El drama de la separación familiar en la era Trump: una menor de tres años sufrió abusos sexuales mientras estaba en custodia federal

El drama que supone la separación familiar como resultado de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump se ha manifestado de la peor manera en el caso de una niña de tres años que sufrió abusos sexuales mientras estaba bajo la custodia federal. La menor había sido separada de su madre cuando ambas cruzaron la frontera desde México en septiembre y fue entregada a una familia de acogida de Harlingen, Texas. En los cinco meses que pasó con ellos, la niña sufrió abusos sexuales por parte de otro menor que también estaba acogido. Durante todo ese tiempo, el padre de la niña, que es de origen mexicano y tiene la residencia legal en Estados Unidos, intentó sin éxito recuperar a su hija. Solo al presentar una demanda en los tribunales se enteró de los abusos sufridos. Las autoridades le habían ocultado la verdad, diciéndole únicamente que su hija había sufrido un accidente.

“Les pregunté: ‘¿Qué pasó? Quiero saber. Soy su padre. Quiero saber qué está ocurriendo’, y solo me dijeron que no podían darme más información, que estaba bajo investigación”, relató a la agencia AP bajo condición de anonimato para evitar identificar a su hija como víctima de abuso sexual.

La niña había cruzado la frontera de forma ilegal con su madre, que fue detenida. En esos casos, los menores pasan a custodia federal, en la agencia de ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados), que se encarga de cuidar a los niños hasta que les reclama un familiar o son entregados a una familia de acogida de forma permanente. El padre trató desde el comienzo de recuperar a la niña, pero no le daban una cita para cumplir con el requisito impuesto por la Administración Trump de dejar sus huellas dactilares y una prueba de ADN. “Estuvo allí demasiado tiempo”, dijo el padre. “Creo que si se hubieran movido más rápido, nada de eso habría pasado”.

Tras meses de retraso, los abogados enviaron una carta al Gobierno en febrero y lograron las citas para cumplir los requisitos, pero la ORR volvió a retrasar el proceso, sin ofrecer un calendario de liberación. Los abogados presentaron entonces la petición de habeas corpus en un tribunal federal y, dos días después, la ORR liberó a la niña. Mientras preparaban la demanda, el padre tuvo conocimiento de que el “accidente” del que le habían hablado las autoridades era en realidad un presunto abuso sexual.

Según documentos judiciales, la familia de acogida notó ya en noviembre que la ropa interior de la niña estaba del revés. La menor contó que el niño abusó de ella varias veces e incluso le causó sangrado. El presunto agresor fue retirado de la custodia. “Tener a tu hijo bajo el cuidado del gobierno y que sufra abuso, no entender qué ha pasado ni cómo protegerlo, ni siquiera ser informado del abuso… es inimaginable”, criticó Lauren Fisher Flores, abogada de la Asociación de Abogados ProBar, que lleva el caso. “Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”.

Las políticas contra la inmigración que ha implantado la Administración desde que Trump regresó a la Casa Blanca también han estado dirigidas contra los menores migrantes. Los que llegan solos o son separados en la frontera se trasladan a los albergues de la ORR, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). O bien se quedan allí hasta que alguien los reclama o se trasladan temporalmente a los hogares de familias de acogida. Uno de los cambios más relevantes del Gobierno ha sido aumentar los requisitos que se exigen a los familiares o patrocinadores que quieren hacerse cargo de los niños.

La nueva reglamentación obliga a declarar el estatus migratorio y a tomar las huellas dactilares y el ADN de quienes los reclaman, desincentivando a quienes no tienen la residencia legal, que pueden acabar detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). En consecuencia, los menores pasan demasiado tiempo bajo custodia federal. Cuando Trump comenzó su segundo mandato, los niños permanecían de media unos 37 días en custodia. En febrero, el tiempo promedio se situó en 200 días.

“Esto representa otra forma de separación familiar”, dijo a AP Neha Desai, directora de Children’s Human Rights and Dignity, del National Center for Youth Law. “Un Congreso bipartidista diseñó protecciones basadas en un principio simple: que los niños deben ser liberados con sus familias de forma rápida y segura. Esta Administración ha ignorado sistemáticamente sus obligaciones legales, poniendo en grave riesgo la salud y el bienestar de los menores”, añadió.

Esta organización presentó junto a Democracy Forward una demanda contra el HHS en febrero en representación de cuatro menores que ya vivían con sus familias y fueron detenidos y puestos bajo custodia del ORR. “Estos niños a menudo languidecen durante meses. A pesar de la ausencia de todo debido proceso o de pruebas que indiquen que sus patrocinadores ya no pueden hacerse cargo de los niños, la ORR exige a todos los patrocinadores previamente aprobados que inicien nuevamente el proceso de solicitud de patrocinio, sin justificación individualizada alguna”, dice la demanda.

Además de endurecer el reencuentro con sus familias, la Administración Trump ha atacado a los menores que no están acompañados eliminando su acceso a abogados. Los agentes de inmigración también presionan a los niños para que regresen a sus países de origen, de donde huyeron, antes de trasladarlos a la custodia del ORR.

La niña de tres años ya se encuentra con su padre, pero el trauma vivido le ha dejado cicatrices y ahora padece continuas pesadillas y se altera con facilidad. “Antes no era así”, dijo el padre.