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Los interrogantes que deja la alianza entre los casinos en línea y la liga profesional de fútbol colombiano

Los uniformes de 19 de los 20 clubes profesionales portan el logo de plataformas virtuales que en otros países han sido señaladas por prácticas opacas

Final de la liga BetPlay en Bogotá, el 24 de junio de 2025.
Camilo Sánchez

En uno de los puntos más bajos del fútbol profesional colombiano, a juzgar por la modesta participación de los clubes en torneos internacionales, el capítulo de los patrocinios ha movido sus pilares. De los 20 equipos en primera división, 19 son auspiciados por plataformas de apuestas en línea. En otro momento la noticia habría resultado intrascendente, pero la penetración de estos casinos digitales en la vida de millones de hinchas plantea una serie de dilemas. Ni la División Mayor del Fútbol Colombiano, responsable de las competiciones locales, ni la FIFA, han logrado blindar al deporte de la fuerza del dinero de las apuestas. Bastaría recordar que el torneo profesional lleva el apellido de un operador colombiano de juegos de suerte y azar: BetPlay.

Detrás se halla un negocio muy lucrativo. En 2024, el sector de las apuestas digitales representó un 0,18% del PIB, reportados como parte de un renglón estadístico oficial más amplio denominado como “actividades artísticas”, que se ha convertido en una de las grandes palancas económicas del país. Por todo ello, el proceso de aterrizaje en el rentado local ha sido un proceso tan cuestionado como fluido y que ya contaba con antecedentes en otros países. De hecho, la Premier League inglesa, uno de los dos torneos de clubes más poderosos del mundo, acordó de forma colectiva retirar el patrocinio de estas firmas digitales del pecho de las camisetas de los equipos a partir del próximo año.

En Colombia, sin embargo, los clubes carecen del margen de maniobra para negociar o recortar los millonarios ingresos publicitarios que generan por ese canal. Se calcula que BetPlay le gira más de 10 millones de dólares anuales a la liga y los torneos locales para asegurar su predominio publicitario —el único club que resiste, como la aldea gala de Astérix, es Águilas Doradas de Itagüi—. El abogado César Giraldo recuerda que este negocio es algo reciente en el país. Y si en las grandes ligas las autoridades ya tenían sus ojos puestos en 2010, en Colombia empezó a pisar fuerte en 2015.

El abogado deportivo Andrés Charria identifica razones de fondo para ello: “Los clubes en Colombia no tienen ni estadios propios ni buenos ingresos por boletería. Además, los derechos de televisión, a diferencia de la mayoría de países, están muy mal repartidos y no atienden al fútbol. En ese orden de ideas las casas de apuestas han entrado a suplir esa necesidad de recursos de unos equipos que son intensivos en capital. Es la única forma de absorber los costos de nóminas con 27 o 28 jugadores, algunos de ellos cobrando 40 millones de pesos mensuales”.

Pero la relación entre apuestas y fútbol suele ser problemática en el mundo entero. La organización deportiva, desde hace algún tiempo, ha sido objeto de escándalos por presunto amaño de partidos. Un asunto que ha llegado a otras categorías. Este año, por ejemplo, la lupa se ha puesto sobre la competición femenina a raíz de las revelaciones de la exentrenadora del Junior de Barranquilla. La directora técnica Yinaris García denunció el pasado mayo en sus redes sociales que siete de sus jugadoras se habrían prestado para amañar partidos, cometer errores para beneficiar a sus rivales, propiciar penales, dejarse hacer goles y otro tipo de conductas antideportivas, que estarían engarzados al mundo de las apuestas digitales.

Para sustentar su acusación, García aportó capturas de pantalla de conversaciones privadas en WhatsApp donde sus dirigidas estarían pactando de antemano el resultado de un encuentro que perdieron por goleada ante Independiente Santa Fe.

En los últimos dos años, el equipo barranquillero, o tiburón, ha contado con el patrocinio de las casas de apuestas digitales Wplay, primero, y ahora BetPlay. Ninguna de las dos plataformas virtuales ha sido ligada al escándalo, pero su presencia casi ubicua en las competiciones locales funciona como un juego de espejos en medio de las denuncias y especulaciones que se van apilando en los medios de comunicación. Solo a finales de 2024, cuando se acercaba la final del torneo, ya se contaba una seguidilla de denuncias de posibles amaños cometidos por jugadores del Envigado, Boyacá Chicó o Patriotas.

