Colombia crea empleo, pero sigue atrapada en la informalidad

El mercado laboral de Colombia marca datos récord de desempleo, pero encuentra barreras para formalizar el trabajo. Más de la mitad de los ocupados permanecen fuera de los seguros sociales contributivos —como pensión o salud— y la cifra no ha logrado romper la barrera del 55% durante 2025. El último dato, publicado este viernes, muestra que la cota fue del 55,4%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de modo que el mercado crea puestos de trabajo, pero los derechos quedan rezagados. “Durante el año pasado, la informalidad promedió el 55,7% hasta septiembre”, señala Mariana Quinche, economista de BBVA Research, “prácticamente el mismo nivel de 2024″. La experta agrega que “la última caída apreciable fue en 2023, y desde entonces la curva se quedó inmóvil pese al aumento del empleo”.

Para José Ignacio López, presidente de ANIF, la informalidad en Colombia es un “rompecabezas” complejo. López destaca que, aunque el empleo ha crecido a un ritmo anual del 3,4%, la formalidad resulta transitoria. “Hemos calculado que el trabajador promedio cotiza solo nueve meses al año para luego volver a la zona gris”, explica a EL PAÍS. Es una grieta que se agranda en la base de la pirámide productiva: en las microempresas de hasta diez trabajadores, la informalidad se mueve en torno al 85%, mientras que en las grandes compañías, oscila entre el 2% y el 3%.

No es solo un problema de escala, sino también de incentivos. Cristina Fernández, investigadora de la Universidad del Rosario, sostiene que para las empresas grandes la formalidad “es un buen negocio” porque pueden deducir los costos laborales del impuesto de renta, lo que abarata el costo efectivo de contratar. Entretanto, en las pequeñas y medianas empresas (pymes), como explica Quinche, la película es otra: “Las microempresas no pagan impuesto de renta”, por lo que contratar formal les genera una carga muy alta en sus costos. El resultado es que, para ellas, asumir la seguridad social completa encarece la nómina y hace que, en la práctica, “contratar legalmente sea hasta un 50% más caro” que hacerlo por fuera del sistema. El pequeño termina compitiendo en desventaja con el grande en el mismo mercado. Por eso, frente a la subida del 23% del salario mínimo, Quinche anticipa un ajuste: “Más que despidos masivos, veremos traslados a arreglos informales”.

En comparación con sus pares regionales, Colombia presenta un rezago estructural. Mientras que Uruguay tiene tasas cercanas al 22%, Chile ronda el 27% y Brasil se acerca al 39%, Colombia ha tenido dificultades históricas para perforar el suelo del 55%. El factor que más distancia al país andino no es tanto la informalidad entre asalariados, sino el empleo por cuenta propia, que representa el 47% de los ocupados, casi el doble del promedio de América Latina. Esta cifra de trabajadores independientes supera con creces a la de Brasil (31%), Argentina (26%) o Chile (25%).

Estos independientes se enfrentan a un choque al buscar formalizarse, pues la ley obliga a aportar a la seguridad sobre por lo menos un salario mínimo, incluso si ese mes ganaron menos por trabajos parciales o ingresos irregulares. Así, muchos tendrían que cotizar sobre un ingreso errado y mayor al real, lo que encarece desproporcionadamente la formalidad. “Una gran parte opta por quedarse fuera. Entre los cuenta propia, la informalidad ronda el 86%”, acota Fernández.

El campo, el mayor afectado

La fractura también es geográfica y sectorial. En el campo, la informalidad ronda el 83%; y en actividades como agricultura y ganadería puede trepar hasta el 88%, según el DANE. En las ciudades, el mapa se parte: Bogotá registra cerca del 33% de informalidad, mientras Sincelejo roza el 69%. La formalidad se concentra en islas como la administración pública y la educación, mientras que actividades de baja productividad —como la venta de comidas en puestos y casetas— alimentan el lado informal.

ANIF calcula que justamente ese segmento sumó 77.000 puestos informales en el último año. La economía absorbe mano de obra, pero no la ancla a derechos. Quinche aporta un matiz que ayuda a explicar la causa: “El empleo asalariado creció alrededor de 3,2% en 2025, pero el no asalariado —cuenta propia, empleadores sin nómina formal, familiares sin remuneración o de servicio doméstico— lo hizo cerca de 3,9%. Con esa composición, bajar el umbral es muy difícil, incluso con menos desempleo”. En Colombia, la proporción de mujeres en la informalidad es menor que la de los hombres, en uno de los pocos datos en los que el género femenino tiene un mejor desempeño.

Hay también un desajuste de época. Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, sostiene que Colombia intenta regular un mercado del siglo XXI con leyes del siglo XX. La relación laboral clásica —jornada estable, un solo empleador, contrato indefinido— es hoy la excepción: apenas el 39% de los ocupados tiene un contrato tradicional. Los jóvenes cargan la peor parte: el 56,3% de ellos es informal y la mayoría gana por debajo del mínimo. Guillén propone mover el foco del “contrato laboral” al “ingreso productivo” y permitir cotizaciones por hora o por producto, de modo que la protección social no dependa de una sola forma de vínculo.

El diagnóstico converge en una idea: Colombia necesita rediseñar la puerta de entrada a la legalidad. Mientras la salud y la pensión sigan ancladas a un empleo asalariado de tiempo completo, la economía chocará una y otra vez con el mismo techo. Fernández propone desvincular la protección social del trabajo y financiarla en mayor medida con impuestos, de modo que los más pobres no enfrenten una carga tan pesada para acceder a la legalidad.

El remedio sería una arquitectura de soluciones por región y por sector. Andrea Otero, investigadora del Banco de la República, señala que el país necesita respuestas diferenciadas: formación para los trabajos en los que sobran vacantes y faltan competencias, bilingüismo donde la demanda exportadora lo exige, encadenamientos productivos que suban la productividad de los eslabones con más empleo informal. Hay sectores —como la floricultura o los lácteos— que muestran que la formalización es posible cuando la productividad sostiene la nómina.

El objetivo es claro: que ser formal sea buen negocio para todos. Sin un cambio de diseño —fiscal, legal y productivo—, el país podrá seguir celebrando buenos datos de desempleo, pero seguramente chocará con el mismo techo. La advertencia para 2026 ya está en el tablero y Quinche la formula sin eufemismos: “Si el mercado responde al alza del mínimo con más arreglos por fuera del sistema, Colombia creará trabajo, pero quedará en entredicho la calidad del empleo”.