Acoso y violencia contra las mujeres

Los momentos altamente complejos que estamos viviendo —momentos de guerras, polarizaciones políticas, líneas argumentativas diametralmente opuestas— suelen desembocar en justificaciones de las violencias. Con todo y la importancia de construcción de acuerdos alrededor de la defensa de la vida, la tarea se dificulta cada vez más. Así se puede constatar en el terreno del consenso global para la defensa de los Derechos Humanos en el que se enmarcan las violencias contra las mujeres.

Los informes de ONU y centros de investigación especializados permiten estimar que alrededor de 900 millones de mujeres en el mundo son víctimas de violencia física o sexual, sin incluir en la misma medición el acoso sexual. Los niveles de denuncia son muy bajos en todo el mundo y las investigaciones coinciden que en general la medición es difícil por esta razón.

Las violencias contra las mujeres son un problema de grave violación a los Derechos Humanos, quizás una de las más generalizadas en el mundo. Particularmente en países como Colombia, con un largo conflicto armado, las consecuencias de la violencia contra las mujeres se agravan e incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas, torturas, abuso sexual, desplazamiento, entre otras violencias como el acoso sexual.

Estas violencias se han generalizado y normalizado al punto que la sociedad enquilosa la discriminación contra las mujeres y la desigualdad en sus estructuras, lo que lleva a que la violencia contra las mujeres se justifique como «actos sacrificiales» que ellas deben aportar para mantener un ordenamiento determinado. Se oculta así el hecho de que ese orden responde a una estructura de privilegios, que en muchos casos puede llevar hasta la muerte de las víctimas. Estos «actos sacrificiales» son asumidos como obediencia a las exigencias de la estructura del poder. La entrega de la vida en su conjunto es entendida como un mandato superior y, en algunos contextos, como un mandato sagrado. Hasta la muerte es justificada como algo bueno y obligatorio y no como un asesinato.

Se trata de una historia que viene desde la época de la esclavitud y la colonización. La mayoría de las mujeres eran excluidas de la estructura económica y política y las injusticias eran presentadas como exigencias del progreso. Las enseñanzas religiosas cumplieron un papel importante al legitimar abusos y violencias, que llevaron al predominio del poder y la acumulación de la riqueza en una estructura económica que afirmaba del uso de la fuerza. Esta tarea de legitimación del avance de la «civilización» se mantiene en el discurso de justificación de la muerte de pueblos enteros y en genocidios como el del pueblo palestino.

Esos escenarios de devastación están copados en su mayoría por las muertes de mujeres, niños y niñas que se perpetran juntamente con la toma del territorio y la usurpación de la riqueza. El asesinato no consiste tan solo en el pillaje de los recursos. Vivimos la mundialización del concepto de verdad y legitimidad por medio de la imposición de un relato que justifica la violencia y el sufrimiento mayoritariamente de las mujeres.

Dado que las violencias son estructurales, la respuesta demanda el cambio de esa estructura que oprime. La violencia contra las mujeres es un mal sistémico que requiere la transformación de la sociedad en su conjunto. Nos enfrentamos a un problema de raíces muy profundas que se ha desarrollado en la cultura, y en los poderes económicos y políticos.

En las situaciones de acoso que han salido a la opinión pública en Colombia, nos enfrentamos a una violencia largamente usada. No es un escándalo coyuntural ni pasajero que les cueste a las mujeres esperar décadas para hacer las denuncias. De otra parte, los sentimientos de solidaridad no se expresan con la contundencia necesaria dada la incapacidad ante el desafío de transformaciones estructurales en este frente de lucha. Hemos de reconocer que compartimos a nivel global una falencia que nos impide suplir esta falta de acciones para acordar los principios básicos que puedan ponerles limite a estas violencias. La indiferencia y falta de humanismo básico por el respeto por la vida de las mujeres solo beneficia la estructura del poder que la sostiene.

En cuanto crece la desigualdad y se usa la violencia para perpetuarla, crece también la opresión para las mujeres y el futuro de las condiciones de vida digna para todos. Con todo y los avances y conquistas de los movimientos sociales, no se desmontan las formas de violencia. De una generación a otra, se sigue exigiendo empatía por parte de quienes ejercen la violencia. Las sociedades se construyen y desarrollan a partir de relaciones dentro de comunidades y el concepto de dignidad nace al calor del reconocimiento mutuo, lo cual pone en contradicción el ejercicio del poder hegemónico dominante que está dispuesto a destruir los acuerdos, las leyes que una sociedad construye para su desarrollo integal.

Marcela Lagarde, feminista y antropóloga mexicana, afirma que “hay un enojo machista por el avance social de las mujeres”. Ese es uno de los factores que inciden en el incremento de crímenes contra las mujeres. Lagarde considera que el empoderamiento de las mujeres en estas últimas décadas, al igual que los avances en las ideas de igualdad y el compromiso de hombres con estas agendas, se han encontrado con una contracorriente de ideología machista que hace énfasis en la exaltación de la violencia contra las mujeres. Se requiere, por lo tanto, un rechazo contundente de la sociedad a la violencia contra las mujeres para enfrentar el miedo a esta violencia.

Las noticias de acoso que están siendo denunciadas en los medios de comunicación que involucran presentadores de sus noticieros, tienen raíces profundas en este círculo. No es fácil seguirle el rastro al acosador. Se requieren, por lo tanto, respuestas contundentes porque por décadas el silencio fue el recurso de las victimas para salvaguardar sus medios de vida. Se han recibido denuncias graves de todo el país con videos testimoniales muy dolorosos del sufrimiento vivido por las mujeres víctimas.

Los avances siguen siendo lentos.El problema es estructural y reafirma la pirámide de desigualdad que el sistema de poder necesita mantener y que requiere del trabajo del Estado en su conjunto.