Seis de las 16 asesinadas este año contaban con una orden de alejamiento, ¿por qué suben los feminicidios con denuncia previa?

El pasado domingo, cuando aún no había amanecido, Arelis Jiménez se descolgaba por la ventana de un tercer piso en Pamplona con una sábana. Intentaba huir de su expareja, un hombre al que había denunciado y que tenía una orden de alejamiento en vigor. Pero cayó al vació, y murió. El lunes, en Córdoba, iba a producirse un juicio rápido contra un hombre que tres días antes había entrado con un martillo en casa de Tulia Ester, su exmujer: le destrozó el equipo de música, la agarró del pecho y la amenazó con destrozarle toda la casa. La policía lo detuvo y un juez decidió imponerle una orden de alejamiento. Sin embargo, lo dejó en libertad hasta que tuviera lugar un juicio que nunca se produjo: la mató esa mañana en el portal de su casa.

Este miércoles, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmaba que el sistema VioGén ―el de seguimiento de víctimas y agresores con 102.567 casos activos actualmente― “funciona”, pero hay que “reforzarlo, evaluarlo y ver qué está fallando”. Además, resaltaba una cifra: de las 16 mujeres asesinadas desde que comenzó 2026, siete habían denunciado y seis de ellas tenían medidas en vigor (el 37,5%). Es un porcentaje muy por encima de la media histórica. Desde que existe registro, en 2003, 304 de las 1.359 mujeres asesinadas habían alertado a las autoridades, el 22%.

¿Por qué se producen feminicidios de mujeres que denunciaron, que están en el sistema y que tienen medidas de protección y órdenes de alejamiento de sus agresores? Especialistas de diversas áreas repiten de forma permanente que hay asesinatos que son muy complicados de evitar, pero son puntuales. En el resto, y partiendo de que el autor siempre es el agresor, hay también una responsabilidad del Estado. Y los errores que se cometen pueden tener que ver con múltiples factores: desde las decisiones tomadas por las fuerzas de seguridad hasta las de jueces o fiscales, pasando por las de otros eslabones de la cadena de protección. Incluso las de las propias víctimas, que tienen que ser tenidas en cuenta, y comprendidas dentro del círculo de la violencia en la que viven, por todos los profesionales anteriores.

La detención inmediata

Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los mayores expertos en violencia, recuerda un asesinato de diciembre de 2021, el de Eva Jaular y su bebé de 11 meses en Liaño de Villaescusa, en Cantabria, porque aquel crimen se produjo después de que ella llamara a la Guardia Civil para decirles que su ex, José Reñones, se estaba saltando la orden de alejamiento, estaba en su casa y tenía miedo.

“La Guardia Civil llegó y le dijo ‘váyase’ en lugar de detenerlo. Se fue, sí, pero volvió, y las mató. En la sentencia incluimos un criterio que nos parece muy importante: cuando hay quebrantamiento, hay que detener, porque supone una elevación del riesgo”, afirma Magro.

Esa sentencia, del pasado enero y con Magro como ponente, ratificó la prisión permanente para Reñones y en ella se lee que los hechos, “execrables y sumamente graves […] podían haberse evitado”, que la presencia de Reñones en la casa “debía haber conllevado la inmediata detención del recurrente” tanto por saltarse la orden, como por “ser evidente la peligrosidad del sujeto”, que no era la primera vez que la quebrantaba, “lo que dejaba claro el elevado riesgo que conllevaba permitir que pudiera acercarse a las víctimas como lo hizo, acabando con la vida de las dos”. En el fallo se aludía a la “inmediata detención” como una decisión “ineludible” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en estos casos.

La correcta evaluación del riesgo

Las órdenes de alejamiento “no son un escudo protector imposible de traspasar”, pero lo que jamás puede ocurrir “es que haya un quebrantamiento y no pase nada, claro que tiene que pasar: detención inmediata, puesta a disposición judicial y, previsiblemente, el ingreso en prisión”, dice Magro. Para que eso suceda hay algo “fundamental” que tiene que darse: una “correcta evaluación del riesgo”. No solo a la hora de valorar qué hacer tras un quebrantamiento, sino también para decidir o no la medida. Magro ha escrito varias sentencias en las que hace hincapié en ello como “lo más necesario para evitar errores”.

Tulia Ester, la mujer asesinada en Córdoba el lunes, de origen colombiano, con dos hijos de 23 y 25 que cuando la recordaron en el minuto de silencio quisieron incidir en la palabra “vitalista” para describirla, entró en el Sistema VioGén con un riesgo medio. Con ese nivel de riesgo el juez tomó una decisión. A veces, apunta el magistrado, “una errónea valoración del riesgo puede determinar que no se dicte una orden de protección”. Según los datos oficiales, desde que se activaron, en 2009, de las 644.961 órdenes pedidas se han adoptado 426.393, el 66%; y solo el año pasado se pidieron 40.205 y se impusieron 22.845, algo más de la mitad.

“Necesitamos ordenes de alejamiento suficientes”, apuntaba este miércoles la ministra de Igualdad. Para las abogadas especialistas en violencia machistas, “se dan pocas”, afirma María Andrés, una de estas letradas. Cree que tiene que ver con “la percepción de la violencia machista según qué jueces y qué fiscales”. Asegura que hay juzgados de los que saben, de antemano, que no saldrá una de esas órdenes.

Sobre todo cuando lo que se denuncia es violencia psicológica: “Cuando vas con un parte de lesiones la valoración del riesgo cambia, porque, a su juicio, pueden valorar de una manera mucho más objetiva o fiable la situación de riesgo y la certeza de la violencia. Pero cuando denuncias coacciones, injurias, violencia psicológica o maltrato continuado durante años en el domicilio familiar, la cosa cambia”.

Eso, según explica la letrada, hace que cuando les explican a las mujeres cuál es el procedimiento penal y las opciones que tienen de tener una orden de protección, muchas no quieran hacer nada, “porque en muchas ocasiones si no hay orden se tienen que volver a casa con ese señor al que acaban de denunciar”.

Tienen, por ese motivo “una inmensa cantidad de violencia no denunciada”. Algo a lo que también alude otra abogada especialista en violencia, Eva Vázquez, que coincide con Andrés y asegura que, por su experiencia diaria, ”sigue haciendo falta mucha más perspectiva de género, y de trauma, porque la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia lo tienen y hay que saber cómo se trata con ellas”.

Por ejemplo, a la hora de que ellas mismas cuenten qué peligro creen que corren: “Las valoraciones son a veces poco técnicas y sobre todo poco realistas. Necesitamos que haya un entendimiento profundo de la violencia: sabemos que a veces no se dan cuenta de que están en riesgo, que le van a abrir la puerta al hombre que denunciaron, que volverán con él. Lo sabemos y debemos reformular las medidas en consecuencia”.

Arelis Jiménez, la mujer nicaragüense que cayó desde un tercer piso huyendo de su expareja, con dos hijos menores que seguían en su país de origen, tenía activa una orden de alejamiento desde el pasado septiembre, y hacía apenas unos días que habían vuelto a convivir.

El magistrado Magro subraya las muchas veces que se ha explicado que “no se puede culpabilizar a la víctima, que se encuentra en una situación psicológica tremenda y de total vulnerabilidad ni de una especie de complicidad ni de cooperación en el quebrantamiento. La víctima nunca es responsable de que se quebrante la orden, el responsable es el autor. La orden la tiene él, y el resto tenemos que tomar las decisiones más acertadas para protegerlas a ellas”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.