Petro choca con los tecnócratas y rompe con las mayorías en el Banco de la República

Mientras la junta directiva del Banco de la República afina los últimos detalles para la reunión del próximo martes, casi todos los actores del mercado dan por segura una votación que mantendrá inalterada la tasa oficial de interés en el 9,25% actual. Pero el suspenso, como siempre, se siente en el ambiente, especialmente por la tensión entre dos posturas opuestas: en los últimos tres años, el debate ha estado marcado por la presión política del Gobierno de izquierdas, que tiene representación y voto en el órgano a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila. En esta ocasión, sin embargo, el ligero rebote inflacionario en agosto reduce el margen de maniobra del oficialismo en su pulso contra el ala más ortodoxa del banco central.

Colombia vive, hasta cierto punto, una coyuntura similar a la de Estados Unidos, donde la independencia de la Reserva Federal atraviesa una suerte de crepúsculo ante los embates del presidente Donald Trump. Los vientos políticos en ambos casos han cambiado y con ello se ha instalado una leve corriente de desconfianza hacia el trabajo de decenas de tecnócratas a cargo de las decisiones en sus respectivos bancos centrales. Si bien es cierto que Petro ha sido más respetuoso de la junta y de su gerente, Leonardo Villar, también lo es que se ha servido de su cuenta de X para desfogar contra su postura cauta en el proceso de aterrizaje de los tipos.

El tema está estrechamente ligado a la rigurosa vigilancia que Colombia, al igual que el resto del mundo, ha mantenido sobre los precios desde la pandemia. La paralización económica de 2020 y 2021 desató una montaña rusa inflacionaria que estalló en 2022 y 2023. En aquel entonces las familias colombianas, que habían acumulado ahorros durante el confinamiento, comenzaron a gastar con desenfreno. Haber dejado el inesperado período de hibernación fue motivo suficiente. Esta explosión del gasto llevó la inflación a un techo histórico de 13,22%, el nivel más alto en 23 años.

Como desde la Constitución de 1991 la política monetaria es responsabilidad de un Banco de la República independiente del Ejecutivo, la entidad intervino y elevó la tasa oficial a la que presta liquidez al sistema financiero: los tipos de interés pasaron desde el 1,75% en enero de 2022 hasta un tope de 13,25% en diciembre de 2023. La resaca económica fue evidente. El método clásico de la política monetaria para enfriar el mercado y controlar la inflación —aun con la meta pendiente de recuperar una banda cercana al 3%— implicaba riesgos ya conocidos.

Fue en ese momento que el emisor inició el farragoso proceso de recortes a cuentagotas que ha llegado hasta el 9,25% actual. Y con ello, también florecieron los desencuentros entre un bloque mayoritario de entre los siete miembros de la junta y un Gobierno urgido de acelerar la marcha para levantar el vuelo de la economía que, en 2023, creció un exiguo 0,6%.

No es la primera vez que un presidente disiente de la gestión del banco central. Sí lo es, apunta la excodirectora Carolina Soto, que lo haga de forma tan agresiva y reiterada. Por momentos, incluso confusa. Hernando Zuleta, decano de Economía en la Universidad de Los Andes, concuerda: “Lo novedoso es que el Gobierno presuma de la reducción de la inflación, pero denigre del nivel de la tasa de interés”. Esta contradicción ha quedado plasmada en múltiples ruedas de prensa, publicaciones en redes sociales o discursos del mandatario. “Petro y Trump, aunque situados en puntas opuestas del espectro político, coinciden en utilizar narrativas sin sustento técnico o con cierto desprecio por la evidencia”, apuntala Soto.

No obstante, las decisiones tomadas en la junta no escapan a la influencia de prejuicios políticos. Fuentes cercanas a las deliberaciones aseguran que el año pasado, por ejemplo, hubo votaciones donde los técnicos del banco evidenciaron señales para acelerar los recortes. Los hoy excodirectores Roberto Steiner y Jaime Jaramillo Vallejo, sin embargo, se mostraron inflexibles. Sus reparos echaron el freno de mano a través de movimientos guiados, en alguna ocasión, más por aprehensiones ideológicas que por criterios objetivos, según un testigo.

El descontrol de los 80

La estructura del banco central colombiano está concebida a prueba de presiones políticas. Su autonomía se refleja en la limitación de cambiar, discrecionalmente, solo dos de los cinco integrantes de tiempo completo de la junta a mitad de cada cuatrienio presidencial. Se trata de un cortafuego contra la posibilidad de que una Administración renueve simultáneamente la mayoría de sus miembros. Además, el gerente general, que también vota en la junta, es un cargo estable: el mismo órgano lo elige cada cuatro años, con opción de reelegirse hasta por un máximo de 12. “Todo esto hace que el horizonte temporal del Banco de la República sea diferente al de un Gobierno que dura solo 4 años”, abunda Zuleta.

Gustavo Petro designó el pasado febrero a Laura Moisá y César Giraldo en lugar de los mencionados Steiner y Jaramillo. Desde entonces, muchos se preguntan si la presencia de dos economistas alineados con la visión del oficialismo lograría inclinar la balanza para impulsar recortes más drásticos en las tasas de interés. Pero en un contexto donde la fragilidad económica aún es latente, las votaciones mayoritarias han optado por la cautela, y apenas han bajado 25 puntos básicos en nueve meses. Hoy la pregunta entre los analistas es si el rebote inflacionario de agosto, que jaló la aguja un puñado de centésimas por encima del 5%, supone un simple hipo transitorio.

Uno de los argumentos recurrentes que ha esbozado el gerente del banco, Leonardo Villar, es el de la inestabilidad fiscal. El déficit, según proyecciones del Gobierno, cerraría el año en 7,1%, una variable que inquieta a los mercados. Los banqueros centrales saben que el terreno es movedizo para arriesgar con giros bruscos. Por eso han puesto sobre la mesa las ventajas de mantener las tasas: si el emisor baja demasiado rápido, los capitales que buscan ganar rentabilidad se irán. Hoy los bancos comerciales, de hecho, se hallan entre los mayores compradores de títulos de corto plazo del gobierno, que rinden un 9% o 9,5%.

Pero mientras la rentabilidad de los créditos favorece a algunos, la gran mayoría de los colombianos pierde capacidad adquisitiva y aire financiero para pedir préstamos. La contracara del alza a los tipos, de forma breve, es que la economía se desacelera. La jerga técnica acuña el término ‘coeficiente de sacrificio’ para reflejar sus estragos en mayor desempleo y menor crecimiento: “Hay cierto consenso en que es costoso”, aquilata Zuleta. Por eso recuerda que en los años 80 el país navegaba con tasas de inflación promedio del 22% o 25%. Y aquel es un período complejo y plagado de condiciones adversas que nadie quiere revivir.