Las grandes empresas en Colombia pagan menos impuestos que las ‘pymes’

La línea de debate en materia de impuestos es muy fina. Colombia no es la excepción. Y la conclusión de un nuevo trabajo de la Universidad Javeriana promete sacudir una vieja discusión: en promedio, las empresas más grandes del país pagan una menor tarifa efectiva por el impuesto de renta que las pequeñas. Es decir, el aporte real de las multinacionales y gigantes petroleras o energéticas al fisco es menor, en proporción, que el de la gran mayoría del enjambre de medianas y micronegocios que suman algo más del 99% del sistema productivo ¿La razón? Al amplio menú de beneficios tributarios, se suma su enorme capacidad de contratar pools de abogados y exprimir hasta la última gota legal en busca de rutas o herramientas de elusión fiscal.

Los resultados del trabajo, aun en proceso de revisión académica, refuerzan investigaciones previas. “Nosotros calculamos a cuánto podría ascender el hueco fiscal que dejan los beneficios que reciben los sectores más grandes. Y solo por impuesto de renta corporativa puede estar entre 14 y 17 billones de pesos”, explica la académica del Observatorio Fiscal de la Javeriana de Cali Liliana Heredia. Se trata de una gran recaudación en potencia. Sobre todo en un contexto en el que el Banco de Bogotá acaba de publicar un informe donde revela que la caja de la Nación alcanzó el pasado 8 de agosto un piso histórico de 1,8 billones de pesos –el promedio ha basculado entre los 20 y 25–, o cuando el Gobierno anuncia una nueva reforma tributaria para llenar un hueco de más de 36 billones de pesos.

En Colombia, todas las compañías enfrentan una tarifa nominal del 35% sobre sus beneficios. En la práctica, sin embargo, la tarifa vería enormemente: “Lo que nosotros hemos encontrado es que no es así. Las más grandes, que son unas 2.700, o menos del 0,5% del total, han llegado a reducir el gravamen al 21 o 22% en algunos años”, explica el economista Miguel Ángel Rodríguez, coordinador de investigaciones del centro de pensamiento Cedetrabajo.

La situación es más sensible cuando se despieza la tabla por sectores. Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal Javeriano en su capítulo bogotano, explica que la brecha genera distorsiones y erosiona la competitividad: “Colombia, por Constitución, debería tener un esquema tributario progresivo. Y lo que vemos es que, por el contrario, a medida que los recursos financieros de las empresas aumentan, la tasa de renta decrece. Esto es un punto que no se ha debatido suficiente”.

Entre los más beneficiados de ese reducido y poderoso club se hallan las entidades financieras: “A pesar de sus elevados rendimientos, son las que menos pagan y han alcanzado una tarifa promedio del 16% o el 15%”, detalla Rodríguez. Las consecuencias del desbalance entre los grandes bancos y los medianos y pequeños negocios que tratan de mantenerse a flote se recrudecen a medida que el déficit estatal se encamina a superar el 7% este año –la hoy congelada regla fiscal había presupuesto mantenerlo por debajo del 6%–.

Las fuerzas políticas, disuadidas a menudo por el músculo del lobby empresarial en el Congreso, han sido incapaces de modificar la arquitectura estatutaria, y de poco han servido las sucesivas reformas aprobadas en los últimos tiempos.

A todo lo anterior se suma un viejo contencioso teórico. Las corrientes más conservadoras en economía suelen arremeter contra cualquier alza tributaria. Su mantra es claro y tiene sus mejores defensores en Donald Trump o el presidente argentino Javier Milei: rebajar los impuestos a los más ricos, sean personas naturales o jurídicas, es la única ruta clara de crecimiento. Se trata de una tesis que ha sido en buena medida rebatida por diversos organismos internacionales y estudios académicos publicados en los últimos años.

El país de los 300 beneficios

Los datos de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) señalan que el país cuenta con algo más de 300 beneficios tributarios que el Estado ha otorgado a las empresas sin un análisis sopesado, según los académicos. “Hace poco se aprobaron 6 nuevas deducciones. De hecho, mapearlas es muy difícil porque buena parte de la legislación tributaria no se concentra en el estatuto tributario. Los ministerios impulsan sus iniciativas como leyes paralelas y después es muy difícil desmontarlos porque la Corte Constitucional los considera derechos adquiridos”, argumenta Heredia.

Comparado con países industrializados, salta a la vista una diferencia. En Europa los ciudadanos asumen, en promedio, cerca del 70% de la recaudación del impuesto sobre la renta, y en Estados Unidos un 50%. En Colombia, las personas naturales aportan apenas un 20% y el resto corresponde al sector empresarial, expone Jorge Orlando Villabona, exdirector de la DIAN.

De cualquier forma, las compañías más fuertes en Colombia se han empecinado, desde hace unos años, en publicitar la idea de que soportan la carga fiscal más pesada de la OCDE. Los informes académicos y de centros de pensamiento han demostrado, sin embargo, que en algunos casos la realidad no es como la dibujan. Y entre las fallidas medidas para equilibrar el terreno se halla la propuesta de confeccionar una tarifa diferencial que tenga en cuenta el tamaño de las empresas.

“El Gobierno logró dos acuerdos importantes en 2022. El primero estipula que ninguna empresa en Colombia puede pagar menos del 15%. Y el segundo establece que las corporaciones que logren justificar los criterios para conseguir deducciones o reducciones, solo podrán reducir el tipo hasta el 3% sobre sus ingresos brutos”, recuerda Rodríguez. El experto añade que, según un monitoreo parcial, la medida ha logrado un ligero incremento en el gravamen de los más grandes: “Se logró recuperar una parte pequeña de esos recursos, pero aún se queda corta”.

Con estos precedentes, no sobra recordar que la evasión en Colombia supone un delito gigante. Los cálculos más optimistas han estimado que este fraude le deja al fisco un agujero anual de 100 billones de pesos. Se trata de una sumatoria de obstáculos que, a pesar de estar diagnosticados, aún tienen a Hacienda contra las cuerdas. “No solo es el hecho de que las grandes tengan tasas más bajas”, finaliza Liliana Heredia, “sino además la opacidad en la información. Por ejemplo, muchas de ellas se ubican en las zonas francas uniempresariales y con eso tienen ganado un porcentaje de reducción tributaria. Pero buscar datos precisos sobre su funcionamiento, un requisito básico para una serie de actores que reciben beneficios, es muy complicado”.