Jóvenes en Paz en el limbo: Petro estanca su promesa para alejar a los más chicos de la violencia

Un programa que buscaba sacar a los jóvenes de la violencia quedó atrapado en la burocracia. Jóvenes en Paz, la principal apuesta del Ministerio de Igualdad para vincular a 100.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, lleva un año de denuncias por incumplimientos en los pagos y retrasos en su ejecución. En menos de dos años, dos sindicatos nacionales —integrados por formadores— se han organizado para exigir al Gobierno Nacional garantías de continuidad y transparencia en el programa que prometía ofrecer educación, acompañamiento psicosocial y apoyo económico a quienes buscaban salir de las calles. El Gobierno insiste en que el programa sigue vivo, pero en los territorios pocos lo creen.

Alejandra Manrique, de 23 años y oriunda de Buenaventura, acaba de radicar un derecho de petición al Ministerio de Igualdad porque le deben 10 millones de pesos (unos 2.500 dólares) por un año de vinculación al programa. “A mi marido lo mataron hace dos meses y yo quedé con mis dos hijos sola. Desde ese momento dejé de ir al programa porque ahora tengo que buscar a diario para la comida, no puedo esperar a que el Gobierno cumpla”, dice. Enfatiza que en los pocos meses que el programa funcionó, ella accedió a educación, a proyectos productivos, a una guardería para sus dos hijos y a acompañamiento psicosocial. Pero la apuesta del Gobierno para proteger a los jóvenes de la criminalidad y la violencia se ha convertido, para muchos como ella, en otro ejemplo de abandono institucional.

Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico, fue una de las ciudades donde el Gobierno apostó por la paz urbana. El 82% de sus barrios está bajo la influencia de actores armados como Los Shottas, Los Espartanos, y también estructuras asociadas a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Allí, más de mil jóvenes se inscribieron en el programa, que permanece en pausa desde junio pasado tras la finalización del contrato de la planta docente en el territorio. “Hay algunos compañeros que siguen en clases, pero a través de una plataforma”, cuenta Alejandra. Otros, como ella, lo han abandonado ante la urgencia de conseguir recursos para vivir.

Jóvenes en Paz fue lanzado en septiembre de 2023, durante la gestión de la vicepresidenta y exministra de Igualdad, Francia Márquez, como una de las banderas sociales del Gobierno. Sin embargo, ha sido víctima de todos los tropiezos políticos de esa cartera, la que tiene más baja ejecución presupuestal del gabinete. La cabeza más visible del programa fue Gareth Sella, el primer viceministro de la Juventud, quien apenas duró ocho meses en el cargo. En noviembre de 2024 fue reemplazado por Pablo Mateo Zabala. Poco después, Francia Márquez fue sacada del cargo y fue sustituida por Carlos Rosero. Los constantes cambios en la dirección del Ministerio coincidieron con la parálisis del programa.

En respuesta a este diario, el Ministerio de Igualdad ha contestado que el programa “avanza en un proceso de transición que implicó la implementación de herramientas virtuales para dar continuidad a sus actividades en diferentes regiones del país”. Son enfáticos, sin embargo, en que la iniciativa no se ha detenido y explican que hay 19.137 jóvenes activos y recibiendo la ayuda económica. “Desde la Dirección de Jóvenes en Paz, se trabaja con el objetivo que paulatinamente durante este mes se retome su componente presencial”, explican en un cuestionario respondido.

En mayo de 2025, en medio de denuncias y protestas de los beneficiarios, el Gobierno declaró el incumplimiento del convenio con la Unión Temporal Territorio y Paz, encargada de ejecutar el programa. La interventoría encontró fallas administrativas, retrasos en los pagos a más de 2.000 formadores y participantes, y un descuento indebido de 890 millones de pesos que nunca aparecieron. Un mes después, el contrato fue terminado, lo que dejó en el limbo a los equipos territoriales y a miles de jóvenes que dependían de esos apoyos económicos. En el papel, el programa sigue vivo; en la práctica, permanece paralizado.

