El dilema de las autodeportaciones: perseguidos en Estados Unidos y sin saber cómo salir

Como parte de la campaña contra la inmigración del presidente Donald Trump, la Administración promueve la autodeportación, el eufemismo que indica el regreso voluntario —en realidad, impulsado por el clima de persecución desatado en el país— de los migrantes a sus países de origen. Llevarla a cabo, sin embargo, no es tarea fácil, por mucha voluntad que haya por parte de los interesados. Muchos migrantes optan por salir para poner fin a la amenaza de ser detenidos, separados de sus familias y encerrados en uno de los infames centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). Después de haber tomado una decisión tan difícil que cambia el rumbo de sus vidas, les surge el dilema de cómo hacerlo y no caer en manos de los agentes federales en el intento.

La mexicana Mireya tomó la decisión de regresar a su país después de haber vivido 18 años en Estados Unidos. Entró legalmente en 2008, pero superó el tiempo de estancia permitido sin cambiar su estatus migratorio. Decidió regresar a México para continuar un tratamiento médico, en vista de las barreras que enfrentan los indocumentados para acceder a los servicios de salud en Estados Unidos. El mes pasado, cuando estaba en el aeropuerto de Oklahoma, a punto de embarcar en el avión, la policía la detuvo y la entregó a los agentes del ICE. “Ella les preguntó que por qué la detenían si estaba yéndose. Les enseñó su boleto, pero le dijeron que era ‘demasiado tarde”, según cuenta su abogada, Wendy Rodríguez, por teléfono a EL PAÍS. “Como a los 30 minutos fueron a su casa, no sabemos aún cómo obtuvieron su dirección, y sin ninguna orden judicial detuvieron a dos de sus tres hijos y a su marido. Se llevaron hasta a los perros”, explica. Los cuatro se encuentran ahora detenidos en el centro de Bluebonnet, en Texas.

Mireya no utilizó la aplicación CBP Home, que el Gobierno de Trump creó para promocionar la autodeportación. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se insta a las personas indocumentadas a que se registren y a cambio obtengan beneficios económicos que inicialmente eran de 1.000 dólares y se aumentaron hasta los 2.600 dólares.

“¡Su hogar está a solo unos clics de distancia! Aproveche la histórica y generosa oferta de CBP Home que estamos ofreciendo a los extranjeros indocumentados: ¡un bono de salida de $2,600 Y un vuelo gratuito a su país de origen!”, dice el DHS en un anuncio de promoción de su cuenta en X. La realidad, sin embargo, es que los migrantes que lo usan pueden acabar detenidos, no en los lugares que muestran las fotos de folleto vacacional que publican.

“Que Mireya hubiese utilizado la aplicación CBP Home no le garantiza que no hubiera acabado detenida”, afirma Rodríguez. “Yo no me fío del Gobierno. Esa información que vas a poner va a quedar registrada y la pueden usar en contra tuya”, agrega. En su opinión, el hecho de que muchas personas que salieron del país por medio del programa hayan reportado no haber recibido el dinero prometido ofrece una idea de la poca confianza que le inspira.

Para utilizar la aplicación es necesario aportar datos personales e incluir una foto. El DHS promete entre los beneficios que “se les quitará temporalmente la prioridad para ser detenidos por ICE o para la adopción de medidas de cumplimiento antes de su salida programada”. El dilema que se presenta a quienes desean salir es si al dar sus datos facilitan su detención o si por no usar el programa serán detenidos como Mireya, cuando ya están en el aeropuerto.

Tampoco los abogados de inmigración tienen claro qué recomendar a sus clientes. “Su fiabilidad es cuestionable”, reconoce Mary Armistead, abogada de inmigración que imparte capacitación a profesionales del derecho migratorio en CLINIC. Desde esta empresa se insta a las personas que quieren salir voluntariamente a que acudan a un abogado para saber si es recomendable que lo hagan a través de CBP Home. “El problema más grave que hemos observado en relación con este asunto es que las personas no saben que no son elegibles y, aun así, intentan utilizar la aplicación con el fin de acceder a los beneficios del vuelo gratuito de regreso a casa y al estipendio que reciben una vez que retornan a su país”, explica.

