Bolaños asegura a las víctimas de abusos que si la Iglesia no cumple con los pagos se activarán mecanismos coercitivos

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Félix Bolaños, ministro de Justicia, se ha reunido este martes con representantes de asociaciones de víctimas de pederastia en el clero español para explicarles el protocolo que se firmó el lunes 30 en la sede del Defensor del Pueblo. Ya mantuvo otra reunión parecida el pasado mes de enero después de la firma del acuerdo Estado-Iglesia para la reparación de las víctimas.

La gran mayoría de ellas ha celebrado que la reparación esté en manos de un organismo independiente y que no sea la Iglesia (como hasta ahora) juez y parte, es decir, la que investigue los casos y proceda a proponer cuantías para reparar a cada una de las víctimas. Ahora las indemnizaciones serán propuestas por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, otras, se quejan de la letra pequeña y este martes se lo han traslado al propio Bolaños.

Según cuenta a este periódico Miguel Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat y presente en la reunión, muchas de las inquietudes trasladas a Bolaños tienen que ver con al “recelo y la desconfianza” que genera la Iglesia. Así lo explica: “Le hemos preguntado muchos por eso y por el miedo que tenemos a que la Iglesia, al ver que suba mucho la factura de las reparaciones, se eche para atrás”. Según cuenta Hurtado, Bolaños les ha trasladado esto: “Hay un acuerdo con el Gobierno, si este acuerdo se incumple, tenemos la obligación moral de hacerlo cumplir y mecanismos unilaterales para hacerlo. Loa hemos estudiados”. No ha detallado cuáles, pero, a pregunta de algunas víctimas, no ha descartado que uno de los mecanismos sea que el Gobierno adelante el dinero y se descuente luego de la casilla del 0,7% de IRPF en la renta.

Otras víctimas, como A. han escrito a este periódico para mostrar también su preocupación con el riesgo de impago: “El protocolo dice explícitamente que Justicia y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”. A. recuerda, en este sentido, el precedente de Irlanda, el otro país europeo con un mecanismo de reparación estatal. “En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco. Sin un fondo de garantía estatal en este protocolo español, corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

Otras creen que el plazo de tiempo de un año prorrogable a dos es “demasiado poco tiempo”. Otras, como Hurtado, ha vuelto a quejarse con Bolaños de que no haya baremos. Ya se lo dijo en la reunión de enero en la que le entregó una carta remarcándole la importancia de los baremos como ejercicio de transparencia y no arbitrariedad. Y se lo ha recordado de nuevo este martes; no ha sido el único, según relata. La respuesta que les ha dado Bolaños es esta: “Seguimos pensando que es lo mejor para las víctimas, que no estén fijados ni unos mínimos ni unos máximos. El baremo de los accidentes de tráfico, por ejemplo, no se pacta con las aseguradoras. Si el Defensor del Pueblo considera que los baremos son una herramienta de evaluación útil y que evita agravios entre las víctimas y consideran que se deben implementar, pues lo aceptaremos y se implementarán”.

El proceso de reparación se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia [se podrá hacer a partir del 15 de abril] que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo. La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.