Colombia busca entender las consecuencias de subir el salario mínimo un 23% en la experiencia previa de Brasil, México y España

El Gobierno de Gustavo Petro ha dado un golpe sobre la mesa esta semana, dando el salto salarial más alto en tres décadas (23,8%). La pregunta que ha rondado desde entonces en los debates del país es si hay ejemplos internacionales de aumentos parecidos que puedan dar luces sobre lo que pueda pasar en Colombia. El Gobierno y sus críticos miran hacia afuera: Brasil, México o España se han convertido en espejos donde se reflejan las promesas y los riesgos de subir el salario mínimo más allá de lo que dicta la ortodoxia económica. Las lecciones son tan dispares como las economías que las protagonizan.

El modelo Lula en Brasil: no creció la inflación, pero sí el gasto público y la deuda

En el primer gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, en 2003, Brasil ensayó una fórmula que hoy vuelve al centro del debate: reajustar el salario mínimo sumando la inflación del año anterior y el crecimiento del PIB de hace dos años. Entre 2003 y 2010, Brasil incrementó el salario mínimo nominal en casi un 100% y en términos reales más del 53%, al tiempo que la inflación se mantuvo en promedio en el 5,8%. Es un caso que el ministro de trabajo colombiano, Antonio Sanguino, cita por estos días como un ejemplo exitoso.

Joelson Sampaio, profesor en la Escuela de Economía de São Paulo, parte de la Fundación Getulio Vargas, lo resume como una política que ha garantizado “ganancia real” y se ha convertido en el principal motor de renta para millones de familias. En un país donde un tercio de la población depende de este suelo monetario —tres veces más que en Colombia—, cada aumento se tradujo en alivio inmediato para quienes viven al filo de la subsistencia. “Alrededor de un 30% de los trabajadores en Brasil reciben un salario mínimo. Para ellos, estos aumentos han sido fundamentales”, explica.

Pero esta historia tiene doble filo. La valorización real del mínimo presionó las cuentas públicas porque las pensiones están indexadas a ese valor. Cada punto por encima de la inflación disparó el gasto y obligó al Estado a emitir más deuda. “El salario mínimo presiona el presupuesto del gobierno porque las pensiones públicas están indexadas a él. Cuando tienes una ganancia por encima de la inflación, eso genera un aumento que estresa el gasto público”, advierte Sampaio. Es el choque clásico con la ortodoxia económica, que prefiere ajustes que solo cubran la inflación para blindar el equilibrio fiscal.

En el frente de precios, el impacto fue menor de lo que muchos temen en Colombia. Según Sampaio, un aumento del 10% en el mínimo apenas suma 0,1 puntos porcentuales a la inflación, concentrado en servicios. “Esto puede hacer que el Banco Central sea más conservador y no reduzca las tasas de interés tan rápido”, señala. De hecho, durante los años de Lula, la autoridad monetaria mantuvo la política monetaria alta en la primera fase para contener presiones, pero la inflación descendió del 9% en 2003 a cerca del 5% en 2010.

La lección más incómoda toca el empleo. “El aumento del salario mínimo puede encarecer la mano de obra y llevar a las empresas a contratar de forma informal o a despedir, pero eso ocurre generalmente cuando la economía está frágil. Si hay crecimiento, ese efecto se reduce”, afirma Sampaio. En otras palabras: la clave no está solo en el tamaño del aumento, sino en la capacidad del PIB para sostenerlo. Esos años fueron el boom de las materias primas, y las exportaciones a China fueron el maná que mantuvo al empleo en cifras relativamente positivas.

