La economía colombiana bajo la administración Petro

A un año del final de la administración del presidente Gustavo Petro es útil hacer un balance de los resultados favorables e incertidumbres, y su relación o falta de conexión con las políticas gubernamentales.

En este sentido, se debe que comenzar señalando que el Gobierno recibió del presidente Duque una economía en auge, con un crecimiento del PIB del 7,3%, pero con fuertes desequilibrios macroeconómicos. En primer lugar, era una economía recalentada, es decir con un exceso de crecimiento de la demanda, uno de cuyos reflejos más importantes era el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, del 6,0% del PIB, el peor desde el 2015, pero con una diferencias sustancial: los precios del petróleo estaban en auge en 2022, mientras habían colapsado en 2015.

Los desequilibrios fiscales eran además considerables, especialmente por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), debido a la decisión Duque de subsidiar la gasolina y el ACPM. El déficit del gobierno nacional fue del 6,5% del PIB (si se estima con la causación de gastos del FEPC) y la deuda pública, aunque había bajado con respecto al 2020, seguía siendo muy alta. Por otra parte, la inflación se había acelerado, al 10,2% en julio de 2022 y seguiría aumentando en los meses siguientes, pero en esta caso por los efectos internacionales generados por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero.

De estos desequilibrios, el de la balanza de pagos fue el primero en ceder y se ha mantenido bajo control: el déficit en cuenta corriente se redujo al 2,2% en 2023 y será del 2,7% en 2025, de acuerdo con el Banco de la República (el banco central de Colombia). Aún más positivo es el hecho que el ajuste ha ido cambiando de fuente. Inicialmente, fue por la fuerte caída de las importaciones, pero ha sido apoyada crecientemente por un mejor comportamiento de las exportaciones. En efecto, en los primeros cinco meses de 2025 ya las exportaciones totales aumentan, por el buen comportamiento de las del café y no tradicionales, a lo cual se agrega el aumento de las remesas, que alcanzar en 2025 más de 13.000 millones de dólares, un nivel cercano al de las exportaciones de petróleo.

La reducción de la inflación es otro resultado positivo, aunque tuvo lugar con un rezago en relación con otros países latinoamericanos. Empezó a caer desde fines de 2023 y, aunque a un ritmo lento, ha continuado su descenso en el presente año, como lo reflejó el dato de junio. Esto ha permitido que el Banco de la República reduzca las tasas de interés, apoyando la reactivación. El crédito bancario experimentará en 2025 un crecimiento por encima de la inflación, en contraste con la caída que tuvo en 2023 y en menor medida en 2024. Además, la tasa de interés promedio de los créditos bancarios ha disminuido más que la de la política monetaria.

Después del crecimiento muy lento en 2023, del 0,6%, la economía se ha reactivado, con efectos positivos sobre el empleo. El crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2025 fue del 2,7 % y ese ritmo se ha mantenido en los meses posteriores, de acuerdo con los datos del indicador de seguimiento de la economía. Se destacan el fuerte crecimiento del sector agropecuario y el comercio y el comienzo de la reactivación del sector manufacturero. Por el lado negativo, la construcción y la producción minera tienen registros adversos. Para el conjunto del año se espera un crecimiento que sería superior al 2,5% y se aceleraría al 3% en 2026. Como resultado, del mayor dinamismo económico, el empleo ha crecido y la tasa de desempleo ha descendido, pero desafortunadamente el 59% del aumento del empleo ha sido informal, una proporción más alta que a mediados de 2024.

La reactivación ha sido apoyada por el consumo, tanto público como privado. Por el contrario, aunque la inversión ha aumentado ligeramente, permanece en niveles bajos: 17,6 % del PIB en el primer trimestre del año, casi cinco puntos porcentuales inferior al promedio de la década anterior a la pandemia. Esta caída está asociada, sobre todo, a las menores inversiones en construcción. La inversión pública permanece también por debajo del nivel prepandemia.

El problema económico más complejo es el de las finanzas públicas. De acuerdo con los anuncios del gobierno, el déficit será del 7,1% del PIB, pero el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lo estima en 7,6%. Como resultado de ello, la deuda pública alcanzará el nivel más alto de la historia, más del 61% del PIB. La causa básica es el alto nivel de los gastos de funcionamiento, que se encuentra más de tres puntos del PIB por encima de los niveles de la década previa a la pandemia. Hay un consenso en que la utilización de la cláusula de escape de la regla fiscal que hizo el gobierno no tuvo justificación, ya que no hay las circunstancias extraordinarias que establece la ley para utilizarla.

El resultado es una deuda pública más costosa. Esto se evidencia en las tasas de interés de los Títulos de Tesorería (TES), que han disminuido muy poco para los de corto plazo y han aumentado para los de cinco y diez años en relación con los niveles de diciembre de 2023, en contra de las tendencias favorables de las tasas de interés del Banco de la República y del sector privado. Se refleja también en los márgenes de riesgo del país de los bonos colombianos en los mercados internacionales, que se encuentran por encima de los de Chile, Perú, Brasil y México.

Como resultado de estas tendencias adversas, el pago de intereses de la deuda es la segunda fuente de aumento del gasto público en relación con los niveles prepandemia. Además, las calificadoras crediticias del país se han deteriorado y es muy probable que se pierda el acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI que el país ha tenido desde 2009, es decir, al mejor mecanismo de financiamiento de dicho organismo, que se otorga únicamente a países con buen manejo macroeconómico.

En contra de las afirmaciones del presidente en su discurso del 20 de julio, los resultados favorables en materia económica no tienen como fuente las políticas gubernamentales. En particular, la reactivación se ha generado por el dinamismo del sector privado y otros efectos favorables, como los altos precios y exportaciones de café, y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República y del sector privado. Ha habido ausencia de una política de reactivación, cuyo único elemento es el Pacto por el Crédito entre el Gobierno y el sector bancario. La reducción del déficit fiscal en 2023 fue sin duda el resultado de políticas del gobierno, pero ha sido sucedido por un aumento significativo en los dos años siguientes.

El legado de la administración Petro será, por lo tanto, una economía reactivada, con menor inflación y menor déficit externo, pero con una crisis fiscal severa. Mientras las tendencias positivas tienen poco que ver con políticas gubernamentales, la crisis fiscal será una herencia desfavorable de la administración, que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno.