Las multas de 1.000 dólares diarios de ICE presionan a los inmigrantes a que se autodeporten

La Administración Trump ha lanzado una iniciativa para recolectar más de 6.000 millones de dólares en multas de inmigrantes que se han quedado en el país a pesar de recibir órdenes de deportación. Estas multas, emitidas en el marco de la nueva política migratoria del presidente, representan una expansión financiera del control de inmigración más allá de las deportaciones.

En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han escalado sus esfuerzos para convertir el rechazo a la deportación en un problema financiero. Han enviado notificaciones a inmigrantes en las que amenazan con demandas judiciales, cobradores de deudas e incluso implicaciones fiscales si las multas no se pagan.

Por otra parte, las agencias recuerdan que si las personas se “autodeportan”, el saldo será eliminado y se otorgará una “bonificación de salida” de 1.000 dólares. También advierten que quienes se queden en el país se arriesgan a sanciones cada vez mayores. Algunas de ellas ascienden a los 1.000 dólares al día.

Esto afecta a los inmigrantes que ya viven al día. Las multas retroactivas pueden incluso superar el millón de dólares si las personas llevan mucho tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, abogados de inmigración han dicho que estas cifras no están pensadas para su reembolso, sino que se usan para infundir miedo.

Deudas impagables

La práctica de las multas para inmigrantes se basa en una disposición poco utilizada de una ley de inmigración de 1996, que ha sido revivida por la administración Trump para reforzar la promesa de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Como resultado, ahora no se depende solo de los centros de detención, los vuelos de deportación y la aplicación física de la ley, sino que ahora también se recurre a la coacción financiera.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó su compromiso para recuperar estas sumas “en nombre de los contribuyentes estadounidenses” y anunció que el Servicio de Cobro de Deudas del Tesoro colaborará directamente con ICE para embargar las devoluciones de impuestos, restringir los pagos federales y contratar a cobradores privados.

Por otra parte, el DHS ha indicado que las multas que no se paguen podrían ser declaradas al IRS como ingresos imponibles, de forma similar a las deudas condonadas de tarjetas de crédito o hipotecas. Sin embargo, expertos fiscales se muestran escépticos sobre la legalidad de esta maniobra, y señalan que la exención de una multa es diferente a la eliminación de una ganancia financiera.

Inmigrantes y la economía

Muchos de los inmigrantes afectados trabajan en industrias con salarios bajos, como la construcción, la agricultura y otros sectores que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada. Al cargar a los trabajadores con deudas imposibles de pagar, el gobierno corre el riesgo de empujarlos más a la clandestinidad, lo que reduce los estándares laborales y complica los esfuerzos de recaudación de impuestos.

La realidad es que muchos inmigrantes indocumentados ya participan en el sistema tributario, así que amenazar con embargar las devoluciones de impuestos contradice la narrativa que los describe como personas ajenas al marco financiero del país. De igual forma, la aplicación agresiva de las multas en los Estados, con una gran mano de obra inmigrante, podría provocar su escasez, perturbar las economías locales y ejercer presión al alza de salarios en sectores que ya tienen dificultades para encontrar personal.

Los críticos argumentan que las multas multimillonarias impuestas a los trabajadores de bajos ingresos se asemejan más a la intimidación que a la justicia. Grupos de defensa como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC por sus siglas en inglés) han denunciado las normas como inconstitucionales en virtud de la prohibición de sanciones excesivas de la Octava Enmienda. El ILRC advierte que el nuevo sistema priva a los inmigrantes del debido proceso al limitar las apelaciones, acortar los plazos de respuesta y confinar las revisiones al DHS en lugar de a tribunales independientes.

Los grupos también argumentan que las sanciones, que alcanzan casi 2 millones de dólares por persona, son excesivas y discriminatorias. Algunos inmigrantes también permanecen en

Empleadores multados

Aunque la atención se ha centrado en las personas, el ICE mantiene desde hace tiempo una estructura paralela para sancionar a los empleadores. Las empresas pueden ser multadas con entre 375 y 16.000 dólares por cada trabajador no autorizado, y hasta 250.000 dólares por albergar o transportar a sabiendas a empleados indocumentados. Los errores en los formularios de empleo I-9 también pueden dar lugar a sanciones que oscilan entre 110 y 1.100 dólares por infracción.