Los deportados de Trump sacuden Esuatini: viaje al pequeño reino africano

Casi un centenar de personas se apiñaron en la sofocante sala del Tribunal Superior una mañana de principios de octubre en Mbabane, capital de Esuatini, llenando los bancos de madera e invadiendo los pasillos. Todas ellas habían acudido para escuchar la decisión del juez Titus Mlangeni, sobre si aceptar a deportados extranjeros de Estados Unidos a cambio de millones de dólares viola la propia Constitución del país, una cuestión que ha consumido a este reino sin litoral, antes conocido como Suazilandia, durante meses.

El juez determinó que el caso planteaba cuestiones constitucionales lo suficientemente graves como para justificar su revisión por parte del presidente del Tribunal Supremo y el pleno de magistrados. El pleno se reunió el pasado 3 de noviembre y aplazó su fallo a una fecha indeterminada.

Sin embargo, que jueces estén estudiando la inconstitucionalidad de la recepción de deportados ha sido visto como una victoria significativa para los activistas y abogados que han pasado meses impugnando un acuerdo de deportación que, según ellos, se firmó en secreto, eludiendo al Parlamento, y convirtió a su país en lo que un crítico denominó “un vertedero para los indeseables de EE UU”.

Esuatini recibió 5,1 millones de dólares (4,4 millones de euros) de EE UU, según confirmó, a mediados de noviembre, Neal Rijkenberg, ministro de Finanzas del país africano, que es una monarquía absoluta. La suma es considerable para este pequeño país de 1,2 millones de habitantes en el que dos tercios de la población se encuentran por debajo del umbral nacional de pobreza.

Human Rights Watch ya había dado esa cifra en septiembre y había denunciado que, en ese acuerdo firmado el 14 de mayo, Esuatini se comprometía a aceptar hasta 160 deportados.

Los primeros cinco —con pasaporte de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica— llegaron en julio a la prisión de máxima seguridad de Matsapha tras ser tachados de delincuentes violentos en Estados Unidos. A raíz de ello, un mes después, una coalición de ONG llevó el caso a los tribunales y alegó que el acuerdo violaba tanto las leyes de Esuatini como las garantías procesales de los hombres. Acusó al Gobierno designado por la monarquía de actuar, en la práctica, como una extensión de las autoridades de inmigración de Washington. En octubre, a pesar del caso judicial pendiente y la creciente oposición pública, llegó un segundo grupo de 10 personas. Solo un deportado, el ciudadano jamaicano Orville Isaac Etoria, ha podido volver a su país.

El acuerdo se ha convertido ahora en una crisis constitucional en toda regla. Sin embargo, para los cinco primeros deportados, que se encuentran en el centro del caso, la discusión en los tribunales no ha supuesto ningún alivio inmediato. Permanecen en un centro penitenciario notoriamente superpoblado ―la ocupación del sistema penal de Esuatini supera el 171%, según la plataforma World Prison Brief―, y un historial de abusos de derechos confirmados, de hecho, por el Departamento de Estado de EE UU. Además, están detenidos sin cargos, sin poder impugnar su detención y, en la práctica, atrapados entre dos gobiernos.

Los cinco primeros expulsados al país africano habían sido condenados por delitos graves en EE UU, entre ellos homicidio y violación de menores, y habían cumplido sus condenas. Pero en lugar de ser deportados a sus lugares de origen, fueron enviados a Esuatini en virtud de este acuerdo que el Gobierno nunca reveló a sus propios ciudadanos ni al Parlamento.

Están detenidos sin cargos, sin poder impugnar su detención y, en la práctica, atrapados entre dos gobiernos.

El caso ha situado a este pequeño país africano en el centro de una controversia más amplia sobre el programa de deportación a terceros países de la administración Trump. Desde julio, EE UU ha enviado a más de 40 migrantes a al menos cuatro países africanos, entre ellos Sudán del Sur, Ruanda y Ghana. Las organizaciones de derechos humanos afirman que el programa elude el debido proceso al expulsar a los migrantes a Estados con un dudoso historial en materia de derechos humanos.

Esuatini adolece de eso. El reporte del Departamento de Estado de EE UU menciona casos de detenciones arbitrarias y homicidios por motivos políticos y torturas y tratos crueles por parte de la fuerza pública.

Desde 1986, en este país reina Mswati III, el último rey absolutista de África. La economía depende del sector servicios y la pobreza “está muy arraigada”, según el Banco Mundial, “debido a la limitada creación de empleo formal, un clima empresarial débil y las escasas oportunidades económicas”. Más de la mitad de la población vive con menos de 4,20 dólares al día en un Estado muy vulnerable al cambio climático, que se traduce especialmente en sequías recurrentes.

Un acuerdo envuelto en el secreto

La noticia de la llegada de los primeros cinco deportados, a mediados de julio, aterrizó rápidamente en los círculos de activistas. “Solo nos enteramos de esto a través de rumores y luego de informes de los medios de comunicación”, dice Mzwandile Masuku, director ejecutivo del Eswatini Litigation Centre, una de las organizaciones que impugnó el acuerdo. “Nuestro propio Gobierno hizo un acuerdo que afectaba a nuestra soberanía y seguridad sin decírselo a nadie”.

