Una jueza lee las amenazas de muerte que ha recibido por sostener el bloqueo al fin del TPS para Haití

El fallo tal vez se podía esperar, pero el giro de guion de la jueza Ana Reyes era menos predecible. En una audiencia en Washington este jueves, en la que mantuvo su bloqueo al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití tras el recurso del Gobierno Trump, la magistrada dedicó parte del tiempo a leer correos electrónicos y mensajes de redes sociales en los que ha sido acosada y ha recibido amenazas de muerte. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos hacerlo”, afirmó. “No nos dejaremos intimidar”.

Tras emitir su decisión, Reyes dijo que quería referirse a lo ocurrido después de su fallo anterior del 2 de febrero, con el que había suspendido la cancelación de la designación de TPS para Haití, que estaba estipulada para el día siguiente. El secretario de Seguridad Nacional otorga el TPS si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para el regreso. Los beneficiarios del TPS pueden vivir y trabajar en Estados Unidos, pero el estatus no ofrece una vía legal hacia la ciudadanía. Los haitianos recibieron esta protección tras el devastador terremoto de 2010, y la prorrogó en varias ocasiones.

Trump ha buscado levantar esas protecciones para numerosos países, convirtiendo a más de un millón y medio de personas en ilegales. La resolución de Reyes de hace 10 días otorgó un alivio temporal a los más de 350.000 haitianos acogidos al TPS, quienes estaban a vísperas de perder su derecho a seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos, quedando vulnerables a la deportación de regreso al país caribeño.

Reyes aseguró que había dudado antes de compartir las amenazas que recibió. En última instancia, sin embargo, decidió que debía “aclarar un par de concepciones erróneas”. Leyó textualmente varios correos electrónicos, uno de los cuales le decía que debía “comerse una bala”. “Ojalá te mueras hoy”, dijo, al leer otro. “Disfruta ahogándote con tu lengua”, decía aún otro mensaje. En redes sociales había recibido llamados a colgar jueces y recibido mensajes ofensivos, racistas y misóginos.

La jueza admitió que hoy en día es común que los magistrados reciban este tipo de amenazas, y que algunos han recibido mensajes aún peores. Pero añadió que no dejará de defender la ley, actuando sin miedo y sin favoritismos. “A quienes no están de acuerdo conmigo, les doy las gracias”, dijo. “Se debe cuestionar a los jueces, se debe cuestionar a los políticos. Acojo con satisfacción la apelación del Gobierno porque los tribunales de apelación son una parte necesaria del sistema democrático”. Sin embargo, dejó claro que las amenazas no la harían abandonar su labor.

Reyes, que inmigró a Estados Unidos desde Uruguay cuando era niña, fue designada por la Administración Biden en 2022 y se convirtió en la primera mujer hispana y la primera “abiertamente LGTBQ” en servir en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. Esta fue una de las “concepciones erróneas” que sentía que debía atender. La jueza aseguró que no era jueza federal por ser una “lesbiana nacida en el extranjero”, ni mintió sobre sus orígenes a las autoridades para asegurar su nominación al puesto, como algunos habían asegurado en internet. Sus credenciales hablan por sí solas: se graduó con honores de la Facultad de Derecho de Harvard y pasó más de 20 años litigando casos federales de alto perfil en un bufete importante.

Las inesperadas declaraciones de Reyes llegaron al final de una audiencia acalorada en la que se mantuvo firme ante los intentos del abogado del Gobierno para que permitiera eliminar el TPS para haitianos. Reyes lo presionó sobre su afirmación de que la Administración sufriría un “daño irreparable” si no se le permitía poner fin al TPS para los haitianos y cuestionó la interpretación que el Gobierno hizo de su orden inicial en su apelación.

También subrayó que, si ella retirara su decisión del 2 de febrero y un tribunal superior fallara posteriormente a favor de los demandantes haitianos, quienes hubieran sido deportados a Haití entre las dos decisiones no tendrían ninguna vía legal para regresar a Estados Unidos. Además, criticó a la Administración por lo que, según ella, fue una interpretación engañosa de su fallo, en el que afirmaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no había cumplido la ley ni consultado con otras agencias antes de decidir poner fin al TPS para los haitianos.

La jueza dijo que emitiría una orden por escrito a tiempo para que un tribunal de apelación escuchara el recurso oficial. El Gobierno, en una medida inusual la semana pasada, apeló tanto al tribunal de apelación como a la propia Reyes, pidiéndole que revocara su decisión. El tribunal federal de apelación ha dado a los abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 19 de febrero para presentar sus alegatos. Tras esa fecha, podrán emitir una decisión en cualquier momento. El DHS aún podría recurrir al Tribunal Supremo, dependiendo de la resolución del tribunal de apelación.