Una avalancha de ‘habeas corpus’ desafía la detención masiva de inmigrantes de Trump

El esposo de Ana llevaba cuatro meses detenido en el infame centro migratorio Alligator Alcatraz cuando un juez federal ordenó su liberación la semana pasada. Su caso es solo uno de una avalancha sin precedentes de demandas de habeas corpus presentadas por inmigrantes detenidos, una estrategia legal que se ha convertido en la principal vía para desafiar las políticas de detención masiva de la Administración de Donald Trump.

El hombre, de 47 años, estuvo preso cuando tenía 18, pero su esposa dice que desde entonces se convirtió en un padre de familia “excelente”, que tenía un buen trabajo y “ni una multa”. Cuando salió de prisión le revocaron su residencia permanente, por lo que cada año debía presentarse ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) en Miramar, al norte de Miami. Fue ahí donde lo detuvieron en octubre, cuando asistió a su chequeo anual. La esposa pidió que no fueran identificados por temor a represalias de las autoridades.

Tres semanas atrás, Ana presentó en el tribunal federal de Miami un habeas corpus, un recurso legal que permite impugnar la legalidad de una detención. “Cuando el juez preguntó al Gobierno por qué lo tenían detenido, si no cometió ningún delito, ni lo agarraron en la calle, sino en su cita, determinó que podía salir”, agrega.

Los tribunales federales han recibido más de 24.000 demandas de habeas corpus de personas detenidas por inmigración desde enero del año pasado. La cifra supera el total combinado de las tres Administraciones anteriores, y solo en el último mes, la cantidad ha aumentado en más de un 35%, de acuerdo con una base de datos de ProPublica.

La razón es que el Gobierno cambió las reglas sobre las detenciones, explican abogados y expertos. La ley estadounidense establece una distinción entre los inmigrantes que son detenidos en la frontera y quienes han vivido en el país por años. Por décadas, estos últimos han tenido la opción de pedir fianza a un juez de inmigración. Pero una política del DHS del verano pasado estableció que todos los inmigrantes debían ser tratados como si estuvieran solicitando entrada, incluso si ya están físicamente dentro del país. En septiembre pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reinterpretó la ley como que todos deben ser detenidos mientras se resuelven sus casos de deportación.

“No hemos visto nada similar en el pasado”, dice Sam Lester, abogado de derechos de los inmigrantes de la ACLU de Florida. La cantidad de casos es “resultado directo de los esfuerzos de deportación de esta Administración”, que “han llevado a la detención de miles sin el debido proceso”. “El Gobierno está impulsando la detención masiva de personas sin antecedentes penales que han vivido en el país durante años. Para hacerlo, ha reinterpretado décadas de jurisprudencia migratoria argumentando que la ley exige la detención de todas las personas indocumentadas que entraron sin inspección, alrededor de dos millones de personas, incluso algunas que llegaron cuando eran niños”, agrega.

Se estima que hay unas 68.000 personas detenidas en las cárceles migratorias de EE UU, casi el doble de las que había al comienzo del segundo mandato de Trump. Más del 70% no tiene antecedentes criminales.

“Antes, todas las personas detenidas aquí en EE UU tenían derecho a fianza. Siempre y cuando no fueran un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, el juez se la otorgaba”, explica Ismael Labrador, un abogado de inmigración de Miami. “Pero ahora no tiene sentido ir ante un juez de inmigración, porque no te va a dar la fianza. Entonces vas a un juez federal”.

Cientos de jueces federales han fallado en más de 4.400 casos desde octubre que, en efecto, el Gobierno está deteniendo a los inmigrantes ilegalmente, según registros citados por Reuters. Pero el Gobierno ha defendido sus políticas de detención como parte de la agenda de Trump para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia. El DHS no respondió a una solicitud de comentarios para este reporte.

El tema ha dado lugar a un creciente pulso legal que podría terminar en la Corte Suprema, señalan los expertos. En diciembre, una jueza federal de California, Sunshine Sykes, declaró que la política del DHS era ilegal, pero la jefa de los jueces de inmigración, Teresa Riley, dijo que el fallo no aplicaba a los jueces de inmigración y les indicó seguir rigiéndose por la BIA. En respuesta a lo que describió como una “desvergüenza”, Sykes anuló el fallo de la BIA el mes pasado. El Gobierno apeló ante el Noveno Circuito, que cubre el oeste del país, y este puso en pausa el fallo de Sykes mientras se litiga la apelación.

Los tribunales de apelaciones donde se están presentando los recursos, también conocidos como cortes de circuito, revisan las decisiones de los tribunales federales dentro de su región geográfica. El país está dividido en 13 circuitos. El mes pasado, el Quinto Circuito falló a favor de la Administración en una apelación de sendas decisiones en Texas de que dos hombres que entraron a EE UU por la frontera hace años debían tener derecho a fianza. “Si los tribunales ahora empiezan a dividirse, eso inevitablemente terminará llegando a la Corte Suprema”, asegura el profesor Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute.

Mientras tanto, la avalancha de casos está generando presión en los tribunales federales y un cuello de botella en el sistema, explica el profesor. “Debido a la alta tasa de éxito, todo el mundo está recurriendo a los habeas. Eso está provocando ahora una avalancha de peticiones en los tribunales federales, y estos tribunales tienen que atender muchos otros asuntos, porque la inmigración es solo una pequeña parte de su trabajo”, agrega. “Esto está creando problemas de gestión para estos tribunales de distrito, y eso, por sí mismo, se convertirá en un desafío de política pública independiente. Eso podría persuadir a algunos jueces de la Corte Suprema de que, si no se permiten audiencias de fianza en el sistema migratorio, el flujo de casos se trasladará a los tribunales federales”.

El habeas corpus existe desde tiempos medievales, descrito en la Carta Magna de 1215 en Inglaterra como protección contra detenciones arbitrarias por parte del Estado. El principio se incorporó al sistema legal de EE UU en la Constitución. “Sea cual sea la decisión que tome la Corte Suprema, la jurisdicción del habeas corpus no puede eliminarse. Es un elemento tan fundamental de nuestro sistema de debido proceso que forma parte integral de sus garantías”, agrega Chisthi.

Chishti explica que, en el ámbito migratorio, las personas son detenidas no para castigarlas, como en la detención penal, sino para asegurar que comparezcan a sus audiencias. Sin embargo, la Administración Trump “está convirtiendo la detención migratoria en algo punitivo bajo el argumento de que, si las condiciones son más duras, la gente dejará de entrar al país de manera irregular”.

Con exactamente ese entendimiento interiorizado, Ana y su esposo pensaban “que después de todos estos años, no iba a pasar nada, porque él nunca volvió a tener un problema”. Pero su detención sí fue un castigo. Asegura que está “muy afectado” por lo que pasó en Alligator Alcatraz —un centro señalado por violaciones de derechos humanos— donde bajó casi 20 kilos. “Me dice que no tiene comparación con cuando estuvo detenido a los 18 años, que eso es un centro de tortura”.