La Procuraduría sanciona con cortas inhabilidades a nueve militares que interceptaron ilegalmente a 130 periodistas y políticos

La Procuraduría ha emitido la primera sanción en cinco años por el escándalo de interceptaciones ilegales conocido como Carpetas Secretas contra 130 periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y sindicalistas. El documento determina como responsables a nueve militares, entre ellos un brigadier general, por haberse extralimitado de sus funciones en inteligencia militar y haber perfilado a ciudadanos “sin un fin legítimo de seguridad nacional”. Aunque se trata del primer fallo por este caso, las sanciones impuestas son de corta duración, con inhabilidades que van desde los tres hasta los seis meses en sus funciones en el Ejército.

El brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, quien comandó los centros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, recibió una sanción de cinco meses de suspensión e inhabilidad. La misma sanción se impuso al coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, entonces comandante de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, desde donde se emitieron las órdenes que dieron pie a los perfilamientos. Los coroneles Benjamín Andrés Ramírez Villalobos (jefe de Estado Mayor de la misma brigada), Julio Tobías López Cuadros (oficial de operaciones) y Hugo Armando Díaz Hernández (comandante del Batallón de Inteligencia Estratégico No. 4) fueron sancionados con tres meses, al igual que los mayores Mauricio Quintero Arias y Eduardo de la Torre Díaz, y el teniente Luis Carlos Trujillo Perdomo. El más alto castigo —seis meses de suspensión e inhabilidad— fue para el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Ciberinteligencia (BACIB), por su rol operativo clave en la ejecución de las tareas de monitoreo y perfilamiento.

Uno de los aspectos que dificultó la investigación en este caso es que varias de las instrucciones para perfilar a periodistas fueron transmitidas de forma verbal, o a través de canales no oficiales, como llamadas telefónicas o mensajes con las aplicaciones WhatsApp y Signal ―cuyos mensajes son fáciles de borrar―. Esta práctica, según la Procuraduría, buscaba deliberadamente evadir los controles legales que rigen la actividad de inteligencia en Colombia.

La Sala Disciplinaria fue enfática en señalar que no se trató de errores operativos ni de una mala interpretación de las normas: los oficiales actuaron con plena conciencia de que estaban vulnerando derechos fundamentales. Hubo, en palabras del fallo, una extralimitación deliberada en el ejercicio de sus funciones, orientada a perfilar ilegalmente a civiles, en su mayoría periodistas, sin una amenaza real ni justificación legal. En este punto, los representantes de las víctimas buscan señalar una contradicción de la Procuraduría. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), asegura: “Es contradictorio que en los argumentos se señale la gravedad y el impacto de los hechos, pero eso no se refleje en el fallo”.

Desde esa organización, que ha acompañado el caso en los últimos cinco años, consideran insuficiente la decisión. Bock ha dicho que “todo parecía indicar que este caso iba a transitar la pavimentada vía de la impunidad”. El proceso judicial, que comenzó en 2020 tras una revelación periodística de las Carpetas Secretas, en la revista Semana, ha andado a paso lento en la justicia. “En la Fiscalía nos han dicho, irónicamente, que no han podido identificar que hubieran quedado víctimas de estos hechos. Ahora llegamos a una sentencia disciplinaria que, aunque es insuficiente, marca una decisión para la prensa”, señala.

