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Estados Unidos envía siete migrantes deportados a Ruanda

La nación africana se convierte en la tercera del continente en aceptar a ciudadanos de otros países expulsados por la Administración Trump, tras Sudán del Sur y Eswatini

Matsapha Correctional Complex

La política de deportaciones de la Casa Blanca hacia terceros países avanza a paso firme. Este jueves Ruanda ha informado de que ha recibido un primer grupo de siete migrantes expulsados por Estados Unidos. El traslado forma parte de un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos, mediante el cual la nación africana se comprometió a acoger hasta 250 personas deportadas por la Administración Trump. Las autoridades ruandesas han asegurado que estos primeros migrantes llegaron a su territorio “a mediados de agosto”, pero no han especificado más ni divulgado sus identidades ni sus posibles antecedentes penales.

Según el anuncio oficial, firmado por la portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, los siete individuos fueron “alojados por una organización internacional” y están siendo monitoreados por la Organización Internacional para las Migraciones, así como también por los servicios sociales locales. Makolo señaló además que tres de esas personas han expresado su voluntad de regresar a sus países de origen. Otros cuatro, en cambio, manifestaron su intención de quedarse y “reconstruir sus vidas” en Ruanda, que se muestra como uno de los países más seguros y estables de África, a pesar de que ha sido criticado por su falta de libertades políticas y por la represión que ejerce su presidente, Paul Kagame, sobre la oposición.

Makolo subraya que esa nación “tiene la capacidad de aprobar a cada persona propuesta para el reasentamiento”. Esto significa que cada caso será “examinado” individualmente. Asimismo, la portavoz promete alojamiento, atención médica y capacitación laboral para quienes sean aprobados y decidan quedarse, lo cual les permitirá “impulsar sus vidas” y “contribuir a una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo durante la última década”. Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los criterios de selección, ni posibles fechas para los demás traslados. Tampoco se ha aclarado si Estados Unidos ofrecerá alguna compensación económica al gobierno ruandés.

La incorporación de Ruanda a este tipo de acuerdos lo convierte en el tercer Estado africano en aceptar deportados procedentes de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo diera luz verde a Trump para hacerlo. Anteriormente lo hicieron Sudán del Sur, que recibió a ocho migrantes el 5 de julio pasado, y Eswatini, que aceptó a otros cinco pocos días más tarde. En ambos casos, se trataba de personas descritas por Washington como “criminales” y “bárbaros”. Ahora, sin embargo, no se ha especificado si los siete recibidos por Ruanda habían sido acusados o condenados en Estados Unidos, cuya actual política migratoria, según sostiene la Casa Blanca, está enfocada en sacar del país a indocumentados que hayan cometido delitos graves. A pesar de ello, un porcentaje altísimo de los arrestados, de hasta el 70% de acuerdo a algunos reportes, no tienen antecedentes.

Por otra parte, Uganda también confirmó la semana pasada su disposición de recibir a migrantes deportados, siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores de edad no acompañados. Estados Unidos dijo al respecto que pretendía enviar hacia Uganda a Kilmar Abrego García, un salvadoreño cuya deportación por error lo convirtió en símbolo de la situación que viven los migrantes bajo el actual mandato del presidente Donald Trump. Abrego García expresó su miedo de ser torturado o perseguido en Uganda, y sus abogados han señalado que esa medida podría ser una represalia por no declararse culpable de las acusaciones de tráfico de personas que le imputan. Actualmente, Abrego García se quedará en Estados Unidos por lo menos hasta octubre, en lo que se decide su caso y se procesa su solicitud de asilo.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado los riesgos de enviar migrantes hacia naciones con las que, en muchos casos, no tienen ningún vínculo previo, y donde su seguridad y sus derechos podrían verse afectados. En el caso de Ruanda, han recordado un plan similar establecido con Reino Unido en 2022, que fue suspendido por fallos judiciales y enfrentó cuestionamientos sobre si en realidad ese es un destino seguro.

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