La nueva ley de baños antitrans entra en vigor en Texas con grandes interrogantes sobre su aplicación

Este jueves entra en vigor en Texas la nueva ley estatal SB8 —conocida popularmente como “bathroom bill”— que restringe el uso de baños y vestidores en edificios públicos según el sexo asignado al nacer. La norma, aprobada hace unos meses tras años de intentos legislativos por parte del poderoso conservadurismo, afecta escuelas, universidades, oficinas gubernamentales y prisiones. Pero mientras su alcance es amplio y confirma el lugar del Estado en la vanguardia del movimiento antitrans en Estados Unidos, su implementación está rodeada de dudas. Y el gran interrogante es cómo se aplicará.

Durante el debate legislativo de agosto en el Congreso estatal, los promotores del proyecto reconocieron que la ley no establece un mecanismo claro y uniforme. En la Cámara Baja, la republicana Angelia Orr indicó inicialmente que la aplicación dependería en la apariencia de las personas, aunque más tarde matizó esa afirmación. En el Senado, el impulsor Mayes Middleton defendió que SB8 crea “un mecanismo de cumplimiento” dirigido a instar a las instituciones a fijar sus propias políticas. “No establece nuevas penas criminales”, dijo, sino una vía para “hacer lo correcto”.

Pero esa ambigüedad es la que genera inquietud entre la comunidad trans del Estado. No es temor a las consecuencias de incumplir una ley que en cualquier caso castiga a la institución que no la implemente y no a los ciudadanos que la infrinjan, sino que es frustración por los efectos que la legislación podría desatar. Los colectivos afectados denuncian que la redacción de la ley se hizo deliberadamente ambigua para generar estas consecuencias.

Entre los grupos de derechos civiles, las preocupaciones sobre cómo se hará cumplir la ley se dividen en dos bloques. El primero gira en torno a la posibilidad de que, para determinar quién “pertenece” a qué baño, se exijan documentos de identidad, se consulte a expedientes escolares —en el caso de menores o universitarios— o incluso se recurra a inspecciones físicas. Los defensores de la SB8 han negado que esto vaya a suceder, pero la norma no prohíbe explícitamente tales prácticas, lo que ha mantenido la alarma encendida entre colectivos trans y expertos legales.

La segunda inquietud la resumen activistas que han advertido que la ley también fomenta que personas del público se sientan envalentonadas para vigilar e interpelar a otros usuarios. El precedente es claro: en audiencias públicas, quienes se oponen a estos proyectos han relatado casos de hostigamiento a personas que ni siquiera son trans, sino que simplemente no se ajustan a las convenciones de género. La ley, sostienen, convierte la apariencia en un campo minado para todos. Esto enlaza con lo que algunas organizaciones y activistas llaman “políticas de pasabilidad”: es decir, la presión sobre las personas trans para “parecer” más del género con el que se identifican para evitar sospechas.

La ley también incluye un apartado sobre prisiones, que dicta que estas deben mantener a los reos en cárceles de acuerdo a su sexo asignado al nacer. Asimismo, la norma establece un requisito adicional para ciertos refugios contra la violencia familiar que tienen contratos con el Estado. En este caso, solo podrán atender a personas asignadas mujeres al nacer. Sin embargo, organizaciones especializadas señalan que muchos de estos centros reciben subvenciones federales que les obligan a atender sin discriminación por sexo.

El texto de la legislación contempla excepciones limitadas: personal de limpieza o mantenimiento, quienes acuden a auxiliar a alguien en una emergencia médica, menores de 9 años acompañados por un adulto y agentes de seguridad en funciones. También permite la existencia de baños unipersonales —como sanitarios familiares— abiertos a cualquier usuario, opción que diversos organismos consideran la vía más sencilla para reducir conflictos. Los establecimientos privados son libres de imponer sus propias políticas.

Algunos organismos estatales aseguran que no prevén cambios porque consideran que ya cumplen la ley. El Departamento de Transporte lo afirma sin detallar cómo. El Departamento de Justicia Criminal, responsable de las prisiones estatales, tampoco se plantea ajustes. Otros organismos, como el sistema de universidades Texas Tech o la Comisión de Salud y Servicios Humanos, admiten estar elaborando políticas, aunque aún no han precisado su contenido.

Un sistema de denuncias ciudadanas bajo supervisión del fiscal general

De acuerdo a la poca información incluida en la ley, su aplicación se basa en las denuncias ciudadanas y en la supervisión del fiscal general, Ken Paxton, quien tendrá la última palabra sobre si se imponen sanciones a entidades públicas que no cumplan. En principio, un residente de Texas que presencie una supuesta infracción deberá notificar primero por escrito a la institución involucrada. Esta luego dispondrá de tres días para “corregir” la situación, ajustando sus políticas o señalización.

Si la queja persiste, la oficina del fiscal general podrá abrir una investigación. En caso de que se confirme la infracción, la entidad tendrá otros 15 días para rectificar antes de recibir una multa de 25.000 dólares por la primera violación. Cada incumplimiento posterior podría costar hasta 125.000 dólares diarios. La ley también permite que las personas “afectadas” por la falta de aplicación demanden a las instituciones.

Este sistema no tiene precedentes reales. En otros Estados con leyes similares, la aplicación ha sido mínima. En Florida, donde hay sanciones penales bajo una legislación parecida, el único caso destacado de arresto bajo su bathroom bill quedó sin cargos. Sin embargo, en Texas, el fiscal Paxton ha mostrado su disposición a intervenir agresivamente en políticas relacionadas con personas trans, incluso antes de la aprobación de SB8, con investigaciones dirigidas a escuelas, hospitales o clubes deportivos. Es previsible que, con la nueva ley, mantenga o aumente su agresividad.

La entrada en vigor de la ley texana llega en un momento en que diversos Estados han aprobado restricciones relacionadas con personas trans, desde límites a la participación deportiva hasta prohibiciones de tratamientos de afirmación de género para menores. A nivel federal, los ataques a la comunidad trans durante la segunda presidencia de Donald Trump también han sido notables, como la prohibición de cambiar el sexo asignado al nacer en documentos oficiales.