El proceso disciplinario ha atravesado múltiples etapas: desde la indagación preliminar hasta audiencias suspendidas por inasistencia, o por recursos judiciales interpuestos por los militares. En 2021 se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento y, dos años más tarde, se confirmaron decisiones clave como una negativa a excluir pruebas fundamentales. A lo largo del proceso, la Procuraduría ha reconocido como víctimas a una veintena de periodistas, a políticos como Gustavo Bolívar y a defensores de derechos humanos como los abogados Reinaldo Villalba y Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

La sentencia describe una cadena de mando militar que, en 2019, diseñó y ejecutó operaciones de vigilancia con fines que excedían los límites legales. Una de estas fue la operación HÁBIL, cuyo objetivo era obtener información del líder del ELN conocido como Pablo Beltrán. A raíz de una entrevista que la periodista María Alejandra Villamizar le hizo a ese guerrillero en La Habana (Cuba), en Noticias Caracol, miembros del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército elaboraron un perfil detallado de la reportera, recolectando datos sobre su residencia, su familia, su historial laboral, sus movimientos y sus redes sociales. No hubo orden judicial ni justificación legal para el perfilamiento, pero sí hubo una orden explícita desde la cadena de mando.

El fallo judicial confirma que esa práctica se replicó contra otros periodistas como Nicholas Casey, entonces corresponsal para The New York Times, y contra reporteros de medios como Rutas del Conflicto, Liga Contra el Silencio o la Fundación Paz y Reconciliación. También contra periodistas independientes como Andrea Aldana, quien permanece exiliada por el caso. Se trata de más de 130 personas y organizaciones objeto de estos perfilamientos ilegales que fueron ordenados desde el Ejército a personas a quienes consideraban “opositoras”. Aldana habló con este diario sobre la decisión y ha dicho que, además del seguimiento, también hubo prácticas de criminalización. “Diseñaron la información de tal modo en que sugerían que nosotros hacíamos parte de grupos armados”, afirma. “Nos trataron como una amenaza nacional”, añade.

Para varios de los consultados, la decisión de la Procuraduría sigue significando un riesgo. “Para mí sí es un paso de dejar un precedente, porque no es normal en ninguna democracia que haya documentos con información de periodistas en una oficina de inteligencia, pero en lo individual me genera miedo, porque aún tengo familia en el país”, cuenta Aldana, una experimentada periodista en temas de conflicto armado y derechos humanos. “A mí me destruyeron mi proyecto de vida. Parece haber justicia, pero hay más inseguridad ahora”, señala.

Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto, coincide en que “es una sanción tímida y débil”, aunque lo valora “porque es la primera vez que se reconoce que el Estado excedió sus funciones”. Dice también que, a pesar de que es un avance, hay varias preguntas sin resolver y un proceso penal en la Fiscalía que está atascado. “¿Para qué se iba a utilizar esa información? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿En qué momento lo deciden en medio de una investigación contra grupos armados? Todavía hay mucha verdad que no conocemos”.

Bock, por su parte, afirma que los abogados que representan a las víctimas apelarán la decisión ante la Procuraduría, entre otras razones, porque el ente investigador modificó la calificación jurídica de las conductas. Es decir, en un primer momento, el ente investigador iba a sancionar a los militares en ejercicio por considerar que cometieron faltas calificadas como gravísimas, cuya sanción podría ser su desvinculación inmediata a las Fuerzas Militares. Sin embargo, la Sala Disciplinaria concluyó que las pruebas “no permitían encuadrar las conductas dentro de esas faltas gravísimas” y, en su lugar, decidió recalificarlas como faltas graves. “Eso permitió que las penas fueran más blandas, como la inhabilidad por tres o seis meses, y eso es lo que vamos a apelar en el proceso”, explica Bock.

El escándalo de las Carpetas Secretas no es un hecho aislado en la historia reciente de Colombia. Quince años antes, el país fue sacudido por uno de los casos más graves de espionaje ilegal desde el Estado: el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), revelado entre 2009 y 2010, cuando se conoció que esta extinta agencia de inteligencia había hecho interceptaciones, seguimientos y amenazas sistemáticas contra periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y opositores políticos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el director de la FLIP, “estas son prácticas que se vienen registrando hace 40 años en Colombia, y aunque cambian las herramientas y las formas de hacerlo, se sigue mostrando que en el ADN de las agencias de inteligencia del Estado se naturalizó hacer vigilancia a los periodistas”.