Suspendidos 35 empleados de la FEMA tras firmar una carta de disenso con los recortes de Trump

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha suspendido a 35 empleados que firmaron una carta pública de disenso el pasado lunes. El comunicado, que alertaba de que los reportes federales han debilitado peligrosamente a la agencia, fue firmada por 180 trabajadores actuales y pasados, pero 141 de ellos lo hicieron de manera anónima por temor a represalias. Los que sí usaron su nombre fueron puestos, de acuerdo a reportes de Associated Press, en licencia administrativa el martes por la tarde. A pesar de los tiempos y coincidencias en cuanto a las personas afectadas, el aviso señalaba que la decisión “no es una medida disciplinaria y no tiene intención punitiva”.

Los trabajadores fueron notificados a través de un correo electrónico de que serían puestos en licencia indefinida, con goce de sueldo, pero que aún debían registrarse cada mañana para confirmar su disponibilidad, según dos emails revisados por AP. La FEMA no se ha comunicado públicamente al respecto, ni ha respondido a preguntas sobre cuántos empleados recibieron la notificación.

La llamada Declaración Katrina advierte a las autoridades que la situación actual en el seno de la FEMA recuerda los errores cometidos durante el huracán de 2005, cuando la falta de preparación y la lenta respuesta gubernamental agravaron el desastre. Los trabajadores sostienen que las políticas de la Casa Blanca están debilitando la misión de la agencia al despedir a personal experimentado y dificultar su capacidad de respuesta.

En el último año, FEMA ha perdido cerca de un tercio de su plantilla permanente, principalmente por jubilaciones incentivadas, renuncias y la congelación de contrataciones. La carta asegura que el organismo no tiene suficientes manos para enfrentar un gran desastre, y denuncia además la presión para trasladar a empleados a tareas de inmigración en ICE, lo que deja aún más desprotegida la gestión de emergencias. Según el texto, quienes rechazan esas reubicaciones se arriesgan a perder su empleo.

Los firmantes también señalan como obstáculo un nuevo sistema que obliga a que todos los contratos y misiones que superen los 100.000 dólares reciban aprobación directa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta burocracia, dicen, ya retrasó la llegada de ayuda federal durante las recientes inundaciones en Texas.

Otro punto crítico es la falta de liderazgo cualificado: desde abril, la FEMA está encabezada por David Richardson, un exmarine sin experiencia en gestión de catástrofes. A juicio de los empleados, esto repite el error de Katrina, cuando la designación de dirigentes sin conocimientos técnicos tuvo consecuencias desastrosas.

Finalmente, denuncian la eliminación de programas clave de mitigación, como el Building Resilient Infrastructure and Communities y el Hazard Mitigation Grant Program, que apoyaban proyectos para reducir daños en comunidades vulnerables. Suprimirlos, advierten, equivale a comprometer la seguridad futura del país frente a fenómenos extremos.

En un correo electrónico enviado el lunes, el portavoz de la FEMA, Daniel Llargues, señaló que la Administración Trump “ha hecho de la rendición de cuentas y la reforma una prioridad, de modo que los dólares de los contribuyentes realmente lleguen a las personas y comunidades a las que deben ayudar”. “No sorprende que algunos de los mismos burócratas que supervisaron décadas de ineficiencia ahora se opongan a la reforma”, añadió Llargues.

El caso de la FEMA no es el primero. Empleados de otras agencias, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), han emitido declaraciones similares en los últimos meses y recibido respuestas similares. A principios de julio, aproximadamente 140 empleados de la EPA fueron puestos en licencia administrativa por firmar una carta de oposición.