Reformar la tenencia de la tierra es clave para frenar la degradación del suelo

Durante siglos, la tierra agrícola ha sido uno de los pilares centrales de la seguridad económica intergeneracional. Al escribir sobre China hace casi un siglo, Pearl S. Buck señalaba en La buena tierra: “Si conservas tu tierra, puedes vivir”. Esa afirmación sigue siendo válida hoy. Cuando los agricultores son propietarios de la tierra, tienden a invertir en ella. Cuando no lo son, extraen todo lo posible en el corto plazo, sin incentivos para pensar en el futuro.

Lo que comienza como una decisión racional a nivel del hogar se convierte, a gran escala, en un problema estructural. La degradación del suelo, que hoy afecta a zonas donde viven 1,7 millones de personas con una productividad agrícola en descenso, es en gran medida el reflejo de una inversión crónicamente insuficiente en la tierra.

Esta falta de inversión está a menudo asociada a regímenes de tenencia inseguros. La buena noticia es que esta relación también apunta a la solución: reforzar y hacer cumplir los derechos de tenencia puede convertirse en una herramienta poderosa para frenar la degradación del suelo y reducir la inseguridad alimentaria.

A escala mundial, solo alrededor de una cuarta parte de la tierra cuenta con algún tipo de reconocimiento formal. En el África subsahariana, donde predominan los sistemas de tenencia basados en normas y prácticas tradicionales reconocidas por las comunidades, muchas poblaciones han quedado expuestas a la ocupación indebida, a mecanismos débiles de resolución de conflictos y a la exclusión de servicios y financiación. Más de 1.100 millones de personas creen que podrían perder sus derechos sobre la tierra en los próximos cinco años. Esta percepción de inseguridad se ha intensificado en un contexto de mayor presión financiera y desplazamientos.

La evidencia procedente de Ghana y Malawi muestra que los agricultores que operan bajo acuerdos de alquiler informales o estacionales son mucho menos propensos a invertir en la restauración del suelo, la gestión del agua o prácticas que mejoran la productividad. La razón es sencilla: pueden perder el acceso a la tierra antes de que esas inversiones generen retornos a lo largo de varios años. Además, sin derechos claros sobre la tierra que puedan servir como garantía, los agricultores enfrentan mayores obstáculos para acceder al crédito, a los seguros y a otros servicios financieros necesarios para financiar esas mejoras.

Estos sistemas de tenencia han perjudicado de manera persistente a las mujeres, que representan aproximadamente la mitad de los pequeños productores, especialmente en lo relativo a los derechos de herencia y transferencia. A nivel mundial, las mujeres poseen apenas el 15% de la tierra agrícola y, incluso cuando son titulares de ella, siguen siendo vulnerables a perderla en casos de divorcio o fallecimiento del cónyuge.

La combinación de un acceso legal limitado a la tierra y un acceso insuficiente al crédito, a los seguros y a los insumos productivos ha reforzado ciclos de baja productividad, degradación del suelo y vulnerabilidad entre las agricultoras.

Cuando la tenencia de la tierra es débil o está en disputa, el aumento de la demanda de tierras puede convertirse en un factor de conflicto. En Colombia, la expansión agrícola posterior al conflicto hacia zonas forestales ha generado tensiones allí donde las reclamaciones de tierras siguen sin resolverse. Situaciones similares se han observado en distintas regiones del África subsahariana, donde el débil reconocimiento legal de estos derechos y la inseguridad en las reclamaciones dejan a los hogares expuestos a disputas por la tierra, especialmente en contextos de adquisiciones a gran escala.

Estas tensiones recurrentes han reforzado la necesidad de fortalecer la gobernanza de la tierra como base para la estabilidad y el desarrollo. Desde 2012, cuando las Naciones Unidas respaldaron principios internacionales para la protección de los derechos legítimos de tenencia, incluidos los basados en normas tradicionales, cerca de 70 países han iniciado reformas de sus políticas de tierras. Sin embargo, muchas de estas reformas aún no se han traducido en cambios efectivos sobre el terreno. Los sistemas de resolución de disputas siguen siendo frágiles y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y otros titulares tradicionales continúa siendo desigual.

El margen para actuar se está reduciendo. Recuperar tan solo el 10% de las tierras de cultivo degradadas permitiría alimentar cada año a 154 millones de personas adicionales. Sin intervención pública, el mundo podría enfrentar de aquí a 2050 un déficit de tierras agrícolas equivalente al doble del tamaño de la India.

Por supuesto, una tenencia segura de la tierra, por sí sola, no garantiza la restauración de los suelos. La mitad de las tierras agrícolas del mundo está controlada por el 1% de los mayores productores, muchos de los cuales operan modelos de producción intensivos que pueden acelerar la degradación del suelo si no van acompañados de salvaguardias ambientales sólidas. Por ello, la reforma de la tenencia debe complementarse con una regulación eficaz, incentivos bien diseñados, acceso a financiación y servicios de extensión, y una capacidad institucional robusta.

El aumento de la demanda de tierras, el estrés climático y la adquisición a gran escala seguirán poniendo a prueba la solidez de estas reformas. Que estas presiones se traduzcan en mayor inestabilidad o en una mayor resiliencia dependerá de las decisiones de política pública. Si los gobiernos quieren que los agricultores restauren la tierra, primero deben garantizar que puedan conservarla.