Un presidente en campaña

Como cada cuatro años, Colombia revive el debate por la participación en política de los funcionarios públicos y hoy con más intensidad porque el presidente Gustavo Petro ha pasado todos los límites en la materia. El procurador Gregorio Eljach hace un llamado a la paz electoral y recuerda en un mensaje a todos los funcionarios que deben abstenerse de participar indebidamente en política. Suena a saludo a la bandera porque esa participación es casi una tradición aunque ha sido más velada, más sutil y menos de frente. Todo presidente quiere que su proyecto político perdure y busca de una u otra manera que el sucesor en el cargo sea de su mismo grupo o tendencia. No deja de ser extraña entonces la prohibición para que participen en política electoral funcionarios que llegan al poder por vía electoral.

Los presidentes son, con alguna frecuencia, los líderes naturales de facto de los partidos o coaliciones que los llevaron al poder y por eso inciden en las elecciones. Lo han hecho con los famosos “guiños”, con mensajes velados, con reuniones discretas y caminando siempre al borde de la ley. Ni qué decir de alcaldes y gobernadores, algunos de los cuales han sido sancionados por hacer campaña incluso montados en la tarima al lado de sus candidatos.

En el espíritu de la prohibición para que los funcionarios públicos participen en política electoral está el deseo de mantener la imparcialidad de la función pública, garantizar la igualdad de condiciones para los aspirantes y proteger los bienes públicos de usos indebidos partidistas. Todo eso es loable… el problema es que poco se cumple. Ni hoy ni antes. Lo novedoso con el Gobierno Petro es que la actividad política partidista se hace de frente, en tarimas, en viajes oficiales, en mensajes de su red social favorita y en reuniones con precandidatos presidenciales. Lo hace el presidente y lo hacen sus ministros.

El presidente habla de la necesidad de ganar las elecciones de Congreso y las presidenciales, pone en agenda la Constituyente como bandera para agitar en la campaña, ordena a su grupo político que haga una consulta cuando sus directivas deciden no hacerla, autoriza el ingreso de un precandidato que divide sus fuerzas. El presidente ejerce desde la Casa de Nariño como el jefe que es de su grupo político. Según la Constitución y las leyes eso no lo puede hacer y aunque la prohibición amerita debate, mientras la ley lo diga debería cumplirse. No manda un buen mensaje el presidente al no hacerlo. Ahora bien, ¿es hora de cambiar las normas que prohíben al presidente y a otros funcionarios participar en política electoral?

Si el presidente como los alcaldes, gobernadores, ministros, son actores políticos por esencia, ¿no es ingenuo pensar que pueden dejar de serlo en la temporada electoral cuando se juega la batalla por el poder? Son pocos los funcionarios que al asumir los cargos públicos logran despojarse parcialmente de sus intereses partidistas para asumir el interés colectivo como mandan la Constitución y las leyes. En otros países existen fórmulas legales o informales que permiten separar las funciones oficiales de los líderes que están al frente de los Estados de sus actuaciones como jefes políticos, pero se asume y se acepta que es imposible separarlos de las funciones electorales de sus partidos. Hay países en los que las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno están separadas para intentar dar claridad, en otros hay reglas sobre qué se puede y no se puede hacer cuando hay funcionarios metidos en el proselitismo político. En cualquier caso no es fácil y en todas partes es motivo de permanente debate y control. ¿Se podría regular en Colombia la participación en política de los funcionarios? ¿No es mejor poner las cartas sobre la mesa y establecer reglas?

La ley 996 de 2005, conocida como ley de garantías, creada cuando se tuvo la posibilidad de la reelección presidencial estableció algunos límites con el objetivo de evitar que el Estado estuviera al servicio de la eventual candidatura del presidente. Con sus más y sus menos esta norma permitió discutir fórmulas para garantizar a todos los candidatos mejores condiciones para participar. Hoy no tenemos reelección y tal vez va siendo hora de barajar y repartir de nuevo para evitar la captura del Estado en favor de un grupo político.

Este Gobierno muestra que las normas existentes no sirven, no se cumplen y parece que no hay manera o interés de hacerlas cumplir porque se violan delante de cámaras y micrófonos con increíble tranquilidad. La campaña apenas comienza y lo que veremos -ya lo estamos viendo- será un uso partidista de recursos públicos en favor del candidato que tenga el respaldo del presidente. Aunque toda norma se termina violando, se debería aceptar que los funcionarios hagan política con unos límites claros que puedan ser susceptibles de mayor control. También sería bueno debatir este asunto en frío y no, como suele hacerse, en medio de la calentura electoral.