Los cambios a los préstamos estudiantiles en agosto: vuelven los intereses de SAVE

Se acerca un cambio importante a los préstamos estudiantiles. Al comenzar el mes de agosto, alrededor de 8 millones de prestatarios volverán a ver cómo se acumulan los intereses de sus préstamos, ya que llega el fin del alivio proporcionado por el Plan de Ahorro para una Educación Valiosa (SAVE) en 2023 bajo la Administración de Joe Biden.

En el verano de 2024, los prestatarios inscritos en el plan SAVE pasaron a estar amparados por una moratoria administrativa, tras una orden judicial que suspendió la implementación del programa tras demandas interpuestas por Estados gobernados por republicanos. Durante este periodo, no se les exigió realizar pagos ni se generaron intereses, lo que implicó una congelación efectiva de sus saldos.

Sin embargo, a principios de julio de 2025, el Departamento de Educación anunció que esta exención de intereses finalizaría el 1 de agosto.

Cómo afecta a los prestatarios

Las consecuencias financieras para los prestatarios serán significativas. Según un análisis del Centro de Protección de los Prestatarios Estudiantiles (SBPC), el prestatario medio del plan SAVE pagará 3.500 dólares adicionales en intereses cada año, es decir, aproximadamente 300 dólares al mes. Para los prestatarios con bajos ingresos, muchos de los cuales ganan menos del 225% del umbral federal de pobreza, la carga será especialmente pesada. En algunos casos, a estos prestatarios se les podrían cobrar más de 3.000 dólares al año solo en intereses.

El retorno de los intereses no irá acompañado de la reanudación de los pagos mensuales, los cuales permanecerán suspendidos al menos hasta diciembre. Sin embargo, los intereses comenzarán a acumularse en las cuentas de los prestatarios, lo que provocará un aumento del saldo de los préstamos y, potencialmente, de los pagos mensuales futuros.

Para evitar que los saldos se disparen, los prestatarios pueden optar por realizar pagos voluntarios solo de intereses. Pero esos pagos realizados durante la moratoria seguirán sin contar para el pago de los programas de condonación de préstamos por servicio público (PSLF) o de reembolso basado en los ingresos (IDR).

El fin de SAVE

El futuro a largo plazo del plan SAVE es sombrío. Como parte de la One Big Beautiful Bill firmada por el presidente Donald Trump en julio, el plan SAVE quedará oficialmente derogado el 1 de julio de 2028. Mientras tanto, los prestatarios del plan SAVE deberán cambiar a otras opciones de pago, probablemente mucho antes de 2028.

Sus dos opciones principales serán los planes de pago definidos por los ingresos (IDR) o un nuevo plan de asistencia para el pago (RAP) respaldado por Trump, cuyo lanzamiento está previsto para julio de 2026. Aunque el RAP incluirá algunas salvaguardias contra el aumento del saldo debido a los intereses, se espera que resulte en pagos mensuales más elevados y plazos de condonación más largos en comparación con el SAVE.

Por ahora, el Departamento de Educación anima a los prestatarios a cambiar de forma proactiva sus planes de pago, incluso mientras se ocupa de una acumulación de más de 1,5 millones de solicitudes de IDR. Los retrasos en la tramitación podrían significar que muchos prestatarios permanezcan en el limbo durante meses, o hasta más.

Qué pueden hacer ahora los prestatarios

Con la reanudación de los intereses, pero con los pagos aún en pausa, los prestatarios se enfrentan a decisiones difíciles. Permanecer en la moratoria SAVE conlleva el riesgo de aumentar la deuda, mientras que cambiar a otro plan podría significar tener que lidiar con retrasos o pagos más elevados. Algunos pueden optar por realizar pagos voluntarios, aunque no cuenten para la condonación.

El Departamento de Educación recomienda a los prestatarios que actualicen su información sobre ingresos utilizando la herramienta de recuperación de datos del IRS y que consideren la posibilidad de solicitar un IDR o prepararse para el RAP una vez que esté disponible.

En una declaración, la secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que la administración se centra en la “responsabilidad fiscal” y en simplificar el reembolso, pero para los prestatarios que se enfrentan a miles de dólares en nuevos cargos sin un camino claro por delante, el futuro sigue siendo incierto.