El Comité de los Derechos del Niño de la ONU pide a España que la pederastia en la Iglesia no prescriba

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, integrado por 18 expertos independientes, recomendó este jueves a España que declare como imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra la infancia cometidos por miembros de la Iglesia católica y que garantice el derecho de las víctimas a una reparación. La propuesta forma parte de las observaciones finales de este organismo como resultado del examen al que se ha sometido España en 2025, que culminó el pasado enero con una sesión en Ginebra en la que una delegación del Gobierno se sometió a las preguntas del grupo de expertos. El comité se ha mostrado preocupado por las altas cifras de pobreza infantil y propone la creación de una prestación universal por crianza. También reitera una recomendación que ya realizó en el pasado: la prohibición de que los menores de 18 años acudan a los toros.

Con un documento de 18 páginas, se concluye el VII ciclo de revisión a España, que se sometió a uno de estos exámenes por última vez en 2018. El comité, que evalúa el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990, ha contado para su análisis con distintos informes, entre ellos, uno elaborado por el propio Estado, otro por el Defensor del Pueblo y otros muchos que enviaron organizaciones de la sociedad civil.

El comité expresa su “preocupación” por el “bajo nivel de investigaciones y condenas en casos de abusos sexuales cometidos por personal de la Iglesia católica”. Según la contabilidad de EL PAÍS, hay más de 2.900 víctimas de la pederastia en el seno de esta institución. Muchas de ellas asumen que vivieron una agresión, y se atreven a hablar de ello ya en la edad adulta, por lo que es muy frecuente que, a la hora de denunciar, el delito ya haya prescrito.

En España, los delitos sexuales contra la infancia prescriben en un mínimo de cinco años y en un máximo de 20, en los casos más graves. Actualmente, ya hay abierta una vía en el Congreso para estudiar su imprescriptibilidad, no solo en el seno de la Iglesia, sino los cometidos contra menores de edad en general. En 2024, la Cámara baja aprobó la toma en consideración de la reforma del Código Penal para que los delitos de pederastia penados con más de cinco años de cárcel no prescriban, algo que ya sucede en países como Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia.

El catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya Josep Maria Tamarit explica que la reclamación del comité de la ONU no podría hacerse efectiva exclusivamente para los delitos cometidos en el seno de la Iglesia, sino para todos los relacionados con pederastia. Aunque ha apuntado que esta modificación solo podría aplicarse para los delitos cometidos y denunciados una vez que se hubiera reformado el Código Penal para introducir la imprescriptibilidad. “En nuestro ordenamiento jurídico ya hay delitos que no prescriben, como los crímenes de guerra. Ampliar estas excepciones es una decisión del legislador”, sostiene. Actualmente, el Ministerio de Juventud e Infancia está preparando una reforma de la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia (Lopivi), en la que pretende ampliar el plazo de prescripción de estos delitos (de tal forma que el tiempo para poder denunciar comience a correr cuando la víctima cumpla 45 años, frente a los 35 que establece la legislación actualmente).

Pero el informe del comité va mucho más allá de este caso en concreto. Presenta una batería de propuestas, que van desde la protección de los menores en el entorno digital hasta la situación de los migrantes (expresa, por ejemplo, preocupaciones respecto al procedimiento de determinación de la edad) o de los menores tutelados por la Administración (pide garantizar que ningún niño de hasta seis años viva en centros residenciales y mejorar las garantías jurídicas en las retiradas de tutela).

Más del 28% de la infancia española vive bajo el umbral de la pobreza

Precisamente este jueves se han conocido las últimas cifras de pobreza infantil en España: el 28,4% de los niños y las niñas viven bajo el umbral de la pobreza. El país se sitúa, año tras año, a la cola de la UE. Un dato que los expertos consideran preocupante. El documento se refiere al “aumento persistente de la pobreza infantil y de la exclusión social”, por lo que el comité reclama al país establecer una prestación universal por crianza y apunta directamente a la posibilidad de hacerlo a través de deducciones fiscales reembolsables. Esta medida, apuntan los expertos, debería contar con financiación suficiente y formar parte de una estrategia integral para asegurar unos estándares de vida adecuados para los niños y niñas. Los expertos reprochan a España la “insuficiente inversión pública en ayudas a las familias y a la infancia”.

Este es un punto en el que hay un fuerte debate en el seno del Gobierno, formado por una coalición entre el PSOE y Sumar. Los ministros del socio minoritario del Ejecutivo defienden desde hace meses como una de sus prioridades el establecimiento de una prestación universal para todos los niños menores de 18 años que establecen en 200 euros al mes. Las organizaciones que defienden los derechos de los niños y los adolescentes, aglutinadas en la Plataforma de Infancia, y expertos en pobreza infantil han defendido la medida como una potente arma para combatir las altas cifras de pobreza. Eso sí, requeriría de un alto desembolso económico.

Por otro lado, en sus observaciones de 2018, el comité ya recomendó a España que prohíba la asistencia a espectáculos taurinos, y en esta ocasión lo han reiterado: el país debe prohibir su participación en eventos, festejos y también en escuelas taurinas. Los expertos han expresado su preocupación por que niños y adolescentes puedan presenciar escenas de violencia y muerte. Además, el comité insta a las autoridades a promover campañas de sensibilización sobre “los efectos negativos de la violencia asociada a la tauromaquia en los niños, incluso como espectadores”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que quiere incluir la medida en la reforma de la Lopivi, algo que ha suscitado fuertes críticas de la oposición.

En su informe, en el que desglosa una batería de medidas, el comité enfatiza que garantizar los derechos de los niños, además de ser una obligación del Estado, requiere voluntad política y mecanismos de seguimiento eficaces. En este contexto, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, subraya que el próximo desafío es “transformar las recomendaciones en avances concretos y sostenidos para la infancia”.