pendientes para los TOAR. “Nuestras encuestas muestran que gran parte de la gente espera que los comparecientes vayan a la cárcel. Por eso es importante que se entienda este nuevo modelo, que tiene a las víctimas en el centro, en el que los perpetradores viven una transformación y en el que comienza a haber beneficios en el territorio”, dice. También señala la falta de financiamiento estatal y enfatiza que la sostenibilidad de Casa O11ce depende del compromiso de autoridades locales: la expectativa es que la Gobernación de Sucre la incluya en sus rutas turísticas de memoria. Explica que una dificultad casi insalvable es que no pueden juntar a los perpetradores directos con sus víctimas. “Los militares usualmente no son del mismo lugar de origen o residencia”, apunta.

El magistrado Roberto Vidal, de la JEP, añade que algunos comparecientes aún minimizan su responsabilidad con el argumento de que cumplían órdenes de superiores y que, a veces, las víctimas aceptan estos planteamientos para perdonarlos. “En las audiencias somos mucho más exigentes, no lo permitimos, pero en la cotidianidad sigue pasando. Creo que ayuda a la gente a tramitar el horror, a no descalificarse tan directamente”, evalúa el magistrado. Sin embargo, enfatiza que estos procesos son los únicos que pueden reconstruir el daño causado a la sociedad: “Castigar [a los perpetradores] no tiene ninguna productividad social. No remedia el daño, ni soluciona problemas productivos que enfrentan las víctimas, que son las personas más pobres de Colombia”.

Patrón recoge este último argumento cuando recuerda a su hermano. “Quizá él podría haber ayudado económicamente a uno de mis hijos, a que alguno estudiara”, comenta. Por eso le entusiasma que una hermana y una hija vayan a ser parte de Casa O11ce, y espera que eso les traiga mejores oportunidades con el tiempo. Su compañera Flórez comparte el entusiasmo, pero está preocupada por la sostenibilidad: “Me da mucho miedo. La energía eléctrica es muy costosa, y es muy duro sostener un negocio así. Sabemos que plata del Estado no va a haber, así que necesitamos otras alianzas”.