La Unidad de Víctimas duplica su planta de contratistas entre denuncias de cuotas políticas

La Unidad de Víctimas, la entidad encargada de la atención y reparación de quienes han padecido el conflicto armado colombiano, sigue acumulando indicios de corrupción. En los últimos 10 días, su director, Adith Rafael Romero, aprobó la vinculación de unos 2.248 contratistas para el Fondo de Reparación de Víctimas, responsable del pago de indemnizaciones a las casi 10 millones de víctimas de la guerra. Ese fondo, que por 15 años ha operado con una planta de 180 personas, multiplicó su personal sin una justificación conocida. En menos de un mes, y a pocas semanas de las elecciones legislativas, la entidad que tiene una de las chequeras más abultadas del Estado comprometió más de 22.500 millones de pesos —más de 10 millones de dólares— para realizar las contrataciones que han sido señaladas de responder a cuotas burocráticas de los senadores Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, del partido Alianza Verde. La Defensoría del Pueblo envió este lunes una alerta al Gobierno por un posible caso de corrupción en esa entidad.

No es la primera vez que el Fondo está en el centro de denuncias por corrupción. En 2024, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia señaló que la Unidad firmó contratos irregulares por 84.585 millones de pesos en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022). El presidente Gustavo Petro señaló a anteriores directivos de la entidad de cometer corrupción. “No solo produjeron centenares de miles de víctimas en Colombia, sino que además, se robaron parte de los recursos que iban para su indemnización”, escribió en X. Ahora, bajo su mandato, las denuncias se repiten.

Los 22.500 millones de pesos comprometidos en un solo mes superan por lejos los 9.200 millones de pesos que costaron los contratos de la entidad en todo el año 2025, y duplican los 11.300 millones de pesos que la institución tenía previsto utilizar en todo 2026. Un funcionario con un cargo de alta responsabilidad, que habla bajo reserva por el temor a perder su trabajo, denuncia que el pulso sigue: “La orden es llegar a los 3.000 contratistas nuevos”. Esa persona dice haber acudido a una reunión con Romero y con su subdirector, Freddy Orlando Quintero Mogollón, a la que les pidieron entrar sin teléfonos. Allí les dieron otra instrucción. “Nos ordenaron, a nosotros y a las personas que tenemos a cargo, presentar listas de gente que va a votar por los senadores Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, con nombre, cédulas, dirección y teléfono”.

EL PAÍS ya había revelado, en julio de 2025, los vínculos de Romero con los dos congresistas de Santander. El más claro, con Moreno, se da a través de Alfonso Eljach, exalcalde de Barrancabermeja, poder a la sombra de la Unidad y padrino político del senador. Aunque nunca tuvo un cargo en la institución, fue el coordinador de Petro en el empalme con la Administración anterior y ha asistido a reuniones importantes. Dos fuentes de la entidad coinciden en que Romero se dirige como “jefe” A Eljach, quien en su momento lo nombró subsecretario de Riesgo y luego como secretario del Interior de Barrancabermeja.

En la Unidad, son visibles los rastros del poder de los senadores Moreno y Castellanos. El bloque de Eljach y Moreno ubicó a personas como Katherine Gómez Jiménez —exsecretaria de Turismo de Eljach y hoy asesora nacional del Romero en Víctimas—, Luis Carlos Ayala Rueda —exalcalde de Lebrija (Santander) y designado en áreas clave como reparaciones colectivas, valoración y registro— y Sergio Agón Martínez —al frente de la dirección de reparación y reparación colectiva, responsable de aprobar y desembolsar recursos—. El grupo del senador Castellanos tiene como ficha más visible al mencionado subdirector Quintero Mogollón, en juicio por supuestos nexos con el ELN y quien respaldó al senador en su campaña de 2022. Con la suma de los dos, según varios funcionarios de carrera de la Unidad, las decisiones sobre contratación y manejo presupuestal han quedado en manos de un reducido articulado por Eljach.

Los dos senadores niegan las denuncias. Castellanos afirma a este diario que conoce a Quintero, pero niega tener cuotas burocráticas. “Basta con ver a qué senador son cercanas esas personas para sacar conclusiones”, dicen desde su oficina de prensa. El equipo de Moreno se negó a responder las preguntas que envió este diario. “Quieren mezclar el hecho de que hay gente que nació en el mismo departamento [Santander]”, fue la respuesta. “Desde luego que con algunos de ellos se conocieron porque hacían política en la misma región y por actividades sociales, lo que no implica nada malo”. En la negativa a explicar las principales fuentes de financiación de campaña o la participación de funcionarios de la entidad en ella, rechaza de tajo cualquier señalamiento: “No hay un solo hecho concreto que demuestre un vínculo ilegal con la Unidad”, se lee en la respuesta.

A seis semanas de las elecciones legislativas en las que Moreno y Castellanos buscan la reelección, su campaña ha sido respaldada abiertamente por personas cercanas a la Unidad. Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y lideresa LGBTI, ha publicado imágenes y videos de marchas de la campaña de Moreno, con el mensaje “Equipo @EucarisSalasSalas Firmes”. Dos funcionarios de las oficinas territoriales del Valle del Cauca y Chocó cuentan a este diario que hasta allá llega la orden de sumarse y conseguir más respaldos. “Desde diciembre nos dijeron que, para renovar los contratos este año, teníamos que participar en las campañas”, dice un contratista. Contactada por las acusaciones, Salas no respondió a la pregunta sobre su relación con los senadores cuestionados.

Las denuncias por el poder de los dos congresistas en esa entidad no son nuevas. En julio pasado llegaron las primeras evidencias al despacho del presidente Gustavo Petro, aunque solo seis meses después, el 22 de enero, la Casa de Nariño declaró insubsistente al director Romero, quien desconoció varias peticiones de presentar la renuncia. El director saliente se negó a dar respuesta a los cuestionamientos que lo señalan. Lo que sí hizo, después de que funcionarios de la Presidencia publicaran por varias horas la hoja de vida de la anterior directora, Lilia Solano, como reemplazo de Romero, fue presentar una incapacidad médica por una semana. Con ello, era ilegal notificarle su insubsistencia. Fue solo al final de esa baja médica que se expidió el decreto que oficializó su salida.

Pero su salida no cerró el capítulo de favores políticos en la Unidad. Al menos 12 funcionarios de la entidad, consultados por este diario, sostienen que el problema es más profundo. “Quienes realmente toman las decisiones continúan en la entidad. El subdirector general, el director jurídico o la jefa de talento humano son quienes deciden sobre los nombramientos y son claves en la entrega de contratos”, explica un directivo nacional. Otra fuente asegura que la salida fue apenas un gesto simbólico del presidente. “El entramado de corrupción está enquistado”. Todos coinciden en que, puertas adentro, las dinámicas siguen intactas.

El ingreso acelerado de personal sin experiencia en atención a víctimas ya empieza a dejar mella en una entidad que administra una chequera anual de 4,3 billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares). Es una fragilidad institucional adicional en un país que enfrenta picos de violencia armada en el Catatumbo, Cauca, Guaviare o el sur de Bolívar. En esas regiones, la Unidad de Víctimas no ha entregado recursos para reparar a las familias que lo perdieron todo, ni ha establecido puntos de atención para los desplazados. Los dineros parecen diluirse.