Los primeros pasos de Mullin como secretario de Seguridad Nacional: mejorar la imagen pública, pero mantener las deportaciones

El 23 de marzo, el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, fue confirmado como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El legado de su antecesora, Kristi Noem, le dejó la difícil tarea de mejorar la imagen pública de un departamento cuya reputación anda por los suelos debido a las tácticas que ha empleado para poner en marcha la cruzada antiinmigración de Donald Trump.

Desde un primer momento, Mullin quiso distanciarse de las prácticas de Noem, abanderada de la línea dura contra los migrantes y proclive a manifestar polémicas declaraciones —como defender a los agentes federales que mataron a tiros a los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti—, que levantaron ampollas hasta entre los colegas de su propio partido. “Mi objetivo para dentro de seis meses es que no seamos la noticia principal todos y cada uno de los días”, dijo Mullin durante su audiencia de confirmación. “Mi objetivo es que la gente comprenda que estamos ahí fuera, que los estamos protegiendo y que estamos trabajando con ellos”, agregó.

El cambio de imagen llegó con su propio atuendo. Desde que asumió el cargo, Mullin se ha apegado al traje y la corbata en vez del chaleco antibalas con el emblema del ICE que le gustaba lucir a su predecesora. Está por verse si el cambio es una mera cuestión de imagen o si bajo su mandato los cambios en el DHS resultarán en una política migratoria más humana y menos cruel que la que se ha implantado desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

“La realidad es que la agenda de esta Administración permanece inalterada: deportar a millones de personas y atemorizar a otros millones para que se oculten y, en última instancia, abandonen el país al que llaman hogar; no han dado marcha atrás en esa agenda”, opina Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

En los primeros días al frente del DHS, Mullin ha revocado algunas políticas que Noem implantó y que le valieron parte del descrédito. El exsenador ha paralizado la compra de almacenes para convertirlos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha declarado que los agentes federales necesitarán una orden judicial para entrar en los domicilios, no solo una orden administrativa como impuso Noem, y ha eliminado la necesidad de autorizar cada pequeña decisión que se toma en el departamento. Lo esencial, sin embargo, el objetivo de llevar a cabo la mayor deportación de la historia, sigue intacto.

“Se espera que lleve a cabo la agenda de línea dura de la Administración en materia fronteriza y de inmigración de una manera más discreta, menos ostentosa y menos controvertida”, apuntaba Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa de WOLA, en un artículo reciente. La prueba de que el objetivo último no ha cambiado es que Trump mantiene en sus cargos a los dos arquitectos de la agenda migratoria, Stephen Miller y Tom Homan. “Con Mullin adoptando un perfil más bajo y un rol más gerencial, Miller y Homan —ambos partidarios de una línea dura en materia de inmigración— están al mando con mayor firmeza que antes”, prevé Isacson.

Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional, continúa presidiendo reuniones periódicas con los funcionarios de Seguridad Nacional e Inmigración. Es considerado uno de los asesores presidenciales más influyentes de la historia reciente y defiende sin tapujos la expulsión de todos los indocumentados, a pesar de la retórica de Trump, desmentida por la realidad, de que se enfocan en los criminales.

“Independientemente de quién ocupe el cargo de secretario del DHS, Miller es, en realidad, quien determina lo que sucede en el ICE y en la Patrulla Fronteriza, y su agenda permanece inalterada. Él pretende deportar a tantas personas como sea posible y, de paso, infundir miedo al resto; y es precisamente por eso que seguimos viendo estos informes de brutalidad”, sostiene Shah.

Las detenciones continúan

Aunque las redadas del ICE en las calles han disminuido, los casos de detenciones ilegales y el uso excesivo de fuerza continúan ocupando titulares. Carlos Iván Mendoza Hernández, un salvadoreño de 36 años, se encuentra hospitalizado por los tiros recibidos por agentes del ICE el 7 de abril en Patterson, California. Las autoridades afirman que es miembro de una pandilla criminal, pero su familia lo ha desmentido. Brian Morales, un ciudadano estadounidense, nacido en Denver, fue detenido en Texas cuando acudía a su trabajo y deportado a México, a pesar de que informó a los agentes de su nacionalidad. Desde México, Morales declaró a Univision que los agentes de la Patrulla Fronteriza le amenazaron si no firmaba su autodeportación. Y en menos de 10 días, el Gobierno ha tenido que devolver a Estados Unidos a dos personas beneficiarias de DACA, el programa que protege de la deportación a quienes entraron de forma irregular siendo niños, a quienes los agentes del ICE expulsaron ilegalmente.