En realidad, solo una minoría de los migrantes pueden optar al programa: aquellos que han tenido contacto previo con la Patrulla Fronteriza y las personas que ingresaron a través de un programa de parole específico para un país, como los programas para ucranios, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Pero muchas de las personas que optan por salir voluntariamente entraron de forma clandestina y no hay registro de ellos, por lo que estarían ofreciendo información con la que las autoridades no contaban hasta ese momento. “Si las personas no cumplen los requisitos de elegibilidad, lo único que hacen es entregar su información a las autoridades de inmigración, las cuales pueden adoptar medidas coercitivas en su contra: detenerlas o someterlas a procedimientos de expulsión”, sostiene Armistead.

Los abogados se quejan además de que a los detenidos que están en centros de detención, el ICE les ofrece información poco clara. “A menudo escuchamos a los agentes de inmigración proporcionar información incompleta o engañosa, de modo que las personas no comprenden exactamente qué es lo que están solicitando”, explica la abogada.

Uno de los beneficios que el DHS anuncia por usar el CBP Home es que no tendrán que esperar cinco o diez años para volver a ingresar de forma legal a Estados Unidos, como es la penalidad para los residentes que son expulsados. No obstante, es necesario que sus procesos de deportación se cierren antes de abandonar el país. De no ser así, si salen y no pueden acudir a su cita con la corte, se activará la prohibición de regresar en una década. Además, según los defensores de los migrantes, aunque el DHS promete que con la CBP Home se les facilita el regreso, no ofrece un medio por el que volver a entrar. Algunos abogados, sin embargo, aconsejan a sus clientes usar el programa para evitar la detención, pues consideran que el riesgo disminuye si tienen cómo mostrar su intención de abandonar el país cumpliendo con el método que el Gobierno promueve.

La opacidad que el Gobierno mantiene sobre las estadísticas de las personas deportadas no permiten confirmar el número de personas que han salido del país. En diciembre, la entonces portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que “la Administración Trump está batiendo récords históricos, con más de 2,5 millones de extranjeros ilegales que han abandonado los Estados Unidos. El DHS ha deportado a más de 605.000 extranjeros ilegales, y otros 1,9 millones se han autodeportado”.

Fuentes independientes consideran que los números son falsos. “La estimación inicial de que unos 400.000 inmigrantes habían sido deportados —y de que se llevaron a cabo un total de alrededor de 600.000 deportaciones en todo el año— bien podría ser exacta. Sin embargo, la afirmación de que 1,6 millones de inmigrantes ya se habían autodeportado para septiembre fue una fantasía interesada”, escribió en enero Edward Kissam, experto en migración del Werner-Kohnstamm Family Fund, en un artículo para el Centro de Estudios de Inmigración. La imposibilidad de registrar la salida de los migrantes que no utilizaron la aplicación CBP Home despierta dudas sobre la metodología de las autoridades para calcular sus estimaciones.

La detención de las personas cuando están a punto de salir del país, como en el caso de Mireya, despierta dudas sobre las intenciones de una Administración cuyo supuesto objetivo es que lo abandonen. Las explicaciones que dan los expertos son variadas: la intención de penalizar a quienes residieron de forma ilegal; la imposibilidad de incluirlos en las cifras oficiales cuando el Gobierno presume de estar logrando la mayor deportación de la historia, e incluso los intereses económicos de algunos grupos al mantener a los detenidos en los centros durante más tiempo del debido son algunas de las razones que los expertos apuntan.

Los abogados, abrumados por la cantidad de cambios legales que se han sucedido desde que Trump regresó a la Casa Blanca, tratan de entender cómo funciona el sistema y qué deben recomendar a sus clientes. “La verdad es que ahorita no hay ninguna mejor opción”, lamenta Rodríguez.