La Administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares en fondos públicos en deportar migrantes a terceros países

Más de 40 millones en fondos públicos pagados a gobiernos extranjeros en acuerdos negociados de manera opaca para trasladar migrantes a terceros países —naciones distintas al país de origen—. Vuelos militares a un costo de 32.000 dólares por hora. Un promedio de 130.000 dólares por persona deportada; en algunos casos, hasta un millón por migrante expulsado. Eso es lo que documenta un nuevo informe publicado este viernes por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quienes acusan al Gobierno de Donald Trump de haber construido una red global de deportaciones ineficaz y cruel, con altos costes fiscales, preocupantes vacíos de supervisión y aparentes irregularidades legales.

El documento de 30 páginas, titulado ¿A qué costo? Dentro de los acuerdos de deportación secretos de la Administración Trump, es el primer informe de su tipo que ha producido el Congreso. En él se describe una política activa que, según sus autores, ha priorizado la rapidez y el efecto disuasorio sobre el debido proceso, y ha convertido la diplomacia estadounidense en herramienta directa de la estrategia migratoria.

“A través de sus acuerdos de deportación a terceros países, la Administración Trump está poniendo millones de dólares de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros, mientras hace la vista gorda ante los costes humanos y socava potencialmente nuestras relaciones diplomáticas. Para una Administración que afirma estar luchando contra el fraude, el despilfarro y el abuso, esta política es el epítome de los tres”, dice en el comunicado que acompañó la publicación del informe la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores.

La práctica de deportar personas a países diferentes al de su ciudadanía ya existía, pero se aplicaba esporádicamente en casos muy concretos. Desde inicios de esta segunda Administración Trump, sin embargo, ha habido un esfuerzo por ampliarla significativamente, como se detalla en el informe. Los primeros acuerdos fueron con Costa Rica y Panamá, pero luego de un vuelo, los países centroamericanos se echaron para atrás y no han vuelto a recibir, hasta donde se sabe, migrantes de otras nacionalidades expulsados por Estados Unidos. El caso más sonado vino un poco después cuando el Departamento de Seguridad Nacional envió a más de 200 venezolanos acusados sin pruebas de ser pandilleros a El Salvador, donde permanecieron cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de Nayib Bukele.

Sin contar a los miles de extranjeros deportados a México, país con el que hay un entendimiento aparte, el Gobierno republicano ha llegado a acuerdos con países como Ruanda, Guinea Ecuatorial, Eswatini o Palau, entre otros. Y, por lo menos, 300 migrantes han sido enviados a estos países en virtud de estos acuerdos, de acuerdo al reporte. Además, se señala que hay negociaciones activas en esta misma línea con otros 70 u 80 países.

En total, se calcula que por ahora la Administración ha gastado más de 40 millones de dólares en esos acuerdos. En el caso más extremo, se le pagaron a Ruanda 7,5 millones de dólares, más unos 600.000 en concepto de gastos de vuelo, para aceptar a solo siete personas, lo que supone alrededor de 1,1 millones de dólares por cada una. A Palau se le pagaron 7,5 millones de dólares a pesar de que no se han documentado vuelos. El promedio general termina siendo de 130.000 por persona deportada.

Aparte de señalar el altísimo costo al dinero público estadounidense, el documento suena las alarmas porque identifica la práctica como una manera de eludir regulaciones legales sobre las deportaciones. De acuerdo a las cifras otorgadas, más del 80% de los deportados a terceros países terminaron regresando posteriormente a sus naciones de origen; en ocasiones, también pagados por el Gobierno. “La Administración Trump a veces paga al país para que acoja a personas, las traslada allí en avión y luego paga para llevarlas a su país de origen. No tiene sentido”, declaró un funcionario estadounidense actual al comité.

El Gobierno republicano ha defendido estas expulsiones alegando que debe enviar a los migrantes a terceros países cuando estos son “tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de vuelta”, tal y como escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa en junio, cuando la negociación con Sudán del Sur estaba generando controversias. Sin embargo, el reporte detalla que en la mayoría de los casos esto no ha sido así. En numerosas ocasiones, los deportados tenían limitaciones legales para ser deportados a sus países de origen desde Estados Unidos por temores legítimos a su seguridad, y mandarlos primero a otras naciones solventaba este impedimento legal.

Los senadores argumentan que la verdadera motivación de la práctica es generar miedo para empujar a que más personas abandonen sus peticiones de asilo y se autodeporten. El informe cita a otro funcionario actual que afirma que la Administración Trump usa los acuerdos para intimidar a los migrantes. “Con países como Palau o Esuatini, la cuestión es que la Administración puede amenazar a las personas con que, literalmente, serán abandonadas en medio de la nada. El objetivo es asustar a la gente”.

Por otra parte, los demócratas denuncian que no existe un sistema claro y sistemático de monitoreo para verificar el uso del dinero pagado, las condiciones en que permanecieron los deportados ni el cumplimiento de las garantías diplomáticas ofrecidas por los países receptores. Varios de estos, además, tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que recibió 7,5 millones de dólares por aceptar a 29 personas, ocupa el puesto 172 de 182 países en cuanto a corrupción, según Transparency International. Sudán del Sur, con quien también se llegó a un acuerdo, es el segundo país más corrupto del mundo, de acuerdo al mismo ranking.

Los senadores esperan que el informe genere un debate que obligue al Gobierno a recular, si es necesario, a través de procesos judiciales. “La deportación se está utilizando como moneda de cambio. La diplomacia estadounidense se está llevando a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones discretas. Se está presionando a los países con amenazas de aranceles, prohibiciones de visados o recortes en la ayuda. [...] En un momento en que la Administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses comunes u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos”.