El hilo que une la condena de Bolsonaro, el salario mínimo en Brasil y el sistema de pagos Pix
El Gobierno brasileño pretende recaudar más para resolver la crisis fiscal mientras algunas voces apuestan por desindexar la paga básica de las ayudas sociales


Cuando el Tribunal Supremo de Brasil condenó al expresidente Jair Messias Bolsonaro por intento de golpe de Estado, quedaba aún lo que aquí llaman la dosimetría: decidir los años de reclusión. Quien quiso asistió en directo a la negociación entre los cinco jueces porque las deliberaciones son televisadas. Sus señorías protagonizaron un debate que en la mayoría de los países es a puerta cerrada. Aquello recordaba a un bazar. La negociación entre los togados permitió vislumbrar el hilo que une tres asuntos a primera vista tan inconexos como la condena de Bolsonaro, el debate sobre si algunas importantes partidas presupuestarias deben seguir indexadas al salario mínimo y el exitoso sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central, que se llama Pix.
Así funciona la dosimetría: el juez instructor propone una pena para cada delito, resta los atenuantes y añade los agravantes... y ofrece una cifra. El resto del tribunal se suma o hace una contrapropuesta, al alza o a la baja dentro de los límites del Código Penal.
En el caso de Bolsonaro, el otro gran protagonista del juicio, Alexandre de Moraes, el juez instructor, propuso una pena de 27 años más 124 días de multa a razón de un salario mínimo diario. Otro magistrado, Flávio Dino, pensaba pedir más, 31 años, pero, en aras del consenso, dijo, se sumaba a los 27 años. Sin embargo, apeló a “la alta capacidad económica” del expresidente para “aumentar la multa a dos salarios mínimos diarios”.
Al juez Moraes le gustó la idea y aceptó el incremento tras recordar que el condenado “recibió 40 millones de reales [6,3 millones de euros] en Pix”, según él propio Bolsonaro explicó en el interrogatorio, en referencia a la generosa respuesta a su petición de ayuda para costear abogados. El juez Dino apuntó, en tono desenfadado: “No recordaba la cantidad, si no, habría propuesto tres salarios”. Risas en la sala del Supremo. Con el salario mínimo en 1.518 reales mensuales, la multa a Bolsonaro quedó fijada en 376.464 reales (unos 60.000 euros, 70.000 dólares).
Además de las multas, relevantes partidas presupuestarias están indexadas con el salario mínimo, que aumenta por encima de la inflación. De modo que, en la última década, se ha duplicado hasta los actuales 1.518 reales al mes (240 euros). Se calcula que por cada real que aumenta la paga básica oficial, el impacto es de 60 millones de euros anuales en las cuentas públicas porque de él dependen la mitad de las pensiones (las más bajas) y buena parte de las ayudas públicas, incluido el programa Bolsa Familia contra la pobreza.
Por eso, romper ese vínculo es una de las recetas más defendidas por los liberales brasileños para contener la crisis fiscal. Un cambio del que presidente Luiz Inácio Lula da Silva no quería ni oír hablar, pero el pasado junio aceptó analizar “con mucha cautela”. El Gobierno busca fórmulas para recaudar más, pero el Congreso se resiste. Meses lleva empantanada la propuesta parlamentaria para gravar más a los super ricos y cumplir la gran promesa electoral de Lula: eximir el pago del impuesto de la renta a las clases medias (por debajo de los 5.000 reales, 795 euros).
Junto a la propuesta de congelar el salario mínimo asoman otras apuntadas hace años que no acaban de materializarse. Son medidas que eliminarían o moderarían los extraordinarios privilegios de la élite del funcionariado público. Por ejemplo las mil artimañas de los jueces para cobrar supersalarios por encima del techo consagrado en la Constitución. La reforma de la administración pública ha vuelto a la agenda legislativa, pero suscita un escaso interés en comparación con las propuestas para acortar las penas a Bolsonaro y otros golpistas.
Un éxito que sí puede apuntarse el Estado brasileño es el de Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos que molesta a EEUU. Entre los argumentos para el castigo arancelario, Washington incluyó “la caza de brujas a Bolsonaro” y el ágil sistema creado por el Banco Central brasileño en 2020. Para el Gobierno Trump, el Pix hace competencia desleal a negocios estadounidenses, como las principales tarjetas de crédito occidentales o WhatsApp Pay. Los brasileños han abrazado con entusiasmo este sistema inmediato y gratuito que ha bancarizado a millones de compatriotas, se innova constantemente y va de récord en récord. El 5 de septiembre movió más dinero que nunca en un día: 26.000 millones de euros en 290 millones de transacciones.
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