Estados Unidos revisará de manera “continua” más de 55 millones de visas y suspende los visados para camioneros

La Administración Trump continúa endureciendo su política migratoria con cada día que pasa. Entre el jueves y el viernes, el Gobierno ha anunciado dos nuevas medidas que aumentan el control sobre los migrantes y limitan aún más las pocas vías legales para entrar al país como trabajador. Por un lado, el Gobierno investigará de manera “continua” los expedientes de más de 55 millones de personas que poseen visas válidas, expandiendo su cruzada antimigrantes sustancialmente, mucho más allá de su objetivo original, que se supone que eran los indocumentados con antecedentes criminales. Por el otro, ha detenido la emisión de visados laborales para los choferes de camiones comerciales, por lo menos mientras se revisan los protocolos de evaluación de los solicitantes.

Según el Departamento de Estado, la “investigación continua” significa que quienes tengan visa estadounidense podrán ser sometidos a un nuevo escrutinio en cualquier momento, si se detecta “cualquier indicio” de inelegibilidad tras la emisión del documento. Para ello, las autoridades pueden tener en cuenta registros policiales y migratorios, datos de inteligencia, e incluso las huellas digitales de los viajeros.

En caso de que la irregularidad se confirme, la visa quedaría revocada y la persona expulsada del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró al respecto que las áreas principales que estarán monitoreando serán la permanencia en el territorio por más tiempo del autorizado, además de actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública o participación y apoyo a organizaciones terroristas.

En realidad, los consulados siempre han tenido potestad para revocar estos permisos por las razones que señaló Rubio. La novedad ahora es que el chequeo se convierte en un proceso sistemático, que incluye, por ejemplo, a turistas con visas de entradas múltiples, o a personas con visados vigentes que pueden estar fuera del país.

Además, David J. Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, dijo al Washington Post que el Gobierno pretende realizar “revisiones proactivas” de redes sociales, lo cual podría significar que utilicen las opiniones personales publicadas en estas plataformas como excusa para revocar visas. Esto, de acuerdo con el experto, sería difícil de aplicar de manera uniforme y podría terminar siendo utilizado selectivamente, presionando la libertad de expresión para los no ciudadanos. Este tipo de monitoreo ya se está llevando a cabo para visados estudiantiles, entre otros.

Marco Rubio también anunció que se han dejado de emitir, “con efecto inmediato”, visas de trabajo para los conductores de camiones comerciales, sin importar su nacionalidad. Se trata de una decisión temporal inicialmente, que estará vigente mientras se revisan los criterios de selección y verificación. Rubio manifestó que la medida protegerá el empleo para los camioneros estadounidenses. También aseguró que, de esta forma, se pretende reforzar la seguridad vial, citando accidentes con fallecidos supuestamente provocados por choferes que no dominaban el inglés lo suficiente como para leer señales de tránsito o comunicarse con los oficiales en la carretera.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la nueva suspensión tiene el objetivo de permitir que se evalúen de forma “exhaustiva y completa” los protocolos actuales. Serán revisados, entre otras cuestiones, la rigurosidad de las pruebas para otorgar las licencias, la calidad de la formación inicial de los choferes extranjeros y, fundamentalmente, el dominio del inglés, un tema que ha generado polémica entre los trabajadores del sector.

Asimismo, el Departamento de Estado se refirió a “intereses de seguridad nacional y de política exterior” para justificar la aplicación de un estándar más alto para los camioneros extranjeros y, en general, para cualquier titular de visa cuya conducta pudiera representar un riesgo.

La Asociación Estadounidense de Camioneros, a pesar de que actualmente tiene un déficit de 60.000 conductores, apoyó la decisión de poner en pausa la emisión de visados laborales. Argumentaron que el sistema necesita un mayor control en los estándares de formación y en el cumplimiento de los requisitos para entrar al oficio, pues, según dijeron, existen “atajos” en la certificación de los choferes que deben ser revisados.