Tampoco han cesado las detenciones en las cortes de inmigración. El 6 de abril, Nelson Ramón Espinoza Sierra fue detenido junto a su mujer y sus dos hijos pequeños cuando acudía a la cita rutinaria de su solicitud de asilo en Charlotte, Carolina del Norte, como llevan haciendo los últimos cuatro años. En cuestión de horas fueron deportados, sin darles la opción de comunicarse con un abogado o permitir que un juez revisase su caso.

No obstante, aunque haya dudas sobre la finalidad o la duración de las mismas, algunas medidas adoptadas por Mullin han sido bien recibidas, como el bloqueo a las adquisiciones por parte del DHS de almacenes para convertirlos en centros de detención del ICE. Con el objetivo de duplicar las camas disponibles, la agencia cuenta con un presupuesto de 38.300 millones de dólares, recogidos en la reforma fiscal de Trump aprobada en verano pasado. El ICE ya ha gastado cerca de 1.000 millones de dólares en comprar 11 almacenes en todo el país, pero han tenido que renunciar a otras adquisiciones por la oposición que se han encontrado, muchas veces por motivos morales.

Las condiciones de los centros —donde los detenidos denuncian las condiciones inhumanas en las que los mantienen, con comida en mal estado, deficientes instalaciones y sin acceso a asistencia médica— han puesto en contra a la opinión pública. Con la muerte del ciudadano mexicano, Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, en el Centro Correccional Winn en Winnfield, Luisiana, el 11 de abril, ya son 47 las personas fallecidas mientras estaban en custodia del ICE desde que Trump inició su campaña antiinmigración. Además, varios líderes locales, demócratas y republicanos, se han opuesto al establecimiento de centros del ICE en sus dominios por considerar que las infraestructuras son insuficientes y absorberán recursos públicos en detrimento de los residentes.

Otra de las políticas implantadas por Noem y que Mullin ha eliminado es la obligación de que todos los proyectos de más de 100.000 dólares necesitaran su autorización. Bajo la gestión de la exsecretaria, se culpó a este requisito de generar un cuello de botella en la asignación de fondos durante varios desastres naturales el año pasado. Con la nueva normativa, solo los contratos que superen los 25 millones de dólares deberán ser aprobados por el secretario.

La gestión de Noem del DHS también generó descontentos dentro del propio departamento. Según The New York Times, varios funcionarios entrevistados creen que Mullin otorgará a los jefes de agencias, como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una mayor libertad de acción para tomar decisiones clave. Esto representaría un cambio drástico respecto a la era de Noem, cuando los funcionarios de su círculo —muy especialmente Corey Lewandowski— ejercían una influencia considerable. También se acabarían los problemas internos derivados del poder que se le dio a Gregory Bovino, un funcionario de medio nivel, quien, encargado de liderar las operaciones masivas contra migrantes en Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, reportaba directamente a Noem, saltando a sus superiores directos. Bovino, defensor de las tácticas más agresivas en las detenciones, fue retirado del cargo tras las protestas que sucedieron a la muerte de Good y Pretti en enero.

Si se cumple, la obligación de exigir una orden judicial para entrar en los domicilios y arrestar a las personas acabará con otra de las medidas más polémicas de Noem, pero el escepticismo se mantiene también con eso. “No nos hacemos ilusiones. Y no creo que la gente deba bajar la guardia”, dice Shah. “Lamentablemente, no creo que podamos pensar: ‘Muy bien, lo peor ya ha pasado y ahora, bajo la gestión del secretario Mullin, las cosas van a mejorar”.