Cárceles que operan como centros de detención: una zona gris que se extiende con Trump

A lo largo del país, fuerzas del orden locales se han aliado con el Gobierno de Donald Trump en su campaña de detenciones y deportaciones masivas a un ritmo récord. Estas alianzas, conocidas como acuerdos 287(g), otorgan a las instituciones locales —como departamentos de policía y cárceles de condados— la facultad de retener y transportar a personas hacia y desde centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y estas, a cambio, se benefician fiscalmente de ello. Desde junio, el número de este tipo de colaboraciones ha aumentado de 649 a más de 1.000 en 40 Estados, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional del 17 de septiembre. No obstante, la cifra oficial no incluye todos los acuerdos que la agencia de inmigración ha cerrado con entidades locales.

Al comparar la lista de centros de detención en el sitio web del ICE con un índice de cárceles de condado y oficinas de sheriff que tienen acuerdos 287(g), EL PAÍS encontró que, en todo el país, hay más de 500 instalaciones locales que no son reconocidas como centros de detención formales en la página del ICE, aunque operan como si lo fueran.

“El ICE no publica una lista completa de los centros de detención que utiliza”, sostiene Susan Long, cofundadora del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), una organización que hace públicos datos de inmigración. La agencia “oculta un número bastante grande de ellos bajo diversos pretextos”, asegura la experta.

Existen varios tipos de acuerdos que las agencias policiales locales y de condado pueden establecer con el ICE, explica Long. El 287(g) es solo uno de ellos: un programa creado en 1996 y reactivado a gran escala por la Administración Trump, que redirige recursos y espacio en instalaciones financiadas por los contribuyentes locales a la detención de migrantes. Muchos de estos detenidos provienen de otros Estados o no tienen antecedentes penales.

Los contratos con centros de detención son ligeramente diferentes de los acuerdos 287(g), que otorgan autoridad a los oficiales locales para ayudar con la detención de inmigrantes. Bajo algunos acuerdos 287(g), un agente de la ley puede detener a una persona, notificar al ICE y mantenerla temporalmente bajo custodia hasta que lleguen los agentes de inmigración. Mientras que el 287(g) otorga a los oficiales más flexibilidad para detener y les permite llevar a personas bajo custodia si creen que son indocumentadas, sin importar si han cometido un delito, un contrato con un centro de detención formaliza los pagos por día que reciben las cárceles de condado por retener a detenidos del ICE y establece el tiempo durante el cual pueden mantener a esos prisioneros.

Como resultado, existen 500 instituciones de condado con acuerdos 287(g) con el ICE que no son reconocidas como centros de detención formales, aunque los oficiales locales tienen la capacidad de llevar inmigrantes bajo custodia allí.

Estos acuerdos clasifican las instalaciones de los condados según el tiempo que pueden retener a los detenidos del ICE, señaló Long. Algunas están autorizadas para mantener a las personas bajo custodia a largo plazo, mientras que otras no pueden retenerlas por más de 72 horas. Según la investigadora, las cárceles que aceptan mantener a migrantes por menos de tres días tienen menos requisitos de reporte y es menos probable que aparezcan en el sitio web de ICE como un centro de detención formal.

Es casi imposible determinar cuántas instalaciones de condado están designadas como centros de detención a corto plazo, ya que no se hacen públicas. El equipo de Long en TRAC, que ha estado intentando obtener estos acuerdos mediante solicitudes de registros públicos, a menudo se topa con un callejón sin salida, ya que son retenidos bajo una disposición de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que exime a las agencias de divulgar información comercial o financiera que sea confidencial o privilegiada.

La falta de información también preocupa a la cofundadora de TRAC por razones más allá de la transparencia. Los centros de larga estancia tienen mayores exigencias en términos de calidad de vida que los de corta estancia. Por ejemplo, a menudo se exige que los centros de larga estancia cuenten con personal médico en caso de emergencia.

Centros de detención encubiertos en cárceles ya superpobladas

En una reunión del tribunal fiscal celebrada en marzo pasado en el condado de Oldham, Kentucky, al noroeste de la ciudad Louisville, el carcelero de la localidad, Jeff Tindall, presentó una solicitud aparentemente sencilla: la aprobación para la compra de dos vehículos nuevos, una camioneta y un autobús. Los recursos de transporte de la prisión ya no eran suficientes, explicó Tindall. En conjunto, los vehículos costarían aproximadamente 238.000 dólares y se usarían para viajes a otros Estados como Illinois, Missouri, Indiana y Kansas.

En un Estado conservador como Kentucky, parecía improbable que la solicitud de Tindall molestara a los miembros de la comunidad. Pero un mes después, Michael Slider, director ejecutivo de Ciudadanos de Kentucky por la Democracia, un grupo local de base antiautoritarista, compareció ante el tribunal fiscal. Apretaba un paquete de papeles mientras subía al podio: “Tenemos una gran operación lucrativa aquí”, dijo. Señaló que la cárcel del condado Oldham gana 73 dólares al día por cada inmigrante alojado. “Pensé que pagamos sus salarios para servir a los ciudadanos del condado de Oldham, no para operar un servicio de taxis del ICE. ¿Quién decidió que así se utilizarían nuestros recursos?”, preguntó.

Slider y su esposa fundaron Ciudadanos de Kentucky por la Democracia tras la reelección del presidente Trump. Nunca habían oído hablar de los acuerdos 287(g) o de un contrato de centro de detención. Slider se enteró del programa —y sobre la participación del condado de Oldham en él— en un artículo de la prensa. “No tenía ni idea de qué era”, recuerda. “Así que fui a hablar con el sheriff“. Descubrió que el carcelero del condado había firmado el acuerdo.

La del condado de Oldham es una de las 31 cárceles u otras agencias locales del orden público que figuran en el sitio web del ICE como centro de detención oficial. Sin embargo, otras instituciones en el mismo Estado no han sido descritas con tanta transparencia. En el condado de Kenton, justo al sur de la frontera de Kentucky con Ohio, otra cárcel local tiene algunas de las mismas funciones que un centro de procesamiento de inmigración, pero no figura en el sitio web del ICE.

En el Estado de Iowa, en la prisión del condado Woodbury, casi la mitad de los reclusos en agosto eran inmigrantes. Esta cárcel tampoco figura como centro de detención en el sitio web del ICE ni cuenta con un acuerdo 287(g). Algunos Estados, como Florida, tienen cientos de estos acuerdos a nivel estatal, de condado, local e incluso policía universitaria. Los cientos de acuerdos entre el ICE y las agencias del orden público en todo Estados Unidos operan bajo términos divergentes, lo que demuestra la falta de transparencia en torno a cómo estas instituciones más pequeñas facilitan la agenda migratoria del Gobierno federal.

A Slider, el activista de Kentucky, le enfurece especialmente que las cárceles de su Estado natal acepten inmigrantes y presos federales a pesar de estar ya sobrepobladas. La cárcel del condado de Kenton, por ejemplo, tenía una población carcelaria que supera en 50 personas la capacidad de la instalación durante la semana del 18 de septiembre.

Slider asegura que ha enfrentado resistencia al hacer campaña por los derechos de los presos en un Estado republicano, incluso si no han cometido ningún delito. Ha recibido una lluvia de críticas en redes sociales. “Pero eso no nos va a detener”, declara el activista local. “Tenemos voz y la vamos a usar”.