Las víctimas de los abusos en La Salle de San Sebastián piden reparación en la calle: “En dos años no han hecho absolutamente nada”

Decenas de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián, convocadas por antiguos alumnos de La Salle en apoyo a las mujeres que denunciaron los abusos sexuales cometidos durante décadas por el hermano Patxi Ezkiaga y, al mismo tiempo, como una impugnación pública al inmovilismo de la congregación. “En dos años no han hecho absolutamente nada”, resume Marisol Zamora, la víctima que destapó el caso en 2024 y que hoy sigue reclamando lo mismo que entonces: un reconocimiento público del daño, una petición de perdón colectiva y una asunción institucional de responsabilidades, apenas un día después de que el Vaticano archivase otra investigación de abusos contra el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza.

Aunque la protesta nace de exalumnos del centro y no directamente de las víctimas, Zamora la interpreta como la prueba de que el caso ha desbordado ya el marco de las denunciantes y ha interpelado a toda una comunidad. Sabían que Ezkiaga hacía cosas impropias en clase, delante de otros alumnos, pero ignoraban “lo que pasaba a puerta cerrada”. Ahora, dice, muchos se sienten también afectados porque reconocen en los testimonios conocidos a compañeras suyas y porque perciben como propio el fracaso de la institución. Ese movimiento, sostiene, no solo sirve para acompañar a las víctimas, sino para “denunciar el inmovilismo de La Salle” hacia las víctimas.

Ese bloqueo institucional es, precisamente, el núcleo del conflicto. Tras la publicación en EL PAÍS de los primeros testimonios contra Ezkiaga —profesor, director del colegio de La Salle en San Sebastián, escritor y poeta en euskera, fallecido en 2018—, el caso fue creciendo hasta reunir una veintena de relatos y al menos 27 mujeres que describieron abusos. Es uno de los acusados con más víctimas conocidas que han salido a la luz en España.

Los hechos se remontan a los años en que el religioso ejerció en el centro, entre 1976 y 2012. Según los testimonios recabados, manoseaba a alumnas en clase, las sentaba en su regazo, las citaba en su despacho y en algunos de los casos más graves las llevaba incluso a su habitación en la parte superior del colegio. También se repiten los relatos de abusos en actividades extraescolares, excursiones al monte, campamentos y clases de gimnasia rítmica.

El caso no solo provocó nuevas denuncias tras la de Zamora, sino una conmoción social en el entorno de Ezkiaga. El Ayuntamiento de Legorreta, su pueblo natal, le retiró honores, eliminó una estatua conmemorativa y suprimió su nombre de la biblioteca y de una plaza. Asociaciones de escritores y entidades privadas también le retiraron reconocimientos.

Pero ese movimiento no tuvo traducción dentro de la institución denunciada. La Salle pidió perdón a las víctimas e invitó a comunicar testimonios a un correo de protección, abrió una investigación interna y alegó que no tenía constancia previa de los abusos. Sin embargo, el proceso abierto por el Ararteko a petición de las víctimas acabó evidenciando una distancia insalvable entre lo que reclamaban las afectadas y lo que la congregación estaba dispuesta a asumir.

En un escenario general de total falta de transparencia en la Iglesia católica española, La Salle destaca por ser una de las congregaciones más opacas en sus procedimientos y más cerradas con las víctimas. Según la contabilidad de casos de EL PAÍS, la única existente en España ante la negativa de la Iglesia a hacer públicos sus datos, es la cuarta orden con más acusaciones. Está detrás de los jesuitas (187 acusados y al menos 487 víctimas); maristas (142 y 330); salesianos (123 y 196). En La Salle constan 78 hermanos acusados y al menos 187 afectados. En total, en este momento la base de datos de este periódico, actualizada permanentemente con todos los casos que salen a la luz en cualquier medio, señala 1.573 acusados y al menos 2.977 víctimas.

Para las víctimas, la reparación no podía limitarse a una salida individual y económica. Pedían dos medidas básicas: un comunicado de condena y reconocimiento, y un acto simbólico de petición pública de disculpas. Además, reclamaban investigación interna, garantías de no repetición y medidas de reparación moral colectiva que incluyeran a quienes no han querido o no han podido dar el paso de hablar.

