El atentado al activista Yendri Velásquez destapa el drama de los venezolanos que piden refugio en Colombia

El activista venezolano Yendri Velásquez, baleado el lunes en Bogotá, llegó a Colombia en septiembre de 2024 y desde entonces ha enfrentado una espera interminable. Su petición de ser reconocido como refugiado se llena de polvo junto a las de unos 28.000 connacionales que aguardan una respuesta de la Cancillería, según cálculos que la sociedad civil presentó en junio. Mientras tanto, todo tipo de barreras burocráticas le han dificultado acceder a un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria y afiliarse a una aseguradora de salud. No importa que el suyo sea un caso que arroja pocas dudas respecto a que se trata de una persecución política: el régimen de Nicolás Maduro lo detuvo en agosto de 2024 y le anuló el pasaporte. Además de evidenciar los riesgos de seguridad, el atentado del lunes ha expuesto el limbo migratorio que padecen los exiliados en Colombia.

Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana cuestionaron el martes los mecanismos “deficientes” del país vecino para proteger a “decenas de defensores de derechos humanos y líderes sociales que se vieron obligados a huir de Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024″. Cientos migraron de nuevo, a países como Brasil, al fracasar en sus intentos de tramitar un visado especial para venezolanos, lanzado hace casi un año. Otro grupo, en el que se incluía Velásquez, optó por solicitar la protección internacional como refugiado. Tienen la ventaja de que la sola petición les permite permanecer en Colombia e impide la deportación, y el inconveniente de que la espera puede tomar varios años. Mientras tanto, no pueden trabajar: el comunicado denuncia que un permiso provisional de trabajo, lanzado este año, “no está vigente en la práctica”.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) adelantó el martes la publicación de un informe en el que venía trabajando sobre el tema. Allí, valora que Colombia no haya seguido el camino de otros países latinoamericanos de imponer un visado para estancias de hasta 90 días como turistas, pero enfatiza que hay varios problemas para permanecer a largo plazo, ya sea a través de la solicitud de refugio o con el visado. “Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la política migratoria hacia los venezolanos ha avanzado poco y está estancada normativamente. Aunque se implementaron medidas puntuales, no se ha creado una estrategia integral y duradera que garantice estabilidad y derechos plenos”, se lee en el texto.

La Cancillería ha acusado a los venezolanos de ser los responsables de “un colapso injustificado” del sistema de refugio, según una respuesta a la Corte Constitucional en 2023. “Hay una elevada proporción de solicitantes de refugio que son, en realidad, migrantes económicos y sanitarios. Esta situación desnaturaliza por completo la figura de protección”, se lee en el texto. El problema es que el visado, el mecanismo previsto para los migrantes no políticos, pide requisitos imposibles en el contexto venezolano: un pasaporte, antecedentes penales, apostillas. Incluso si consiguen tramitarlos, los costos pueden ser muy altos y requerir de un gestor en Venezuela.

El perfil político

Gran parte de la indignación por el caso de Velásquez radica en que las organizaciones ya advertían de los problemas. La socióloga Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, cuenta por teléfono que en agosto de 2024 enviaron informes a las instituciones colombianas sobre “el cambio de perfil” que han tenido los migrantes en los últimos dos años. Ya no son solo los que huyen de la emergencia humanitaria —falta de alimentos, energía, servicios de salud—, sino los que escapan de la persecución política. “A partir de enero del año pasado, comenzó a darse ‘la furia bolivariana’, con detenciones y marcajes de casas con pinturas y grafitis. Eso generó mucho temor y empezó un flujo silencioso de migrantes que ya no salía en gran número, con una mochila tricolor y una bandera que los arropaba”, explica la académica.

La sensación generalizada es que el Gobierno hizo caso omiso a los reclamos. Velásquez llegó a Colombia en septiembre de 2024. No podía solicitar un visado: le habían anulado el pasaporte y se exponía a tener que abandonar el país si no le aprobaban el permiso a tiempo. La solicitud de refugio le garantizaba que al menos no sería deportado, pero el proceso no careció de dificultades: Bolívar narra que los bancos le negaron al activista la apertura de una cuenta y que una aerolínea lo hizo vivir “una pesadilla” para abordar un vuelo nacional. “[Los exiliados] se mantienen con la caridad de amigos” ante la imposibilidad de generar ingresos propios, apunta la académica.

La gran pregunta es por qué Colombia no toma medidas más contundentes. Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), comenta en una llamada telefónica que el Gobierno está en una posición incómoda. “Es complejo para Petro mantener un diálogo con Maduro y a la vez adoptar una política que reconozca que hay gente migrando de manera forzosa. Por eso, vemos una narrativa de que la migración es culpa de las sanciones contra Venezuela. Y eso hace muchísimo daño: no reconoce que son personas que salen del país con necesidad de protección internacional”, comenta la investigadora.

Algo similar señala Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “El presidente asume que hoy Venezuela es un país democrático, normal, no uno dominado por un régimen en su mayor momento de represión. Esa distorsión lleva al Estado colombiano a no tomar las medidas que debería estar tomando”, evalúa en una llamada. Recuerda que “Colombia es, por naturaleza, el lugar de refugio de los venezolanos” al compartir 2.200 kilómetros de frontera.

La respuesta de Petro

La situación ha tocado una fibra sensible en el presidente Petro. Ya en agosto de 2022, pocos días después de asumir su cargo, respondió con contundencia a una noticia que señalaba que Diosdado Cabello, uno de los cabecillas del régimen venezolano, esperaba la extradición de los opositores que se refugiaban en el país. “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”, respondió Petro, sin medias tintas. Ahora, tras el atentado contra Velásquez y el colombo-venezolano Luis Peche, su prioridad ha sido reiterar este compromiso. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, escribió en X, horas después del ataque.

La socióloga Bolívar le respondió por esa misma red social que los hechos no confirman sus palabras. “Desde el año pasado advertimos los riesgos que enfrentaban las personas venezolanas en el contexto pre y postelectoral y la única respuesta ha sido INADMITIR sus solicitudes de visa y demoras en refugio”, le recordó. Petro evitó responder sobre estos reclamos e insistió en la consigna de que su Gobierno respeta el derecho al asilo. “Son otros países los que echan a los venezolanos como si fueran terroristas”, dijo. La académica sigue enojada. A través del teléfono, se percibe su molestia ante lo que considera una actitud hipócrita: “No me va a venir con el cuento de que acá todos son bienvenidos. ¿Bienvenidos para qué? ¿A mirar el techo o caer en la indigencia porque no hay forma de trabajar?”.