José Alejandro Sierra, abogado en derecho deportivo, no ve tan clara la relación entre los dilemas éticos y el papel de las casas legales de apuestas. Considera que la regulación en Colombia es de las más estrictas en Suramérica. Recuerda, por ejemplo, que para que estos sitios digitales puedan operar deben estar constituidos en el país. Sierra conoce bien el terreno. Durante un tiempo asesoró a una de las grandes casas a través de una firma de abogados. Quizás por ello, sin embargo, tampoco niega que haya problemas vinculados al mercado negro: “Colejuegos realiza seguimientos constantes, con la ayuda de Interpol, y bloquea las páginas cuando detectan que hay publicidad prohibida”.

Más escéptico se muestra Girlado, quien señala que, a su juicio, el campo aún está “bastante abierto” tanto a nivel disciplinario como de reglamentación: “En este momento hay muchas investigaciones en curso en la Federación Colombiana de Fútbol”. Charria, por su parte, pone sobre la mesa algunas precisiones. “En el mundo del fútbol los amaños no se suelen hacer a través de las casas grandes y reconocidas. Está prohibido por la FIFA y las sanciones son duras. Se juega en plataformas más clandestinas, ubicadas en Singapur u otros lugares de Asia”, remata.

Por su lado, las empresas de apuestas han señalado en otros países que las primeras víctimas son ellos: siempre tienen que pagar, a pesar de que los partidos estén arreglados. Pero el lío va más allá, pues estas plataformas, potenciadas por los algoritmos y agregadores publicitarios, han sido asociadas como un problema de salud pública: tienen en la mira a audiencias jóvenes con mayor exposición al infierno de la ludopatía. Hoy el abanico casi infinito de juegos de azar se halla al alcance de un teléfono móvil.

Ni el más exagerado de los aficionados habría sospechado hace unos años que hoy sería posible apostar a cuestiones tan espurias como el número de tarjetas por encuentro, o la cantidad de tiros de esquina o faltas cometidas. Esta es, de hecho, una grieta por la que se ha ampliado el lío. “Ahora la práctica entre jugadores y árbitros”, detalla Charria, “es, por decirlo de alguna manera, más sutil que amañar el resultado global. Hoy, en vez de vender el partido completo, apuestan, por ejemplo, que va a haber cuatro tiros de esquina en los primeros 15 minutos del encuentro. En todo caso, manipulan el desarrollo del juego. La tentación, para deportistas que en general son pobres, es muy grande”.

Jugadores de equipos como Boyacá Chicó (Wplay), Envigado (BetPlay), Fortaleza (Stake) o Patriotas (Wplay) se vieron envueltos en casos de posibles apuestas ilegales en 2024. También algunos árbitros han sido salpicados por este tipo de redes. Y, en escándalos internacionales recientes, además, ha habido indicios de que los familiares o allegados a los jugadores suelen fungir como sustitutos en las apuestas.

Los observadores tienen serios reparos en torno a la situación que se produce cuando se enfrentan dos equipos patrocinados por la misma plataforma virtual. En el caso colombiano, la dependencia económica es tal, que la posibilidad de que las presiones para influir, por ejemplo, en la confección de las alineaciones es latente.

Las fuentes consultadas recuerdan que cualquier gesto de rebeldía podría causar inconvenientes a futuro con los pocos sponsors. Es lo que ocurre con el fútbol colombiano, un mercado donde las apuestas en línea está conformado por una quincena de sociedades que se concentra por cuota de mercado en tres: BetPlay (60%), WPlay (15%), y Rushbet (15%). Y a pesar de que el abogado Sierra considera que el papel guardián de Coljuegos es bastante efectivo, concede que hay más de un punto ciego a resolver: “Los contratos de patrocinio no están regularizados en nuestro país. No hay un reglamento concreto, entonces se basa en normas publicitarias generales y los detalles los pactan las partes. Es algo sui generis”.

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Sobre la firma

Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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