Zamora insiste en que esa era, y sigue siendo, la clave. “Muchas víctimas no han salido y no van a salir”, recuerda. Por eso, añade, nunca reclamaron un perdón en privado, sino un gesto público que las incluyera a todas. La Salle, sin embargo, rechazó los puntos planteados en el proceso de intermediación. “Hoy no son capaces de decir: no supimos hacerlo, solicitamos perdón público a todas las víctimas porque hubo un depredador. Que no sean capaces en 2026 nos ha revictimizado”, afirma. A su juicio, la negativa del colegio a reconocer institucionalmente lo ocurrido ha sido una nueva forma de daño. “Todo lo han querido reducir a darnos una compensación o indemnización económica”, dijo ya cuando se cerró sin acuerdo la vía del Ararteko. “Pero nosotras no queríamos dinero”.

Pago de indemnizaciones

La Iglesia siempre se ha resistido a pagar indemnizaciones a las víctimas, hasta que finalmente puso en marcha el llamado plan PRIVA, que comenzó en 2024 y que en su primer año apenas gestionó 89 solicitudes y resolvió solo 39, con compensaciones entre 3.000 y 100.000 euros. Esta cifra supone únicamente un 2% de los afectados reconocidos por la propia Iglesia, que pese al caos y la confusión de sus datos, ha dado la cifra de 2.002 víctimas.

“Al PRIVA, que es donde nos mandó La Salle, yo he sido la única en acudir”, cuenta Zamora. El resto de víctimas renunció porque lo percibía como un mecanismo de “revictimización total”.

La gran mayoría de las víctimas exigía un canal de compensación ajeno a la institución eclesial y supervisado por el Estado. El Gobierno se comprometió a hacerlo en 2024, pero han pasado dos años de ardua negociación con la Conferencia Episcopal Española (CEE) hasta que se hizo realidad el mes pasado. El Vaticano tuvo que intervenir para forzar la firma del acuerdo, que los obispos españoles aceptaron a regañadientes. Ahora el proceso lo supervisará el Defensor del Pueblo y las solicitudes se pueden presentar a partir de este próximo miércoles, 15 de abril. En los próximos días se harán públicas las modalidades para acceder a él. Por primera vez se abre la puerta a que las víctimas de pederastia del clero accedan a una vía de reparación al margen de la Iglesia, pero que la entidad pagará de todos modos.

Para Zamora, esa nueva vía resulta relevante porque permite salir del circuito estrictamente eclesial y porque no obliga a las víctimas a aceptar el marco estrecho que hasta ahora imponía la institución. “Por esta sí”, dice sobre la comisión mixta que arranca el 15 de abril. Y subraya que acudirá no solo para reclamar una indemnización, sino para volver a plantear “disculpas públicas” y los cinco puntos que avaló el Ararteko. En su relato aparece una idea constante: la Iglesia se aferra a la sospecha de que las víctimas solo buscan dinero, cuando lo que reclaman es verdad, reconocimiento y reparación pública.

El acuerdo fue leído como un avance histórico, pero también como una cesión arrancada a la jerarquía más que una decisión propia. Y ese contexto ha vuelto a enturbiarse de forma abrupta con el archivo en el Vaticano de la denuncia contra el obispo emérito de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de agresión sexual continuada a un menor en los años noventa cuando era sacerdote en Getafe. El cierre del caso, apoyado en un tecnicismo canónico sobre la edad del denunciante, ha proyectado otra vez la imagen de una Iglesia opaca y poco sensible con las víctimas.

Ese archivo, además, llega a menos de dos meses de la visita del Papa a España a partir del 6 de junio, precisamente en el momento en que el nuevo sistema de reparación debía contribuir a rebajar el conflicto público sobre la gestión de la pederastia en la Iglesia. En ese marco, la manifestación de San Sebastián adquiere un valor añadido: recuerda que los protocolos, las comisiones y las firmas institucionales no resuelven por sí solas la demanda central de muchas víctimas, que sigue siendo la misma que plantea Marisol Zamora desde el principio.

Dos años después de que el caso de Patxi Ezkiaga saliera a la luz, esa sigue siendo la herida abierta. Y esa es la acusación que este sábado vuelve a resonar frente a La Salle: que, mientras parte de la sociedad civil ha reaccionado, la institución señalada no ha sido capaz aún de hacer lo más básico. “No supieron hacerlo entonces”, viene a decir Zamora. “Pero tampoco han querido hacerlo ahora”.