Minnesota demanda a la Administración Trump para bloquear el despliegue de más agentes migratorios

Minnesota no quiere recibir más agentes federales de inmigración después de que uno de ellos matara a tiros a una mujer de 37 años la semana pasada en Minneapolis. El Estado, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, ha presentado este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump para bloquear el envío de cientos de agentes anunciado por el Departamento Seguridad Nacional (DHS) durante el fin de semana, argumentado que la operación de inmigración lanzada en las dos localidades es “una invasión federal”.

“Miles de agentes armados y enmascarados del DHS han irrumpido en las Ciudades Gemelas [como se le conoce a Minneapolis y St. Paul] para llevar a cabo redadas militarizadas y realizar detenciones y arrestos peligrosos, ilegales e inconstitucionales en lugares públicos sensibles, incluyendo escuelas y hospitales, todo ello bajo el pretexto de la aplicación de la ley de inmigración”, reza el documento de 81 páginas presentado por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ante el Tribunal de Distrito del Estado.

“Esto tiene que acabar, simplemente tiene que acabar”, señaló Ellison en una rueda de prensa para anunciar la demanda.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el domingo que enviaría “centenares” de agentes más para reforzar el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puesto en marcha en Minnesota la semana pasada, que ya suma más de 2.000 agentes de ese cuerpo y también de la Patrulla Fronteriza. Esto a pesar de que tanto el Estado como las autoridades locales han exigido la retirada de los agentes migratorios tras la muerte de Renee Good, una madre de tres que falleció el miércoles pasado por los tiros de un funcionario del ICE.

En respuesta al anuncio de Noem, Minnesota solicita al tribunal que declare inconstitucional e ilegal el “aumento sin precedentes” de agentes migratorios enviados al Estado y argumenta que el despliegue viola la soberanía estatal en virtud de la Décima Enmienda de la Constitución. La demanda nombra a Noem, al director interino del ICE, Todd Lyons, y al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, junto a otros funcionarios.

La demanda también pide que se prohíba que los agentes amenacen con usar la fuerza física contra personas que no están sujetas a un arresto por inmigración, apunten con armas de fuego a individuos que no representan una amenaza inmediata de muerte o usen llaves de estrangulamiento u otros métodos.

La acción de Minnesota llega después de un fin de semana cargado de protestas en repudio a los operativos del ICE y las tácticas violentas empleadas por sus agentes. Miles de personas se congregaron en eventos en todo el país para recordar a Good y exigir que el presidente Trump ponga fin a su cruzada antiinmigrante, que, además de Minneapolis, ha incluido el envío de agentes migratorios a ciudades gobernadas por los demócratas como Los Ángeles, Washington D. C. y Chicago.

Esta última también presentó este lunes una demanda contra el Gobierno federal por la operación migratoria lanzada en la urbe en septiembre pasado. “La Administración Trump ha desatado un bombardeo organizado contra el Estado de Illinois y la ciudad de Chicago, causando agitación e imponiendo un clima de miedo”, reza el documento de 103 páginas.

Al igual que Minnesota, Illinois sostiene que el Gobierno ha violado la Décima Enmienda de la Constitución y que los agentes de inmigración enviados al Estado “han actuado como fuerzas de ocupación en lugar de como agentes del orden: deteniendo y cuestionando de manera aleatoria y brutal a los residentes, separando a padres de sus hijos, deteniendo sin orden judicial ni causa probable tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, y utilizando gas lacrimógeno y otras armas químicas en entornos urbanos contra transeúntes desprevenidos, hiriendo a decenas de personas, incluidos niños, ancianos y agentes de la policía local”.

Illinois pide al Tribunal para el Distrito Norte del Estado que impida que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza opere en sus ciudades sin “autorización expresa del Congreso”.