Kyle Johnson: “El Estado combate a los grupos actuales como si fueran las FARC de hace 20 años”

Colombia atraviesa una escalada de violencia en pleno año preelectoral, que evidencia una profunda descomposición institucional en los territorios. La crisis humanitaria del Catatumbo —con decenas de muertos y más de 50.000 desplazados— ilustra dramáticamente esta realidad. Solo en la última semana, el derribo de un helicóptero en Amalfi cobró la vida de 13 policías, mientras que una explosión en Cali dejó seis muertos y cerca de 80 heridos. Entre 2023 y lo transcurrido de 2025, 629 policías y militares han sido secuestrados, tanto por organizaciones armadas ilegales como por comunidades campesinas e indígenas instrumentalizadas. Una de las personas más indicadas para explicar lo que ocurre es Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses, magíster de ciencia política y conocedor del conflicto colombiano desde esos territorios.

Pregunta. CORE acaba de presentar un informe sobre la expansión de los grupos armados ¿cómo entenderla?

Respuesta. Nosotros estudiamos cuatro variables. La primera es lo militar, que incluye su expansión territorial y cuántos miembros tienen, según los datos de inteligencia. Encontramos que todos los grupos operan en más municipios que hace 3 años, y que también han crecido en integrantes. Pero el aumento ha sido desigual. El Clan de Golfo es el que más se ha expandido y más ha crecido, Tiene unos 7.500 miembros, casi el doble que hace cuatro años. En cambio, el ELN casi no se ha expandido, y está estable en la cantidad de miembros.

P. ¿Por qué esas diferencias?

R. El ELN va perdiendo en varios conflictos locales. Aunque está ganando en el Catatumbo, y está perdiendo con el Clan del Golfo en el sur de Bolívar, Antioquia o Chocó. Las disidencias, pese a que se han dividido, también han crecido en tamaño. Quizás el más débil es la Segunda Marquetalia, que hoy es la disidencia más pequeña y con menos cobertura territorial, con la mayoría de sus miembros en Venezuela. Las otras disidencias han llegado a nuevos lugares. Las que comanda Calarcá, al Huila y un poco a Tolima; las de Mordisco se expanden en la zona amazónica y un poco en el suroccidente y occidente del país.

R. ¿Los ceses al fuego decretados por el Gobierno con varias organizaciones fueron culpables de su expansión?

R. La respuesta depende del grupo. Cese bilateral formal, firmado entre Gobierno y grupo, solo hubo dos. Uno es el EMC, que en 2023 aprovechó el cese para expandirse al Huila. Pero el otro, el ELN, vivió un año del cese sin un fortalecimiento o expansión similar. En contraste, el Clan del Golfo se expandió pese a que solo hubo un cese informal de tres meses a comienzos de 2023, y la Segunda Marquetalia tampoco formó un cese y creció de Putumayo a Caquetá y Amazonas.

P. ¿Cómo encontraron la situación en la segunda variable, las economías ilícitas?

R. En este frente es más difícil tener datos claros, pero todas las economías ilegales han crecido o se han hecho más rentables. En el narcotráfico, tenemos más producción de cocaína que nunca; en la minería ilegal, el precio del oro está en su récord momento; en extorsión, hay mucha evidencia anécdota de que se ha hecho mucho más generalizada en las zonas de conflicto. Además, los grupos tienen fuentes de recursos que hace 10 años no eran existían, como la deforestación o el tráfico de migrantes por el Darién. En suma, tienen más plata.

P. ¿Cada qué tanto incide del crimen transnacional, los carteles mexicanos o venezolanos?

R. Los carteles mexicanos son muy importantes en el narcotráfico. Aunque a veces están en el terreno, su papel principal es financiar las operaciones y, por esa vía, controlan el negocio. También hay actores europeos, asegurando el envío de cocaína hacia Europa, lo que se nota en el aumento de los volúmenes en varios puertos importantes de Europa, y actores de Venezuela y Ecuador, dos rutas importantes para esa exportación.

