La justicia condena a Carlos Palacino, el exgerente de SaludCoop e ícono de la corrupción en la salud

Una nueva decisión judicial pone el reflector sobre el que ha sido uno de los debates más persistentes durante el Gobierno de Gustavo Petro: el manejo financiero del sistema colombiano de salud. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este lunes la condena a 15 años y un mes de prisión contra Carlos Palacino, el expresidente de la EPS Saludcoop –liquidada en 2015– por los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado. La sentencia, relacionada con uno de los mayores casos de corrupción que ha golpeado al sector, también recae sobre el exvicepresidente financiero de la antigua entidad prestadora de salud, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo.

La Fiscalía General de la Nación probó que, entre enero de 2010 y mayo de 2011, los exdirectivos realizaron maniobras para apropiarse de recursos públicos destinados a pagar los servicios prestados por clínicas y hospitales a las personas afiliadas a esa EPS. “Expidieron cheques de manera sistemática para pagar supuestos servicios de salud y atención de pacientes, los cuales no fueron entregados a sus beneficiarios y en su lugar se guardaron o anularon”, explicó el organismo en un comunicado. La EPS, que para entonces era la más grande del país con 4,5 millones de usuarios, recibió 14.269 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares de la época) al haber recobrado al Estado pagos que nunca realizó.

El escándalo no es nuevo. Palacino, que resuena entre los colombianos como uno de los hombres que más daño ha causado a la salud, ya había sido condenado a nueve años de prisión por peculado por apropiación en favor de terceros. En esa ocasión, fue condenado por desviar más de 390.000 millones de pesos (más de 200 millones de dólares de la época) para comprar bienes raíces en Colombia, México y Ecuador, pagar viajes personales y carros lujosos, así como hacer préstamos a socios y trabajadores.

Saludcoop no solo ha representado uno de los mayores desfalcos del sistema, sino que ha reflejado problemas estructurales del actual modelo, uno de los que da argumentos al Gobierno para reformarlo. La EPS nació como una cooperativa poco después de la aprobación de la ley 100, la que creó el esquema actual en el que el Estado gira recursos a esas entidades para que estas sirvan de aseguradoras de la salud de sus afiliados. En 2011, convertida en parte de un grupo de más de 40 empresas, fue intervenida y liquidada por la Superintendencia de Salud. Sus malas prácticas contables y financieras habían deteriorado visiblemente la atención médica a sus usuarios. Estos pasaron en 2015 a Cafesalud, otra EPS del grupo que también terminó en crisis. Medimás, que adquirió después la operación, también desapareció.

El caso recuerda la necesidad de vigilancia y seguimiento a las entidades de la salud, en una mirada que el Gobierno concentra en las EPS pero que también ha sumado desfalcos y bancarrotas en hospitales públicos y privados, secretarías de salud o laboratorios farmacéuticos. Aunque hay consenso en la necesidad de reformar el sistema de salud, las soluciones difieren. Si el presidente Gustavo Petro ahonda en la necesidad de eliminar las EPS, a las que ve como rentistas ociosas de los recursos públicos, que además buscan negar servicios, estas responden que las innegables fallas actuales se deben a que el Estado no hace los pagos necesarios. Petro defiende una propuesta para eliminar ese modelo “mercantil”, pero su iniciativa no ha encontrado aprobación en el Congreso de la República.

En 31 meses de mandato, el Gobierno ha intervenido nueve EPS, incluida la privada EPS Sanitas —con 6 millones de afiliados — y la mixta Nueva EPS —con 11 millones—. Con ellas, el aseguramiento de más de la mitad de los colombianos está a cargo de entidades manejadas por el Estado. “Se estaban robando la plata, comenzando por la Nueva EPS, que escondió 5 billones de pesos en facturas. No vamos a esperar al Congreso, el cambio al sistema de salud se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. Aquí lo que se juega es la vida humana”, afirmó Petro en un reciente Consejo de ministros. Para varios expertos del sector, las intervenciones solo han agravado el problema y han puesto en riesgo la atención de millones de personas.

Uno de los críticos ha sido el exministro de Salud del Gobierno Santos y de Educación de Petro, Alejandro Gaviria. El presidente le ha señalado de hipócrita por haber dirigido el sector cuando se intervino Saludcoop. Gaviria se ha defendido: “Saludcoop tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 1,4 billones. La liquidación era inevitable. Lo que hizo el Gobierno del presidente Petro fue distinto: acabar las mejores EPS, las que tenían altos indices de satisfacción. Ahora tratan de confundir para justificar la destrucción del sistema y la afectación a los pacientes. No les ha importado la gente. Lo que viene es una crisis de atención”, escribió en X, en junio de 2024. Según registros de la Superintendencia de Salud, desde el año 2001 se han liquidado de manera forzosa 122 EPS a nivel nacional.

La condena de segunda instancia contra el icónico Palacino, más de una década después de la intervención, incluye una multa de 820 salarios mínimos (equivalentes a unos 285.000 dólares) y una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer cargos públicos. Después de casos como este, y mientras la crisis del sistema se percibe cada día más, a los usuarios les queda poco de pacientes.