A finales de julio, el Eswatini Litigation Centre se unió al Southern African Litigation Centre (SALC), un grupo de defensa regional, para lanzar un ultimátum al Gobierno: o se retiraba del acuerdo o se enfrentaría a acciones legales. La demanda fue ignorada.

No se trata solo de estos cinco hombres. Refleja una cuestión más profunda relacionada con el compromiso de Esuatini con los derechos humanos y el Estado de derecho

Melusi Simelane, director del programa de derechos civiles del SALC

El 14 de agosto, los grupos presentaron una solicitud urgente ante el Tribunal Superior de Esuatini, argumentando que el acuerdo de deportación violaba tres artículos de la Constitución del país. El artículo 236 exige a Esuatini que mantenga relaciones internacionales de forma transparente y de conformidad con el derecho internacional. El artículo 238 exige la ratificación parlamentaria de los acuerdos internacionales. Y el artículo 69 establece que el Gabinete es responsable ante el Parlamento de sus decisiones.

“No se trata solo de estos cinco hombres”, afirma Melusi Simelane, director del programa de derechos civiles del SALC y codemandante en el caso. “Refleja una cuestión más profunda relacionada con el compromiso de Esuatini con los derechos humanos y el Estado de derecho”.

El Gobierno ha mantenido que los deportados no suponen una amenaza para la seguridad y que están siendo tratados de forma humana. Thabile Mdluli, portavoz interina del Gobierno, dijo a EL PAÍS que el acuerdo refleja 50 años de “fructíferas relaciones bilaterales” entre Esuatini y EE UU. “Todos los acuerdos que se celebran se hacen con meticuloso cuidado y consideración, anteponiendo los intereses de ambas naciones”, afirmó Mdluli, subrayando que los deportados serán finalmente repatriados a sus países de origen con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Cuestiones constitucionales

Pero activistas y expertos jurídicos han cuestionado esa versión. Sibusiso Nhlabatsi, abogado especializado en derechos humanos, presentó en agosto una solicitud urgente por separado en la que impugnaba la denegación de acceso a los detenidos por parte de las autoridades penitenciarias. A pesar de haber sido contratado por los abogados de estos hombres en EE UU, la entrada de Nhlabatsi en la prisión fue denegada en repetidas ocasiones.

“Independientemente del motivo de su detención, su derecho a acceder a un abogado y a comunicarse con su familia es inviolable”, afirma Nhlabatsi. “Si realmente se les tratara de forma humana, se les habría llevado ante un juez”.

La falta de acceso ha alimentado las especulaciones sobre el trato y la situación jurídica de estos deportados. Simelane sostiene que son, en realidad, víctimas de la trata de personas, ya que han sido enviados a un país sin su consentimiento y detenidos sin el debido proceso. “Estas personas no deberían estar encarceladas”, afirmó. “No han sido condenados por ningún tribunal y nunca consintieron ser traídos aquí”.

Los expertos jurídicos han advertido de que el caso tiene implicaciones que van mucho más allá de las fronteras de Esuatini. Mandla Hlatshwayo, abogado, sostiene que el Gobierno debe demostrar “en virtud de qué está recibiendo y deteniendo a estos ciudadanos extranjeros”. “Todos los convenios y tratados con otros países deben ser ratificados por el Parlamento. De lo contrario, esto parece tráfico de personas”.

Sifiso Vuyo Musi, profesor de Derecho de la Universidad de Esuatini, coincide en que el caso plantea cuestiones fundamentales sobre la integridad nacional. “Lo que está en juego es nuestra integridad nacional y los derechos fundamentales de las personas”, afirmó.

Protestas

La controversia también ha suscitado la preocupación de la vecina Sudáfrica, que ha expresado su inquietud por la seguridad del programa de deportación.

Hlatshwayo teme que la aceptación del acuerdo por parte de Esuatini pueda animar a otros gobiernos africanos con problemas económicos a firmar acuerdos similares, lo que socavaría los estándares de derechos humanos en todo el continente.

Los activistas han organizado protestas frente a la embajada de EE UU en Esuatini y han asistido a las vistas judiciales, utilizando el caso como punto de encuentro para expresar su preocupación por la gobernanza democrática en un país gobernado por una monarquía absoluta.

Para Simelane y representantes de otros movimientos, el caso representa una prueba crucial del compromiso con la gobernanza constitucional y el principio de separación de poderes. El hecho de que las autoridades hayan pasado por alto completamente al Parlamento, argumentan, es señal de una peligrosa erosión de las instituciones democráticas.

“Por encima de todo esto está el principio de gobierno abierto y rendición de cuentas, que exige al Gobierno de Esuatini que rinda cuentas a su electorado sobre los detalles del acuerdo y cómo beneficia al país”, asegura Simelane.