Cuando la crisis del programa alcanzaba su punto más alto, el presidente Gustavo Petro volvió a mover las fichas en el Ministerio de Igualdad con el nombramiento de Juan Carlos Florián como nuevo titular de la cartera. Desde entonces, comenzó a tomar fuerza el nombre de Juliana Guerrero, una joven hasta entonces desconocida en el escenario político, para asumir la dirección del viceministerio de Juventudes. Aunque no llegó al cargo, porque no logró demostrar que tenía un título profesional que la respaldara, —y ahora enfrenta una denuncia por falsedad en documento público—, su nombre no ha dejado de ser sombra en el programa Jóvenes en Paz.

Una exfuncionaria del ministerio que ha pedido reserva de su identidad, dice sin reparos que “cuando el programa se iba a reactivar en junio, Juliana Guerrero frenó la contratación”. Según ella, hubo llamadas y reuniones con el ministro Florián que han dejado en vilo la continuidad del programa. Semanas después, un panfleto comenzó a rondar en el ministerio. “Las hermanas Juliana y Verónica Guerrero (no funcionarias del ministerio) quieren usar estos recursos para que los ejecute la Universidad Popular del Cesar y financiar la campaña política de Ape Cuello (representante a la Cámara por el Partido Conservador)”. En la denuncia hablan del riesgo de que 170.000 millones de pesos se puedan desviar. Consultado el Ministerio de Igualdad por esta denuncia, responde enfáticamente: “A través del Viceministerio de la Juventud, señala que no tiene conocimiento ni participación en las denuncias que buscan vincular a la entidad con una supuesta injerencia en el Programa Nacional Jóvenes en Paz”.

Estas denuncias no son desconocidas en los territorios. Un líder juvenil de Medellín, que prefiere no revelar su nombre por seguridad, dice que en los sindicatos nacionales de Jóvenes en Paz “se sabe de la injerencia de algunas personas que no les interesa que el programa continúe”. Desde el Sindicato de Trabajadores por la Paz, uno de los tres colectivos del programa, han denunciado que, a pesar de que el ministerio ha asumido compromisos para saldar las deudas de meses con los profesores, “no han llegado ni las liquidaciones a los contratos que terminaron en mayo”.

Geovanny Jurado Paz, líder de juventudes de Cali, dice que es de los pocos que se atreve a criticar el programa sin ocultar su identidad. “Acá mucha gente no habla porque votaron por este Gobierno, pero yo sí lo voy a decir, aunque también haya votado por ellos”. Según él, desde junio pasado se han frenado las nuevas contrataciones para la continuidad de los proyectos. “Acá hay injerencias políticas que todos conocemos. Hay presiones y hay utilización de las juventudes”, explica. En su ejercicio de veeduría también presentó una denuncia por presunta corrupción con los operadores del suroccidente, y explica que los beneficiarios han renunciado al proyecto sin que haya un seguimiento del Gobierno. “No existen informes de cuántos muchachos han desistido decepcionados y desesperados”. Dice que siguen apareciendo en los informes como casos de éxito.

Celina Murillo, líder social de la Comuna 7 de Cali, una zona que agrupa varios barrios del distrito de Aguablanca, fue una de las impulsoras de Jóvenes en Paz en la ciudad y participó en su convocatoria. Hoy, sin embargo, es también una de sus principales denunciantes. “Hubo varias clases que no se hicieron porque no había un espacio para realizarlas, pero obligaban a los jóvenes a firmar las asistencias como si hubieran participado”, asegura. La convicción de Murillo sobre las irregularidades no proviene solo de las denuncias que escuchó en el barrio, sino de su propia casa: uno de sus hijos fue beneficiario del programa y también vivió los incumplimientos. “El programa no cumplía con las expectativas porque no les enseñaban nada distinto a lo que ellos aprendían en el colegio”, asegura.

A las denuncias por incumplimientos, retrasos y politiquería se sumó la denuncia de la representante Carolina Arbeláez, que reveló que al menos 209 adultos, de 29 y 30 años, habrían recibido 740 millones de pesos del programa, a pesar de que el decreto 1649 de 2023 fija como límite de edad para beneficiarios los 28 años. En su momento, desde el Ministerio de Igualdad respondieron que se trató de errores administrativos en el registro de cédulas, vacíos de información y que los pagos cuestionados están siendo objeto de verificación. Mientras el Gobierno insiste en que Jóvenes en Paz es una apuesta vigente por la inclusión y la reconciliación urbana, en los territorios crece la sensación de que la paz que se prometió para los jóvenes aún no está cerca.