El caso mexicano de López Obrador: la alta informalidad frenó un espiral inflacionario

México ofrece una lección compleja sobre los efectos de subir el salario mínimo más allá de lo ortodoxo. En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador duplicó el mínimo en la frontera con Estados Unidos—un alza del 100%— mientras que en el resto del país apenas creció un 5%. La medida estuvo acompañada de una jugada paralela: reducir el IVA del 16% al 8% en esa misma zona fronteriza. “Fue difícil separar los efectos porque eran dos políticas al tiempo”, dilucida Jorge Pérez Pérez, investigador en el Banco de México, aunque para esta conversación habla a nombre propio. Un estudio que hizo encontró que el aumento salarial por sí solo habría empujado los precios en torno al 1,2%, pero la rebaja del IVA los redujo en 2,5%, neutralizando el golpe. El impacto se concentró en rubros de servicios y bienes no transables, donde abundan los trabajadores que devengan el mínimo.

Hay una paradoja cruel: la informalidad actuó como amortiguador inflacionario. “En industrias con mucha informalidad, el incremento [del salario] no se traslada directamente a los precios”, explica Pérez. Por eso los alimentos y otros bienes o servicios de sectores intensivos en trabajo informal apenas sintieron el cambio. “La subida de los precios no sería uno a uno”, agrega el investigador. De hecho, la elasticidad estimada fue baja: sus cálculos arrojan que por cada 10% de aumento del salario, los precios subieron entre 0,2 y 0,3 puntos.

Aquello desmontaría la creencia de que un alza del 23% en Colombia dispararía los precios en la misma proporción. “Los costos laborales son solo una parte del total de lo que venden las empresas”, subraya. Pero advierte que la comparación con Colombia exige pinzas: en México, el mínimo está muy por debajo del salario promedio; en Colombia, roza el 97 % del mediano, lo que amplifica el riesgo.

En el frente del empleo la evidencia es mixta. “Vimos efectos negativos en el empleo formal en el corto plazo, unos seis meses después, pero al final del año se disiparon”, señala Pérez. Otros estudios coinciden en impactos pequeños, aunque persiste la preocupación de fondo: la informalidad no cedió y sigue en torno al 55% en México. “La gran preocupación es que subidas excesivas frenen la creación de empleo formal al tiempo que deje de caer la informalidad”, resume el investigador. En México, la apuesta salarial convivió con un estancamiento del empleo formal tras la pandemia, lo que hace más difícil aislar responsabilidades: si fue el virus o el alto salario el que no creó más empleos formales.

La experiencia española de Pedro Sánchez: las pequeñas empresas desaceleraron la contratación

Los espejos internacionales no siempre devuelven buenas noticias y España es un ejemplo incómodo. En el primer año de gobierno de Pedro Sánchez, a finales de 2018, el mínimo subió un 22% y desaceleró la creación de empleo, sobre todo en las pymes. El economista español José Carlos Díez lo resume con crudeza: “Aquí no hubo destrucción de empleo, pero sí se frenó la intensidad con la que se estaba creando empleo”. Díez matiza el análisis para Colombia, pues “extrapolar ese resultado es engañoso”, ya que cada país tiene su propia estructura laboral, niveles de informalidad y productividad. “El golpe depende de cada mercado de trabajo”, explica.

Hay una matemática tensa tras esta comparación. En España, con una inflación cercana al 2%, las empresas asumieron el aumento como un sobrecosto puro, pues no había margen para diluirlo. En Colombia, la inflación por encima del 5% hace de amortiguador. Ese nivel de precios permite que el golpe se licúe parcialmente porque los ingresos y costos ya vienen inflados. Pero el alivio es parcial, ya que se mantiene el riesgo de que esta subida se convierta en combustible para una espiral de encarecimiento.

Díez, desde la experiencia ibérica, también desmonta el relato redistributivo: “El efecto sobre la pobreza y la desigualdad fue mínimo. España sigue con una de las tasas más altas de Europa. Lo que haces es comprimir mucho: el salario mínimo pasó de ser el mínimo a ser el más frecuente”. Su conclusión para Bogotá es una advertencia sobre la entrada a la legalidad: “Es más efectivo subir el salario gradualmente. El tránsito hacia la formalidad se complica porque el escalón ahora es más alto”, concluye.