El reto siguiente de la reforma laboral: los inspectores del trabajo que la tienen que hacer cumplir

El debate sobre la reforma laboral de Gustavo Petro ha tenido un gran ausente: el que fiscaliza que las leyes laborales no solo existan sino que, sobre todo, se cumplan. El Ministerio del Trabajo cuenta con 1.300 inspectores del trabajo, trabajadores de carrera, divididos en 36 direcciones territoriales. Aun así, pareciera que no logra hacer respetar los derechos de los empleados, en un país en el que ni siquiera el Estado ha dejado de abusar del contrato de prestación de servicios. Con la nueva reforma laboral, esos inspectores ahora están encargados de más tareas, como vigilar que los practicantes del SENA tengan contratos laborales, o que las empresas contraten al menos dos trabajadores con discapacidades por cada 100 empleados de planta. Normas que, sin alguien que las vigile, pueden ser solo un saludo a la bandera.

Multas bajitas, vigilancia precaria

“Sin duda falta fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control que está en el Ministerio del Trabajo”, opina Enrique Borda, quien fue viceministro de Relaciones Laborales, Inspección y Gestión Territorial de 2015 a 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explica que mientras ministerios como el de Salud, el de Hacienda o el de Comercio se enfocan en hacer la política pública, y tienen una superintendencia aparte encargada de vigilar que la ley se cumpla, en el campo laboral las dos labores quedan en la misma entidad. “Le propusimos a Santos que hiciera la superintendencia, porque la función de vigilancia era muy langaruta, tiene los dientes de un niño de seis años a los que se le están cayendo”, cuenta. No ocurrió pero, para que arrancara a regir el TLC con Estados Unidos, el entonces presidente se comprometió ante el Gobierno de Barack Obama a fortalecer la inspección laboral. Era un compromiso que no solo le convenía a los trabajadores de Colombia sino a los de Estados Unidos, que temían competir con un mercado donde la mano de obra es excesivamente barata por ser explotada.

Aunque Santos triplicó el número de inspectores, quedaron unos huecos, dice Borda. “Las multas aún son muy bajitas. Yo no podía pasar de cinco salarios mínimos en una sanción, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio, que vigila asuntos de competencia o derechos de los consumidores, no tenía límites”, explica sobre las sanciones a las empresas que violan los derechos laborales. Ese monto, de hecho, no se toca en la reforma del Gobierno Petro. “El país necesita una superintendencia brutalmente fortalecida para que se respeten esos derechos. Además de subir las multas, hay que darles más competencias a los inspectores, hay que capacitarlos en sectores específicos de la economía, hay que poner a funcionar un sistema de inspección preventiva”.

Eso no necesariamente requiere de una ley, dice Néstor Ortiz, abogado laboralista, pues pasa también por el norte que un ministro le quiera dar a los inspectores. “Hasta ahora no he visto que el Gobierno haya hecho algo particular, distinto”, cuenta. “Hoy, si una empresa cualquiera tarda en pagar los salarios, nosotros sí presentamos una querella ante el Ministerio de Trabajo. Pero si nos quedamos ahí no pasa nada, así que normalmente le sugerimos al cliente ir además a la vía judicial, para presionar”. Aunque considera positiva la reforma laboral del presidente, “más que herramientas jurídicas, lo que nos hace falta es fortalecimiento institucional”.

La duda sobre qué vigilar

De acuerdo a las cifras oficiales, durante el cuatrienio del expresidente Iván Duque el Ministerio de Trabajo hizo hubo unas 11.000 visitas de inspección por año, mientras que 2023 y 2024, con Petro, menos de 10.000 al año. Pero esas cifras poco explican, coinciden Ortiz y Borda, porque importa más enfoque con las que se hacen, si sin preventivas o sancionatorias.

“Sancionar toma menos tiempo que formalizar”, explica Luis Ernesto Gómez, quien también trabajó en el Ministerio durante el Gobierno Santos, como viceministerio para el Empleo. “Intentamos darle énfasis más a la formalización, así que las inspecciones no eran para sancionar, sino para formalizar trabajadores. Falta aún en Colombia usar los dientes, sin duda, pero si solo sancionas y cierras dejas de lado que muchas empresas incumplen por estar a ras con ras. Si las sanciono y las cierro, ¿realmente voy a proteger al trabajador? Hay empresas grandes que al minuto pueden corregir, pero para un tendero en San Victorino puede no ser tan fácil. Hay un dilema moral en si hiciste lo mejor al cerrarle el chuzo“.

El Gobierno Petro, como los anteriores, ha hecho de unos casos un ejemplo para los demás, “buenos titulares” en palabras de Gómez. En 2022 abrió una investigación contra la plataforma de domicilios Rappi. En 2023 contra Noel y Meals, de alimentos; y Pintuco, de pinturas. En 2024 contra la cadena de restaurantes Andrés Carne de Res, luego de que una de sus trabajadoras sufriera un grave accidente laboral en un espectáculo con fuego. Más recientemente, abrió otra contra los supermercados D1, por presunta explotación laboral.

Son casos llamativos, pero no revelan el enfoque en esas miles de visitas. “El Gobierno de Iván Duque puso el foco en los riesgos laborales, por ejemplo, y el de Santos, como el de Petro, en que se respeten los derechos colectivos, en que no haya persecución sindical”, cuenta Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral en la Universidad Javeriana. “En el Gobierno de Petro también he visto un énfasis en cuestiones de género, que se respeten los derechos de las mujeres trabajadoras”, añade la académica.

Gloria Inés Ramírez, quien estuvo al frente de la cartera de agosto del 2022 a junio del año pasado, es en parte quien construyó ese enfoque, nos solo por considerarse una política feminista, sino por venir del corazón sindical. Eso lleva a una crítica que se repite entre los analistas del sector: que, por la cercanía de Ramírez y del Gobierno a los principales sindicatos del país, tanto la reforma como el énfasis del Ministerio se concentra en responder a las demandas de los trabajadores formalizados, que son menos del 50% de la población ocupada, y especialmente de los sindicalizados, que solo representan el 4% de los trabajadores.

“Creo que nos falta información y hacernos preguntas claves sobre lo que queremos en la vigilancia”, vuelve Morad, del Observatorio. “¿Qué tipo de sanción debemos pensar, de acuerdo al tamaño de la empresa? ¿La sanción busca reparar o cerrar el negocio? En Colombia se dice mucho que nuestras leyes laborales están por encima de lo que puede dar nuestro mercado laboral, que las pequeñas empresas sienten que la barra está muy alta, y que no ganamos mucho con más inspección si la barra está muy alta. Entonces esto de alguna forma nos devuelve a la pregunta, ¿para qué país estamos legislando? ¿Qué barreras tienen nuestros empleados, digamos, en el campo, para formalizar? Esto ya son preguntas para una política, no para una reforma".