P. ¿Qué factores explican las dificultades de la fuerza pública para controlar el auge de las economías criminales?"

R. Es un papel complicado. Entra en juego la estrategia y la política de seguridad, que bajo Duque fue menos efectiva de lo que quisiéramos. Petro trajo cambios importantes en el papel, pero no fueron implementados, entonces hemos visto la continuidad y, recientemente, el refuerzo de una política que está pensada para enfrentar las FARC de hace 20 años. La política necesita reflejar mejor el cambio de contexto. El Estado también carece de los soldados suficientes para enfrentar todas las disputas que coexisten. Para hacer operaciones grandes, mueve tropas de una zona a otra, y deja a la primera descubierta. Por último, hay dificultades políticas entre el Ministerio y el presidente.

P. Ustedes también encontraron un efecto por la corrupción militar o por las posibles omisiones en enfrentar a los grupos ¿En qué zonas lo vieron?

R. Aunque en este informe no abordamos tanto el tema y es muy difícil tener una evidencia sólida, hay casos emblemáticos de esos problemas. Recuerdo el de un general que sacaron del Cauca porque en la prensa aparecieron audios que señalaban que él se reunía con grupos armados. En todo caso, la gente puede percibir que el Ejército no actúa por corrupción, pero que no lo haga por falta de capacidad o por una estrategia de entrar y salir de una zona.

P. ¿Cómo está la cohesión interna en estas organizaciones criminales?

R. En ese aspecto encontramos un debilitamiento. Las disidencias intentaron crear una jerarquía centralizada al estilo de las FARC, pero fracasaron y vemos divisiones como la de Mordisco y Calarcá. La Segunda Marquetalia también lo intentó y también fracasó. De allí la atomización de estos grupos y la mayor fragmentación de los conflictos. El ELN, por su parte, siempre ha tenido temas internos difíciles, pero ahora perdieron abiertamente un frente, Comuneros del Sur, y eses es un retroceso en su cohesión. El Clan del Golfo, que no es perfectamente centralizado y han tenido problemas como los que los llevaron a matar a su propio comandante de bloque en el Chocó, es el que más ha podido mantener la cohesión. Tienen un estado mayor, un cuerpo de liderazgo, pero sobre todo muchas lealtades individuales. Además, como participa más directamente en las economías ilícitas, los financiadores y el grupo tiene un interés muy claro en asegurar que esos negocios funcionen bien. Y como todos los miembros se benefician de eso, han podido evitar divisiones abiertas.

P. La cuarta variable es la gobernanza de estos grupos ¿Cómo funciona en la vida cotidiana?

R. Nosotros vemos cuatro áreas de esa gobernanza. Una es la oferta de protección, cuando argumentan que están ahí para que evitar que entren otros grupos a hacer daño; puede ser perversa, porque ellos mismos ejercen violencia. Otra son las normas. Obligan a la gente a no tener contacto con el enemigo, a cumplir horarios de movimiento, prohíbe los robos las o violencias, regulan cuánto deforestar... El tercer aspecto es que ofrecen justicia. Si te presento plata y no me pagas, puedo ir al grupo a que me resuelva el problema. Vemos que usualmente las juntas de acción comunal también cumplen ese papel de juez, y las personas acuden al grupo solo como segunda opción. Y la cuarta faceta es mantener la economía andando, así la extorsionen. Además de esos mínimos, en algunos casos hacen vías o construyen clínicas.

P. ¿Los clanes los políticos locales participan de esa gobernanza?

R. En los lugares donde esos grupos gobiernan, si puedo simplificar y con la excepción del Clan del Golfo, no hay Estado para competirles. Sí existen denuncias de acuerdos entre gobernantes locales y grupos para algunos temas, desde asuntos electorales hasta la implementación de proyectos con su aval, pero no hay pruebas. En todo caso, se nota la poca capacidad de los gobiernos locales, de las alcaldías que son muy pobres.

P. ¿Hay territorios que hayan logrado liberarse del conflicto y de estos poderes?

R. La violencia que vemos hoy es mucho menor de la que veíamos antes del proceso de paz con las FARC. En Colombia, en términos estadísticos, está mejor y hay avances en lugares como el sur de Tolima. Allí hoy se denuncian movimientos de grupos armados muy pequeños o algunas extorsiones, pero sí ha avanzado. Eso no es poco en la región en la que Alfonso Cano se movía antes de su muerte en 2011 y donde se fundaron las FARC. Desafortunadamente, el conflicto que se cerró con las FARC no era el único que había en el país, y muchos de los lugares donde operaban las FARC hoy tienen una injerencia fuerte de otros grupos.

P. En esta nueva fase del conflicto, más difuso, pero letal ¿Cuál sería la política de seguridad necesaria?

R. Esa es la pregunta del millón. Se necesita que la política de seguridad tenga como elemento central la protección de la población civil. Debe ser más específico e intensional que hoy. Eso requiere definir cómo se ve en las operaciones y las estrategias militares, o de la policía. El resto del Estado debería aprovechar los socios locales que tiene en algunas zonas, como los resguardos indígenas o los consejos comunitarios afro, que tienen derecho a gobernar su territorio. Fortalecerlos es supremamente importante. En otros lugares, la oferta estatal debe tener un elemento de justicia, así sea informal, para que se hagan cumplir las leyes. Puede ser con la policía, con las juntas de acción comunal o con la justicia indígena. Y, finalmente, el Estado tiene que asegurar que funcione la economía legal para que la gente pueda sobrevivir, pues en muchas zonas con conflicto armado solo hay economías ilícitas, que el Estado no puede regular. Esto se vincula con necesidad de desarrollo, en el que la educación es fundamental. En cualquier lugar al que vamos encontramos una infraestructura educativa, pero faltan los profesores. En todo caso, la clave son las expectativas. Esto no se resuelve en tres o cuatro años. Necesitamos políticas de Estado para que esto se vaya resolviendo poco a poco.

P. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de sometimiento al Congreso ¿No sería un incentivo perverso para estas organizaciones?

R. No, porque cualquier organización criminal tiene de por sí el incentivo para fortalecerse y expandirse. Siempre van a querer más poder, independientemente de la oferta legal en caso de una negociación.

P. ¿Pero qué tipo de poder? Porque no estamos hablando de expectativas políticas, sino económicas.

R. Exacto, y eso nos lleva a un punto muy interesante: qué ofrecer. Si creemos que el único incentivo es económico, no tienen incentivo de negociar nunca porque ganan plata estando en la guerra. Nos podemos enfocar en reducir las ganancias de la guerra, como ha buscado este Gobierno sin mayores éxitos. O podemos buscar otros incentivos para que quieran negociar.

P. ¿Cuáles incentivos?

R. En eso falta más investigación. A nivel internacional se está hablando de incentivos emocionales, recordando que son personas que tienen intereses más allá de lo fríamente económico. Puede ser su familia, su bienestar, el cansancio de estar en la guerra. De hecho, algunos del Clan del Golfo buscan tranquilidad, quieren jubilarse, por así decirlo. Puede funcionar explorar esos caminos.

P. ¿Suena un poco ingenuo, ¿no? Estamos hablando de criminales, que todos los días causan un daño profundo en la sociedad.

R. Como lo dices, son personas en actividades criminales. Pero son personas. Y aunque han hecho lo peor que uno pueda imaginarse, han puesto bombas, han cometido masacres o desapariciones forzadas, hay ejemplos de negociaciones con el crimen organizado más allá de la plata.

P. ¿Tiene algún referente?

R. Funcionó en El Salvador, aunque negociaron bajar el nivel de homicidios, no la paz como tal. Ecuador tiene casos de negociación con pandillas, Estados Unidos tiene otros. Pero eran acuerdos muy puntuales, como bajar la violencia sin desmantelar la organización criminal. Entonces nos dan pistas, pero no soluciones. Lo que sé es que, si partimos de que el interés económico es tanto, su incentivo es quedarse en la guerra. No se puede negociar nada. No hay absolutamente nada que hacer.