Medio millón de personas más con acceso a comida: Bogotá se desmarca del estancamiento de Colombia en la inseguridad alimentaria

De 2023 a 2024 hubo 564.000 personas en Bogotá que pasaron de sortear dificultades para acceder a alimentos a tener garantizada su comida diaria. La capital colombiana es la región donde más se ha reducido la inseguridad alimentaria en el país, al pasar de un año a otro del 21,2% al 13,9%, de acuerdo con el más reciente informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el país, que realizaron el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ese salto de poco más de siete puntos desmarca a la ciudad de las cifras nacionales, que muestran que en todo el país, si bien hubo una mejoría, fue significativamente menor, al pasar del 26,1% al 25,5%. Bogotá, de hecho, jalonó ese resultado: sin sus avances, la inseguridad habría crecido en el país. Mientras tanto, en las zonas rurales la inseguridad alimentaria aumentó tres puntos, del 31,2% al 34,2%.

Aunque los departamentos de Meta y Arauca tuvieron reducciones más altas que Bogotá (del 7,7% y el 9,9%, respectivamente), la capital tiene un peso específico porque alberga al 15% de la población colombiana. “La reducción es casi que histórica. Esas 564.000 personas equivalen a los habitantes de una ciudad mediana”, dice el alcalde Carlos Fernando Galán.

La ciudad es un caso particular por varias razones. La violencia del conflicto armado no golpea a su población en la misma magnitud que lo hace en zonas rurales en las que, de acuerdo con el representante de la FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, el desplazamiento forzado “ha provocado un incremento en la inseguridad alimentaria”.

La Alcaldía tiene además capacidades institucionales y presupuestales que históricamente han superado, por mucho, a las de la mayoría de gobernaciones del país. Por eso, depende mucho menos de lo que haga el Gobierno Nacional por medio del envío de transferencias o de la ejecución de políticas públicas.

Un ejemplo de esto es que la administración de Galán se propone invertir en sus cuatro años 4,6 billones de pesos (algo más de 1.100 millones de dólares) en su programa social bandera, Bogotá sin hambre 2.0, que está en ejecución y busca, precisamente, reducir la inseguridad alimentaria en la ciudad. A esa política le atribuye Galán el buen desempeño que muestra Bogotá en el informe. “En 2024 aumentamos los comedores comunitarios de 114 a 117, y los escolares de 212 a 219”, ha precisado el alcalde. “Bogotá es, tal vez, el único ente territorial que garantiza que todos los niños, niñas y adolescentes reciban alimentación”.

Pero no todo es política social, advierte la consultora Juanita Rodríguez, experta en sistemas agroalimentarios sostenibles. En el caso de Bogotá también incide su desarrollo económico, toda vez que la ciudad concentra el 25% del Producto Interno Bruto del país. Es un territorio donde es más factible que la gente genere ingresos, un insumo básico para acceder a los alimentos.

El buen desempeño mostrado por la ciudad, en cualquier caso, les ha servido al alcalde y a sus funcionarios para marcar aún más distancia en sus roces con el presidente Gustavo Petro. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló en sus redes sociales que “el avance en Bogotá es notable y destaca al contrastar con el estancamiento de la inseguridad alimentaria en el total nacional”, y afirmó que el 0,6% que mejoró el país “no es estadísticamente significativo”.

Bogotá, sin embargo, mantiene aún retos enormes, que en medio de la confrontación también pasan por el enfrentamiento con Petro.

El reto del millón

Del estudio se desprende que en Bogotá aún hay algo más de un millón de habitantes que viven con inseguridad alimentaria moderada o grave (13,9%), y por lo tanto no tienen comida diaria garantizada. Se concentran, explica Galán, en localidades del suroccidente de la ciudad, como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, y en las dos del centro, Santa Fe y La Candelaria.

El alcalde y la consultora coinciden en que viene un nuevo desafío. El Gobierno Nacional ha empezado a desmontar los programas de transferencias monetarias para los más pobres, argumentando restricciones presupuestales. En diciembre de 2024, por ejemplo, se terminó el programa Colombia sin hambre, que en Bogotá beneficiaba a 65.000 hogares en pobreza monetaria y a otros 10.000 en pobreza extrema con pagos que oscilaban, dependiendo de la condición de cada uno, entre 80.000 y 500.000 pesos cada 45 días (de 19 a 120 dólares). Se trata de alrededor de 350.000 personas afectadas.

La Alcaldía de Bogotá acogió en sus programas de transferencias a los 10.000 hogares en pobreza extrema que perdieron ese ingreso. Según Galán, incorporarán a las otras familias que quedaron sin subsidio en otros programas del Distrito. Pero, aclara, “hubiéramos podido llegarle a más población si no se hubiera dado el recorte del Gobierno Nacional. Esperamos que esto no lleve a que cambie la tendencia en el informe del año entrante. Eso nos preocupa”.

Para la consultora Rodríguez, esa es una muestra de los retos que mantiene Bogotá. A pesar de tener más plata que el resto de gobernaciones y alcaldías, debe atender a otras poblaciones muy vulnerables como la migrante y “los presupuestos no son necesariamente tan flexibles o tan amplios”. Y agrega, mirando más allá de la ciudad: “Bogotá tiene recursos, pero al tiempo asume muchos retos. Puede que sea resiliente al desmonte de las transferencias monetarias por parte del Gobierno Nacional. Pero un Chocó no”.