Los funcionarios de la Administración central terminan de cobrar la extra de 2012

Los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado han recibido en la nómina de mayo el 50% de la paga extra de Navidad de 2012 que aún estaba pendiente de devolución, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria en el sector. El montante de la devolución asciende a unos 547 millones, según CSIF, y cada funcionario recibirá de media en torno a 750 euros. El ingreso se produce apenas 25 días antes de las elecciones generales del 26-J. No obstante, cerca de 1,5 millones de personas dependientes de las comunidades autónomas y ayuntamientos todavía están pendientes de esta devolución.

La paga extra de Navidad fue suprimida en 2012 junto a una batería de recortes que incluía la supresión de algunos días libres para los funcionarios y la subida del IVA al 21%. El Gobierno anunció en el mismo momento que trataría de devolverla a los funcionarios cuando la situación económica mejorase. Así, en enero de 2015 devolvió un 24% y en octubre, apenas dos meses antes de las elecciones del 20D, otro 26%. Estaba pendiente el otro 50% que se ha incluido en la nómina de mayo -también apenas unos días antes de las elecciones- de los empleados públicos, unos 531.000 entre personal de la Administración General de Estado (212.298), de la Administración de Justicia no transferida (24.415 empleados) y personal las fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los empleados de entidades públicas empresariales y organismos públicos. Los presupuestos generales del Estado de 2016 incluían una partida para devolver la paga, aunque no especificaba en qué mes se haría efectiva.

Sin embargo, alrededor de un millón y medio de empleados públicos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos aún no han recuperado la totalidad de esa paga suprimida. Según una nota de CSIF, las únicas comunidades que han devuelto ya el 100% de la paga han sido Asturias, Baleares, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Otras como Canarias, Cantabria, Galicia o Madrid, la terminarán de ingresar previsiblemente este año, mientras que las comunidades con peor perspectiva son Andalucía y Cataluña.

Añade a estos empleados el “cerca de medio millón” dependientes de los Ayuntamientos que aún están esperando. Destaca las “excepciones” de ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Albacete, Ciudad Real, Santander, los ayuntamientos extremeños, de La Rioja, Aragón, Navarra y Asturias que sí han efectuado el pago, mientras que la inmensa mayoría aún no lo han hecho.