Sanidad prepara nuevas medidas legales contra Ayuso ante la “obstinada desobediencia” en el registro de objetores del aborto

El Ministerio de Sanidad prepara nuevas medidas legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la “obstinada y recurrente desobediencia” en la que incurre al no crear un registro de objetores de conciencia del aborto, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento de Mónica García.

Este movimiento llega después de que la Comunidad se negara a acatar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenaba iniciar de forma cautelar los procedimientos para crear este registro, y anunciara la presentación de un recurso de reposición contra el auto.

La Abogacía del Estado va a impugnar ese recurso de reposición, dado que el Ministerio de Sanidad es la parte beneficiada del auto. Tiene de plazo hasta el miércoles que viene para hacerlo.

En el caso de que el Tribunal confirme su auto de adopción de la medida cautelar y de que la Comunidad insista en no acatar la decisión judicial, estas fuentes aseguran que Sanidad “estudiará las acciones pertinentes, todas las legalmente a disposición como parte afectada”, para que se cumpla la ley del aborto de 2023, que recogía la creación de los registros de objetores.

García ya advirtió el martes en la Comisión de Sanidad del Congreso que el artículo 410 del Código Penal “establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”.

Sanidad llevó a Madrid a los tribunales después de constatar que no había comenzado los trámites, a pesar de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024 acordara por unanimidad (incluida la consejería madrileña) crear este instrumento.

Todas las comunidades, excepto tres, lo pusieron en marcha. Eran Baleares, Aragón y Madrid, las tres gobernadas por el PP. En octubre del año pasado, Sanidad notificó un requerimiento oficial a todas ellas para que crearan el registro, algo que hicieron las dos primeras, pero no la comunidad presidida por Ayuso, quien llegó a invitar a las mujeres a irse a “abortar a otro lado” y a tachar el registro de “lista negra”.

Así llegó a los tribunales, que el 9 de marzo instaron a Madrid a crear el registro de forma cautelar. La Sala concluyó que concurría el riesgo de que la demora en la adopción de medidas permitiera “prolongar indefinidamente el incumplimiento” de una obligación legal expresamente establecida. Consideró que “el interés público asociado al cumplimiento de la normativa y a la coordinación del Sistema Nacional de Salud” justificaba la adopción de la medida cautelar solicitada por el ministerio.

El registro de objetores no es público, está destinado al uso interno de los servicios sanitarios y, como recogía el tribunal en su escrito, tiene como finalidad facilitar la planificación sanitaria y asegurar la correcta prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, compatibilizando este derecho con el de los profesionales a la objeción de conciencia.

La ley del aborto de 2023 introdujo su creación para facilitar que se hicieran abortos en los centros de titularidad pública, aunque admite que es igual de válido que se hagan en concertados.

Lo que ocurre es que buena parte de los hospitales públicos no realizan abortos a petición de la madre, que se canalizan directamente a través de clínicas concertadas. El mayor problema viene en las interrupciones terapéuticas de la gestación: cuando corre peligro la vida de la madre o la del feto.

En estos casos, alrededor de un 5% del total, en los que el embarazo es deseado y se quiere llevar a término, las madres que están siendo atendidas en hospitales que no realizan abortos tienen que salir de su circuito asistencial para ser atendidas por profesionales que no han seguido su historia clínica ni las conocen.

Esto ocurre, más que en ninguna otra, en la Comunidad de Madrid, donde el 99% de los abortos se realizan en clínicas concertadas (79% en toda España). Los hospitales públicos de la región son de facto objetores: en ellos no están articulados los mecanismos para atender interrupciones voluntarias y los derivan por defecto, pese a que la objeción de conciencia es un derecho individual.

Un registro de objetores está destinado a evitar esto: a que los gestores sepan en cada hospital con qué personal cuentan para los abortos y puedan organizar los servicios de forma que no sea necesario expulsar de los centros públicos a las mujeres que quieren (o tienen que) interrumpir su embarazo.

Ocurre lo mismo con el registro de objetores de conciencia de la eutanasia, que Madrid creó sin oposición ni polémica.